Por una decisión tomada en 2011, se aumentó (por ley) el sueldo de los ministros. Los sueldos de un montón de personas más, en su mayoría pertenecientes al Poder Judicial, estaban “enganchados” con los de los que aumentaban; esto es, si subían unos, subían todos. De este modo, el aumento de 13 sueldos se convirtió en el de 5.000, lo que implica, grosso modo, 60 millones de dólares anuales, según el gobierno -la Suprema Corte de Justicia sostiene que son 60 millones de pesos mensuales-.
Varias dudas atropellan al ciudadano medio cuando se entera de estas cosas.
La primera: ¿era necesario subirles el sueldo a los ministros? Se dice, medio al pasar, que se consideró que no podían ganar menos que un senador. Bueno, no sé, yo creo que sí pueden. Y también podrían ganar más, claro. No me parece un buen argumento. Cada cual puede considerar que alguien no puede ganar menos que quien sea, pero de ahí a que eso se transforme en una ley, hay un gran trecho. En resumen, es bastante antipático que entre los que ganan bien se suban los sueldos porque sí.
¿Nadie les avisó que se venía una reacción en cadena, establecida por ley? Parece que sí.
Y por último, la duda más grande y terrible. Se nos dice que “ahora hay que pagar”. Que fue un error, todo lo que quieras, pero ahora la ley dice que hay que pagar. ¿Lo dice? No, no lo dice. Lo que sí dice -y no es lo mismo- es que no se puede subir el sueldo de los ministros sin subir los demás. Pero no sé si no se puede dar marcha atrás: bajar los sueldos de los ministros, y con ellos el resto, hasta que la pérdida se recupere. O al menos, para que el efecto del error se elimine después de pagar los 200 palos verdes atrasados.
Se me dirá que “no se pueden bajar los sueldos”. Sí, creo que de la lectura de la Constitución, y acaso de alguna ley más específica, se puede deducir eso. Y me parece bien, en general. Pero si hay un caso excepcional como éste, y acuerdo social y político mediante, ¿no será cuestión de encontrar o crear el mecanismo legal que lo permita? Una sociedad no puede estar presa de eventuales errores administrativos. Si un día, por un fallo informático o de tipeo, se suben 1.000% los sueldos de los ministros, ¿deberemos renunciar a corregir el error y resignarnos a disolvernos como país?
Se me dirá también: “¿Y por qué alguien debería estar de acuerdo con que se le baje el sueldo?”, lo cual parece un argumento irrebatible. Y lo es, en una sociedad progresista cuya primera regla parece ser hacer progresar el bolsillo propio. Pero pongámonos un poco idealistas (será medio choto, pero al menos no genera pérdidas): ¿cómo puede ser que todos acepten que el origen de la situación fue un error, pero no estén dispuestos a corregirlo (o por lo menos a tener una actitud que demuestre la disposición a hacerlo)? ¿Cómo puede ser que todos digan “qué burrada se mandaron, esto le saldrá muy caro al país, pero ahora dame la mía”? Esto implica, claro, que “el país” es toda la gente menos ellos. Y estamos hablando de personas que administran justicia, no de apostadores de casino o vendedores de pasta base.
Usted, yo, la mayoría de las personas con las que uno trata habitualmente, niños, viejos, hurgadores y surfistas, todos pagaremos por siempre esos 60 millones de dólares anuales con sus sucesivos ajustes, que no fueron otorgados por una necesidad, y mucho menos en función de un estudio serio que lo recomendara, sino por un error -insisto- que se podría corregir si todos los beneficiarios se pusieran de acuerdo y dijeran: “Bueno, vuelvan esto para atrás, seguimos todos cobrando lo mismo -ministros incluidos, claro- y nuestras luchas salariales seguirán, pero por las vías normales; no nos vamos a aprovechar de un accidente para elevar nuestros ingresos a costa de los de los demás”.
Sé que eso es absurdo, que nadie va a devolver nada, por más que al sentido común le suene inaceptable que se haga perder al país esa cifra multimillonaria que se podría utilizar en algo mucho más útil para la sociedad. No van a perder la oportunidad ni un ministro, ni un juez, ni un abogado, ni muchos otros que hoy no ligaron, pero que si estuvieran en esa situación harían lo mismo. Pero imaginemos que usted gana 20.000 pesos, y un día le dicen que va a a haber un aumento y se lo suben a 220.000, ¿no avisaría? ¿No diría, cualquiera de nosotros, “perdón, hay algo mal, me pusieron un cero de más”? Ya sea por principios o por miedo a terminar, de algún modo, perjudicado. Entonces ¿por qué ellos no pueden hacer lo mismo? Se equivocaron, ta, vuelvan todo para atrás. ¿Hay problemas legales? Para eso hay un Parlamento, plebiscitos, lo que sea menester. Y son constitucionales. Todo será mejor y más barato que este clavo remachado.
Hoy les tocó a los judiciales, pero no son ellos el problema. Estamos ante una nueva versión de los “niní”: ni dejamos de saber que hubo un error, ni dejamos de cobrar; ni dejamos de aceptar que todo partió de una burrada mayúscula (pero burrada al fin), ni dejamos de beneficiarnos de ella. Un “ninismo” mucho más generalizado (y perjudicial) que el de los jóvenes que ni trabajan ni estudian.
Toda esta reflexión puede ser muy idealista, repito; pero si realmente queremos avances, deberíamos empezar por reconsiderar nuestra definición de idealismo. Sin cambios como éste, los demás son de pacotilla.