Fachada de la ex Cárcel del Pueblo, en la calle Juan Paullier, Montevideo. / Foto: Sandro Pereyra

Paredes que hablan

A 42 años de la caída de la Cárcel del Pueblo tupamara, habla Zulema Arena, dueña de la casa donde funcionó el berretín.

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Cuando se asomó al balcón todo era verde. El Batallón Florida completo, incluido el jefe de la Región Militar Nº I, general Esteban Cristi, estaba listo para sentenciar la caída.

Ese sábado 27 de mayo iban a dar una gran fiesta. Las cortinas blancas estaban en remojo en la bañera. La cocina, llena de comida, como para dar un banquete inolvidable. Días atrás habían sabido de allanamientos en otras casas de Palermo. La noche anterior habían tenido un contacto, después de estar “colgados” por meses, sin recibir ninguna información desde la organización. Tenían que hacer una buena “cobertura” para disimular lo que había abajo.

-El MLN ya no existe -dijo una voz en la oscura madrugada otoñal de 1972.

Minutos antes, Zulema se había despertado por los gritos y los golpes en la puerta. Bajó y los vio desde el escritorio. Abrió la puerta y pidió la orden judicial para el supuesto allanamiento que querían hacer.

En setiembre de este año trascendió a la prensa que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) iba a pasar en comodato a la Intendencia de Montevideo (IM) el uso del inmueble donde funcionó una de las cárceles del pueblo tupamaras más conocidas, para establecer allí un sitio de memoria, gestionado por el Departamento de Cultura, por medio del Museo de la Memoria (Mume).

En el borrador del comodato, que establece un usufructo del espacio por diez años, a renovar por el mismo plazo, el MDN solicita a la IM que cuide el inmueble como lo haría “un buen padre de familia”. Desde 1972, cuando “cayó” la Cárcel del Pueblo, la casa fue expropiada por esa cartera de gobierno. Durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) el sótano fue utilizado como centro de torturas; varios testimonios de sobrevivientes indican que por allí habrían pasado víctimas de la Operación Morgan. Era un “botín de guerra” para los represores, algo así como un museo interno, con fotos y material de la guerrilla.

El Ejército se quedó con la casa por la vía de los hechos. Con el retorno a la democracia, la familia propietaria reclamó la restitución del inmueble, pero la Justicia falló en contra: la casa nunca fue devuelta, ni se les dio una indemnización, porque consideraban que había sido utilizada como “instrumento del delito” (entendiendo que los delitos ocurrieron cuando funcionó como “cárcel”, pero no mientras fue centro de torturas de los militares). Desde 1985, el lugar está cerrado y custodiado por personal del MDN.

El 27 de mayo de 2003, el Ejército conmemoró los 31 años de la caída de la Cárcel del Pueblo con un acto en el Batallón Florida al que fueron invitados los oficiales y subalternos de la época que participaron en el operativo. Durante esa ceremonia interna “se descubrió una placa con la cual se denominó ‘27 de mayo de 1972’ al salón de honor de esa repartición militar”, informaba en ese momento el diario La República.

Aunque se había anunciado que el traspaso del MDN a la comuna capitalina se efectuaría en estos días, fuentes de la IM indicaron a la diaria que “se decidió postergar la firma del comodato” hasta tener claro “cuándo es más conveniente que se realice el traspaso”. El documento permanece en el escritorio del secretario general de la IM, Ricardo Prato.

Si bien el armado del guion museográfico para este posible sitio de memoria implicará una investigación histórica a cargo del equipo de Aldo Marchesi (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República) sobre su funcionamiento como cárcel y luego como centro clandestino de detención, los propietarios originales de la casa en cuyo sótano funcionó la Cárcel del Pueblo, Zulema Arena y su ex marido José Luis Porras, reclaman que nunca se les consultó al respecto.

Arena se pregunta: “¿Qué van a memoriar ahí? ¿Qué van a contar?”. Su deseo es que ese espacio se utilice para “algo social, que sirva para algo, para el INAU, para una escuela”.

Casa-cárcel

El 19 de diciembre de 1963, Zulema y José Luis inscribieron la compra del caserón de Juan Paullier 1192 en la Dirección Nacional de Catastro. Ella tenía 23 años, dos hijas y otra en camino. Tres años más tarde nacería la cuarta hija del matrimonio.

Zulema se educó en un colegio católico y luego fue al IAVA. “Se ve que desde chiquita me gustaba la cuestión social. Mi padre era batllista y le gustaba ayudar a la gente que estaba en la calle”. Cuando se casó dejó los estudios de Medicina (“en aquella época estaba esa pavada de que la mujer tenía que casarse y tener hijos, y nada más”) pero luego entró a la Universidad para estudiar Trabajo Social. Su ahora ex marido era bancario y más adelante trabajó como publicista.

“Éramos parte de los círculos que se crearon en las parroquias para discutir sobre la situación del país, sobre la pobreza, influenciados por la Iglesia del Tercer Mundo y por figuras como la del cura colombiano Camilo Torres. De ese grupo algunos entramos al MLN”, rememora. El matrimonio Arena-Porras ingresó al movimiento Tupamaros en 1970.

“En el barrio éramos la casa linda, la señora elegante -yo siempre fui muy coqueta, me maquillé hasta en las trincheras, mientras pude-, las niñas preciosas; teníamos dos o tres domésticas a cargo”, cuenta. Con el tiempo, esta rutina tuvo que cambiar.

Arena cumplía entonces con al menos una de las funciones que Tupamaros consideraba que eran parte del “papel de la mujer” militante de ese movimiento guerrillero. En Actas tupamaras se menciona, en la lista de tareas que las féminas podían llevar adelante en el marco de la “lucha urbana”, ser cobertura de locales: “Cualquiera sea el barrio de la ciudad donde se haya ubicado un local de la organización, se hace imprescindible la presencia de la mujer”, indica el citado documento anónimo del MLN. “Ella es la que hace que ese local parezca ser igual a las demás casas que lo rodean. Las tareas de supuesta ‘ama de casa’ le permiten relacionarse con los vecinos y determinar en esa forma los posibles enemigos cercanos; la actividad de hacer las compras le permite conocer los movimientos normales de la zona, a la vez que detectar los movimientos extraños, todo lo cual contribuye a reforzar los mecanismos de seguridad, siempre insuficientes en la guerrilla urbana”, añade el texto.

El preestreno del sótano que funcionaría como “berretín” (construcciones e intervenciones arquitectónicas para ocultar personas, objetos, armas) se hizo cuando funcionó como refugio para 21 de los 111 fugados de la cárcel de Punta Carretas. El 6 de setiembre de 1971, 111 presos (un centenar de tupamaros, tres militantes del FARO, tres de la OPR 33 y cinco presos comunes) protagonizaron la Operación Abuso y se escaparon por un túnel que habían comenzado a excavar el 11 de agosto.

“Las niñas sabían que había unas 20 personas debajo de casa, era imposible disimularlo. Pero también sabían que no debían hablar con ninguno, ni decirles el nombre, ni ellos debían preguntarles nada a ellas”, señala Zulema.

Por esos días “trataba de dejar la casa abierta, como siempre”, indica la ex militante del MLN, y puntualiza: “El mayor problema en nuestra cotidianeidad fue cuando teníamos a los veintipico de fugados. Ése fue el momento más difícil, porque en algún momento tenían que subir. Luego fue más tranquilo. Pero la casa nunca podía quedar sola”.

El cambio fundamental fue cuando en noviembre de 1971 comenzó a funcionar la Cárcel del Pueblo, un espacio clave en la estrategia de “doble poder” y “justicia social” impulsada por Tupamaros.

“Tratábamos de que la vida fuera la misma, dentro de lo posible”, aunque hubo cambios en los cuidados de la rutina, en las invitaciones para que las amigas de sus hijas fueran a jugar, incluso en los contactos con la organización guerrillera. “El único que venía cada tanto era un compañero, nuestro responsable. No podíamos ir a ningún lado. Yo me moría de ganas de ir, por ejemplo, al acto de cierre del Frente Amplio en el 71, pero no podíamos exponernos”, confiesa.

Aunque el MLN-T tuvo varias “cárceles”, esta Cárcel del Pueblo fue la más trabajada. Si bien el sótano ya existía, hubo que excavar para darle más profundidad. Como señalan los arquitectos Marcelo Danza y Miguel Fascioli en su trabajo La casa sin número (propuesta presentada al Premio Vilamajó en diciembre de 2012), esto logró ser “disimulado” ante los ojos de los vecinos y la IM “mediante la construcción debidamente habilitada, con sus correspondientes permisos de un garage y un ‘entrepiso’ sobre el mismo”.

Antes de las modificaciones, se ingresaba a la casa por la puerta principal. A un costado, se abrían paso varios dormitorios, luego se avanzaba por un corredor que daba a un comedor diario, con cocina, dos baños y una pieza pequeña con altillo. La pared del fondo era de vidrio. Atrás estaba el parque, donde se podía disfrutar de la sombra de una parra, y se podía bajar al sótano.

Una vez que la “cárcel” quedó inaugurada, el paso hacia allí fue por el garaje, al frente de la casa. “La entrada era como una cámara séptica, a la que yo tenía que ponerle agua cada tanto. Corría una tapa pesadísima y para bajar había que agacharse”, indica la ex propietaria del inmueble.

Cautivos

Zulema puntualiza que “los únicos que estuvieron allí” fueron Ulysses Pereira Reverbel (ex presidente de UTE) y Carlos Frick Davies (ministro de Ganadería durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco) “por un lapso de seis meses”; ambos fueron liberados cuando los militares entraron a la Cárcel del Pueblo, el 27 de mayo de 1972. “[El diplomático británico Geofrey] Jackson nunca estuvo”, sentencia Arena.

Sobre esas condiciones de encierro mucho se ha escrito y mitificado. Zulema destaca que los cautivos “estaban en las mismas condiciones que los compañeros que hacían guardias: el aire era el mismo, se bañaban con la misma agua fría y comían la misma comida”. Aunque reconoce: “Eso no quiere decir que los tuviéramos bárbaro. A decir verdad, hoy en día esto me rechina un poco, [porque] una cosa es que vos estés en una organización armada y pienses que quizá un día, eventualmente, tengas que usar un arma, pero otra cosa es tener debajo de tu casa a dos tipos que, por más mala gente que fueran, no sé... no era algo que me gustara”.

Además de una buena alimentación, con proteínas y verduras, también les garantizaban atención médica, asegura Zulema. “Al médico lo adoraban”, cuenta. Aunque no le había visto la cara durante los meses en que el profesional revisó a los secuestrados por el MLN -era bajado al sótano luego de que le dieran unas vueltas encapuchado-, Zulema lo reconoció años después, cuando pasó parte de su exilio en Cuba. Unos compañeros que estaban en la isla le presentaron a un hombre y ella supo enseguida quién era: “Lo reconocí por las manos”. Había tomado sus dedos incontables veces para ayudarlo a descender a los calabozos.

Allí abajo, Frick Davies leía a Mao, Lenin y Marx con el método ILVEM. Hacía anotaciones y entrecruzamientos ideológicos. “Era incansable con las lecturas”. El ex ministro se había “encariñado mucho” con Camilo, el responsable de la cárcel. “Cada vez que venía el cambio de compañeros, una vez por mes, le preguntaba a Camilo si el cambio también lo incluía, y se quedaba tranquilo cuando veía que permanecía allí”, relata Zulema.

Al momento de la caída faltaba poco para que terminaran la obra que permitiría conectar la cámara de inspección sanitaria -mediante la que se accedía al berretín- con la red cloacal de saneamiento, y fugarse en caso de ser necesario.

Esa madrugada de mayo, Eduardo Cavia, Óscar Bernattit, Raquel Dupont y Adriana Castera fueron detenidos por el cuerpo del Batallón Florida. El matrimonio Porras-Arena, también. Al igual que sus hijas, de 11, nueve, ocho y cinco años. “La discusión que tenían los milicos era si a ellas les ponían o no vendas para que no los vieran”, dice Zulema.

“Yo estuve ocho años en la cárcel de Punta de Rieles y nunca me arrepentí de lo que hice. Hice lo que hice porque creí que era lo que tenía que hacer. Ahora sí, soy crítica de algunas cosas que hicimos”. Nunca realizó la denuncia sobre la detención de sus hijas, que se extendió durante ocho horas en el cuartel.

En el Batallón, las niñas fueron separadas de los adultos. Mientras sus padres y los cuatro custodias de la Cárcel del Pueblo eran sometidos al plantón, a las pequeñas les mostraron fotos para que reconocieran a militantes. Les preguntaban si iba mucha gente a la casa. “Son gurisas fuera de serie”, subraya Zulema, orgullosa: “Les decían a los militares que ellas tenían que irse conmigo, porque al día siguiente teníamos entradas para el teatro”.

Cuáles memorias

¿Qué vas a contar ahí? Eso es lo que se pregunta un grupo de ex militantes tupamaros que fueron parte del equipo de custodia en la Cárcel del Pueblo, al momento de la caída de ese berretín. Especulan que si ese espacio se resignifica como sitio de memoria, puede llegar a ser utilizado por sectores de la derecha para reavivar la teoría de los dos demonios y acusar al MLN de haber cometido delitos de lesa humanidad al mantener secuestrados a una serie de personajes políticos emblemáticos de los 60 y principios de los 70.

Adriana Castera fue una de las cuatro custodias que estuvieron a cargo de Pereira Reverbel y Frick Davies, mientras permanecieron cautivos en la Cárcel del Pueblo. “Éramos conscientes de las carencias en las que los teníamos encerrados. Por eso, la política era no enfrentarlos, no hostigarlos, no torturarlos. Queríamos mitigar esas condiciones y pasábamos horas hablando; había que bancarles la cabeza a los viejos”, recuerda.

Integrante de la Columna 15, con 20 años de edad Adriana vivía en la clandestinidad desde hacía uno, tras haberse fugado de la Cárcel de Cabildo junto a otras 39 presas políticas. Llegó como custodia a la Cárcel del Pueblo un mes antes de la caída del berretín: el 20 de abril de 1972, luego de que rechazara formar parte de un “regimiento” que la guerrilla quería armar para enfrentar al escuadrón de la muerte que estaba asesinando militantes.

Castera reconoce que allí abajo “el espacio era reducido y las condiciones eran malas”, y si bien “hoy en día me parece una locura”, entiende que “eran momentos tácticos que formaban parte de la estrategia para la toma de poder” y la Cárcel del Pueblo se encuadraba como parte de la “justicia revolucionaria”. “Se puede cuestionar quiénes éramos para juzgar a esas personas, pero en ese momento pensábamos que representábamos a los sectores oprimidos y luchábamos contra quienes representaban a la oligarquía y la burguesía”, afirma.

En el sótano, el aire pasaba por un tubo y alguna vez el equipo de custodia se permitió fumar allí abajo. La luz roja sólo se encendía para alertar sobre peligros que podían estar ocurriendo “arriba”, posibles allanamientos, como finalmente ocurrió aquella madrugada en mayo de 1972, “sólo que no pensé que quien golpeara la puerta fuera un compañero”, asume Adriana, en relación a Adolfo Wassen, a quien no reconoce como un traidor. “A Nepo lo envolvieron los milicos”, dice, y agrega que quien realmente los traicionó y colaboró con la caída de la Cárcel fue Amodio Pérez.

Aunque desde el Mume hayan señalado que la intención es armar un guion museográfico para el futuro sitio de memoria que no esté “centrado” en la Cárcel del Pueblo (ver: http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/9/sin-barrotes/) sino en “hablar de la historia del país por medio de la historia de la casa”, mostrando “las dos vivencias: el hogar arriba, la cárcel abajo; espacio que luego se volvió centro de torturas durante la dictadura”, Castera enfatiza que el MLN todavía se debe una “autocrítica orgánica” respecto de este tipo de instrumentos de su lucha revolucionaria, porque “hay interpretaciones sobre lo que pasó ahí que son jodidas”.

A 42 años de esos hechos, todavía se respira la pregunta: ¿Qué memoriar?

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