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Ana Lía Piñeyrúa, Andrés Capretti, Azucena Arbeleche y Álvaro Garcé en un café de Pocitos, Montevideo, durante la actividad. / Foto: Pablo Vignali

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Garcé dijo que el “trabajo religioso” es “fundamental” para la rehabilitación de presos.

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No la tuvieron fácil los asesores del Partido Nacional (PN) Azucena Arbeleche y Álvaro Garcé ayer, en una charla sobre economía y seguridad realizada en Expreso Pocitos. Los eventuales jerarcas en caso de una victoria nacionalista el 30 de noviembre fundamentaron los lineamientos generales del programa del PN. Luego de sus exposiciones, durante el espacio de preguntas con el público, el escenario no fue tan fácil, especialmente para Arbeleche, quien es propuesta como ministra de Economía y Finanzas por el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

Una de las personas del público le dijo a Arbeleche que desde Jorge Machiñena ningún político intentó hacer una baja de las tasas de intereses de crédito. “Con una inflación tan baja, ¿no entiende que debería haber un abatimiento de las tasas siderales que nos cobran las instituciones financieras?”, preguntó. Arbeleche contestó que las tasas se determinan en el mercado y que “el rol que le compete al Estado es vigilar que esas tasas no sean excesivas”. “Tenemos una ley de usura que ha sido revisada. Quizá lo que usted está planteando es que haya que hacer mayores revisiones en la regulación”, agregó. El señor dijo que discrepaba con Arbeleche y que una tasa anual de 90% en pesos es “algo sideral” cuando la inflación es de 8%. Propuso crear un impuesto a las instituciones financieras que sirva para promover la investigación y ayudar al desarrollo del país, “porque estamos viendo un enriquecimiento de las instituciones bancarias con créditos a tasas que realmente son tremendas”. Arbeleche contestó que el punto estaba claro, pero que no estaba previsto en la agenda de gobierno nacionalista, aunque dijo que era “de recibo la revisión de la regulación”, algo que le compete al Banco Central del Uruguay, agregó.

Luego Arbeleche debió contestar cómo se financiarían las exoneraciones y deducciones del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Aseguró que la totalidad de las propuestas se financiarán mediante una “mejor gestión del Estado”. Según dijo, hay tres puntos diferentes a la hora de manejar los gastos públicos: un mayor ahorro en compras de bienes y servicios (1.300 a 1.500 millones de dólares, dijo); una “mayor eficiencia” en la reposición de bajas de vínculos laborales públicos y no públicos (aclaró que no cortaría los vínculos en áreas “sensibles” como la seguridad, la salud y la educación, aunque dijo que “hay espacio” para no reponer en el resto de las bajas que se generen); y una mejor gestión de las empresas públicas y sus empresas satélites.

Finalmente, un joven le preguntó por el déficit fiscal y señaló que la economía no crecerá tanto, el gasto crecerá, y que además el PN propone menor gasto y mayor recaudación. Arbeleche respondió que apunta a una reducción gradual del déficit fiscal. Dijo que los gastos continuarán aumentando, “pero el techo de su crecimiento real tiene que ser el crecimiento de la economía”. Según dijo, el PN no espera un escenario de la economía sin crecimiento, y si ocurriera esto sería una situación “anormal y excepcional”, pero los gastos “tienen que continuar”, por lo que “el resultado sería también excepcional y anormal”.

Por su parte, Garcé sostuvo que una de las formas de mejorar la seguridad es que simplemente “se aplique la ley”. Mencionó como ejemplos la Ley de Faltas, que ha tenido una aplicación “bastante limitada”, y la Ley de Violencia en el Deporte, que “prácticamente no se ha aplicado”. “La aplicación de la ley es un cambio revolucionario”, sostuvo.

Destacó que para la rehabilitación de los presos “el trabajo religioso es fundamental”, así como “todo lo que tiene que ver con el trabajo y la educación”. Por último, propuso que el Sistema de Responsabilidad Adolescente deje de depender del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y pase a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, “pero sólo a efectos de la comunicación con el Poder Ejecutivo”. “Debería ser un espacio autónomo”, opinó.

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