Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. A las 11.30 en la plaza Matriz, la Institución Nacional de Derechos Humanos hará un balance, y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentará media hora antes un informe sobre el mismo tema, que contiene 31 artículos de autores diversos. Hay abordajes sobre los derechos humanos vinculados a la dictadura, a la seguridad pública, a la vivienda y la salud sexual y reproductiva, entre otros.
Al comienzo del informe se realiza un balance crítico respecto de lo actuado por los poderes del Estado para garantizar la verdad y la justicia sobre los crímenes de la última dictadura. La investigadora Francesca Lessa hace notar la “disparidad clara y paradójica” entre los avances registrados en derechos en el último período (despenalización del aborto, matrimonio igualitario, regularización de la marihuana) y lo actuado respecto de los crímenes de la dictadura. Lessa sostiene que “los principales retos a enfrentar en el camino a la justicia” son “las demoras indebidas e injustificadas al avance de los procesos, el limitado acceso a los archivos oficiales para incorporar la información necesaria a los expedientes, el hecho de que 75% de las causas penales carecen de abogados que hagan un seguimiento apropiado, y la falta de conocimiento y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de los jueces”.
En otro artículo sobre el mismo tema, el abogado Pablo Chargoñia hace notar que de un universo de 256 expedientes vinculados a los crímenes de la dictadura, “en la enorme mayoría el Juez competente aún no dictó el auto de procesamiento” (ver cuadros). “Estos datos convocan al conocido proverbio que dice justicia retardada es justicia denegada”, sostiene. Y concluye que “nuestro país padece un estado fáctico de impunidad que va más allá de la cuestión del derecho aplicable”. Advierte que las intervenciones de los jueces no cuentan con el aporte de “investigaciones calificadas”, lo que determina que “la indagatoria judicial se haga, en muchos casos, ‘por oficios’, es decir, mediante ruegos a dependencias del Poder Ejecutivo. Los oficios, a su vez, particularmente los dirigidos al Ministerio de Defensa Nacional, no se responden en los términos necesarios para la obtención de la verdad material. Es muy habitual que la lacónica respuesta, rayana en el desacato, sea que ‘no se cuenta con la información solicitada’ u otra equivalente”.
Más derechos
Un informe de la investigadora Niki Johnson sobre la aplicación de la ley de cuotas en las últimas elecciones concluye que ésta tuvo un impacto “bastante limitado en cuanto a aumentar la presencia femenina en los órganos electos”, tanto debido a las características del sistema electoral uruguayo como a la “continuada resistencia de los dirigentes masculinos a ceder lugares”. Un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública reclama una ley que establezca “reglas claras y transparentes para la asignación de la publicidad oficial” y otra que regule el área de las telecomunicaciones, y advierte sobre “algunas prácticas institucionales y privadas que implican amenazas para la libertad de expresión de periodistas -sobre todo en medios del interior- así como signos de la existencia de una voluntad gubernamental en avanzar en la implementación de sistemas de vigilancia electrónica que pueden poner en riesgo la privacidad de la población”.
Un informe del investigador Benjamín Nahoum concluye que en los gobiernos del Frente Amplio el déficit habitacional “no ha disminuido” y que ha habido una “pequeña disminución” del número de asentamientos irregulares, y hace énfasis en la necesidad de mayor presupuesto para garantizar una mayor oferta habitacional.
El sociólogo Luis Eduardo Morás cuestiona lecturas de los resultados del plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad, que apuntan a que “en función del 47% de ciudadanos que apoyó la reforma, se deberían contemplar algunas de sus demandas implícitas”, lo que podría traducirse en retomar la consideración del aumento de penas para los adolescentes infractores. Propone en cambio poner el énfasis en la derrota del “Sí a la baja” y sus motivos.