La Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió el miércoles una carta al presidente José Mujica y al secretario de Presidencia, Homero Guerrero, porque considera “inadecuado” e “inconveniente” que Guerrero le haya comunicado personalmente al juez penal de Ejecución, Martín Gesto, que Mujica tiene opinión favorable a que algunos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena cumplan el resto de su condena en sus casas, informó ayer Búsqueda. Guerrero llamó al juez y le pidió que fuera a Torre Ejecutiva, Gesto dijo que no podía pero concurrió tras la insistencia del secretario de Presidencia.
Los juzgados de Ejecución se encargan del seguimiento de los reclusos una vez que se dictan las sentencias, y Gesto tiene a su cargo los casos de José Gavazzo y Ernesto Ramas. La carta dice que la gestión del secretario de Presidencia “compromete el necesario respeto institucional en el sistema democrático”, porque “roza la independencia e imparcialidad” del juez. Los ministros de la SCJ Jorge Chediak, Jorge Rubial y Ricardo Pérez Manrique, y su presidente, Jorge Larrieux, solicitan a Guerrero que “como profesional del derecho, reflexione sobre la inconveniencia de actitudes como la expuesta, que comprometen el necesario respeto institucional en el sistema democrático que, formalmente, requiere que pretensiones o comentarios del tipo, se canalicen a través de los órganos correspondientes”.
Presidencia no se ha pronunciado al respecto. Chediak dijo ayer a la radio Carve que “desde el retorno de la democracia no recordamos que desde Presidencia de la República se haya hecho una comunicación directa a un juez de ninguna materia en Uruguay. Estos hechos sí habían ocurrido durante la dictadura militar”. En una conferencia de prensa realizada en la mañana de ayer, el presidente de la SCJ afirmó que el relacionamiento “de un poder del Estado con un magistrado no se debe hacer directamente, sino que debe pasar por el jerarca del servicio”, e insistió en que el acto de Guerrero “es inadecuado, compromete la independencia y la imparcialidad” del juez Gesto. Larrieux afirmó que la SCJ no tiene competencia en el otorgamiento de la prisión domiciliaria, porque eso justamente está en manos del juez, y dijo que para la SCJ el hecho constituía “una injerencia indebida”.
Desde la oposición, el senador electo por el Partido Independiente, Pablo Mieres, y el diputado blanco José Carlos Cardoso cuestionaron el accionar de Guerrero. El colorado José Amorín Batlle tuiteó: “Esto es gravísimo. Sumado a los ataques a la SCJ y el enfrentamiento actual por el #ConflictoJudiciales”, haciendo alusión al reclamo salarial de los funcionarios judiciales al Poder Ejecutivo.