En la primera parte de esta nota, publicada el martes, defendí una forma integral de comprender la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que implicaba considerar dos ejes de implementación de políticas: verticales y transversales. En esa ocasión, intenté dar respuestas tentativas sobre qué cosas es necesario seguir haciendo y qué cosas hay que dejar de hacer. En esta entrega final me concentraré en qué debería comenzar a hacerse y qué no deberíamos hacer.
¿Qué debería comenzar a hacerse?
- Promover sistemas de información digital para mejorar la gestión operativa. En varias instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana persiste una cultura basada en el registro en papel y se carece de sistemas digitales de información. En el Ministerio del Interior hubo avances importantes. Sin embargo, en el Poder Judicial, el expediente electrónico sigue siendo una utopía y la gestión del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) se basa en formularios y fichas administrativas. Producir información sectorial a partir de registros en papel es prácticamente inviable. Por eso resulta imperiosa la construcción de sistemas de información digitales que promuevan la gestión por resultados.
- Aumentar los niveles de transparencia institucional. Recientemente, el Poder Judicial ha mejorado la calidad de sus reportes estadísticos. En su página web hay amplia información para el período 2007-2013. El caso del Ministerio del Interior es más complejo de entender: si bien ofrece mucha información actualizada, en los hechos, es muy poco lo que se puede concluir de ella. Se han discontinuado series históricas importantes y normalmente no se aclara el procedimiento de construcción de los indicadores.
Finalmente, en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay encontramos la página web del Sistema de Información para la Infancia, que compila las estadísticas sobre niños, niñas y adolescentes que pasan por la institución, tanto para amparo como por infracción. En este caso, los datos están ordenados según criterios poco intuitivos y tampoco se explicita el modo de construcción de los indicadores, lo que dificulta la interpretación de la información.
- Diseño de programas de rehabilitación de ofensores adultos y adolescentes. Actualmente, las opciones de rehabilitación para adultos y adolescentes son el estudio y el trabajo. Si bien existen experiencias internacionales sobre medidas alternativas de rehabilitación basadas en evidencia, ninguna de ellas está en discusión. Además, hay que considerar que Uruguay atraviesa una coyuntura compleja, en la que el lenguaje de los derechos no es un bien recibido por los ciudadanos. Por eso, se impone la necesidad de comenzar a hablar otro lenguaje: el de la eficacia y la eficiencia. Y es allí donde las alternativas de rehabilitación social deben ser publicitadas y requieren una aplicación consistente. Solamente cuando la eficacia institucional esté comprobada, se podrá hablar el lenguaje de los derechos al referirse a las personas privadas de libertad.
- Incentivar un mayor uso de las medidas alternativas a la privación de libertad. La reticencia de los jueces respecto de emplear medidas alternativas a la privación de libertad era hasta hace poco tiempo razonable, dadas las pocas garantías ofrecidas para su cumplimiento. Eso ha cambiado: la gestión de las medidas alternativas de adultos pasó a la órbita de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, y el Sirpa creó el Programa de Medidas Socioeducativas y de Mediación.
Hoy es necesario fortalecer y legitimar estas instituciones mediante la participación de los jueces y mostrando resultados positivos hacia la ciudadanía. Hay que evitar que las medidas alternativas sean vistas como castigos menos severos en relación a lo merecido, es decir, la idea de que el ofensor la “sacó barata”.
- Incluir a la academia en la formulación de políticas de seguridad ciudadana. La academia ha participado en políticas de seguridad ciudadana, a instancia de los investigadores. Es hora de invertir los roles: las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana deberían fomentar la investigación y el asesoramiento en materia de políticas. Esto ampliaría las opciones en materia de políticas públicas; permitiría transformar la información registral en conocimiento científico; consolidaría las evaluaciones de impacto y dotaría de legitimidad técnica la implementación de políticas basadas en evidencia, entre otros. No debería ser lejano el día en que representantes de la academia en conjunto con técnicos de las instituciones de seguridad pública puedan dar en conjunto la información oficial sobre el tema.
- Preparar el sistema penal para el nuevo Código del Proceso Penal. Uruguay es el único país en Iberoamérica en el que la investigación de los casos presuntamente delictivos está a cargo de los jueces y no de los fiscales. La reforma de ese sistema está en camino y ya fue aprobada por el Senado uruguayo. El nuevo modelo redefine la forma del procedimiento penal y los roles de las partes: será ahora el fiscal el encargado de investigar y reunir los elementos de prueba, los juicios serán orales y públicos y el rol del juez quedará limitado a juzgar las causas. El modelo vigente es el principal responsable de que 64% de la población privada de libertad esté cumpliendo medidas de prisión preventiva, sin conocer cuál es la condena que debe cumplir.
El nuevo modelo comenzará a funcionar en 2017. Y en este plazo, la Justicia penal uruguaya tiene varios desafíos por delante. Más allá de las reformas estructurales necesarias, debe crearse un plan de capacitación para jueces, fiscales y defensores sobre las características del nuevo sistema, además de incluir activamente a los abogados defensores, que rara vez participan en la discusión del futuro procedimiento penal.
¿Qué no deberíamos hacer?
Quizá ésta sea la pregunta más simple de responder: que los actores que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mediante la coordinación interinstitucional y sin perder la mirada de conjunto, unifiquen las señales que se envían hacia la ciudadanía. Hoy contamos con testimonios fragmentados de jerarcas defendiendo esta o aquella medida, cada uno desde su feudo. El actual gobierno comenzó su gestión con un verdadero blooper institucional: aquella campaña publicitaria basada en eslóganes que reforzaban la misma estigmatización criminal que intentaban combatir -“En Paso de la Arena hay muchos gurises que no se dan la papa”, entre otros-; en la misma línea, los despliegues teatrales de los megaoperativos tuvieron una efectividad más bien dudosa. Hoy se discute la supuesta efectividad del sistema de cámaras instaladas en la Ciudad Vieja, del cual se no se conocen resultados concretos, ya que se habla de porcentajes y no de magnitudes reales.
Para terminar, una última observación general. En esta coyuntura, es necesario restablecer la confianza de los uruguayos de que viven en un país donde efectivamente funciona un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Debe apuntarse a reforzar la convicción básica de los ciudadanos de que vivimos en un país donde todos podemos desarrollar el ideal de vida plena que tengamos, sin miedos. Llegamos a la situación actual por actuar por separado. Cambiar hacia un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es un desafío que debemos enfrentar unidos y entre todos.
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y Personas.