Desde el lunes, la fiscal Diana Salvo pasó a estar a cargo del 8º turno en lo civil, tras una decisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz. A cargo de la Fiscalía penal de 10º turno quedará Estela Llorente, proveniente de Maldonado. Salvo hacía diez años que estaba en el cargo, y desde 2011 estudiaba la denuncia colectiva presentada por 26 ex presas políticas sobre torturas y delitos sexuales contra un numeroso grupo de militares que ocuparon cargos durante la dictadura de 1973-1984. En la causa ya hay decenas de testimonios de las denunciantes, y decenas de indagados ya tuvieron que declarar. Por este caso, el militar Asencio Lucero, encargado de Inteligencia del Regimiento 9º, testificó y confesó haber torturado a las presas. A raíz de la confesión, la fiscal Salvo planteó a la jueza Julia Staricco la apertura de una pieza independiente respecto a Lucero, con lo que estuvo de acuerdo Staricco. Por las medidas gremiales de los funcionarios judiciales esa pieza todavía no se había abierto hasta el viernes 5, pero era sumamente probable que Salvo pidiera el procesamiento del militar después de que éste confesara ser culpable de lo que era denunciado.
Salvo no quiso hacer consideraciones sobre el traslado, y se limitó a informar que ella no lo solicitó ni lo tenía previsto. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Caras y Caretas Portal que el traslado se explica por la aplicación del futuro Código del Proceso Penal, previsto para 2017. Consideró que “por razones de edad” Salvo trabajaría pocos años con el nuevo código y que era preferible priorizar la capacitación de fiscales que se mantendrán varios años en el cargo.