“Ahora no les queda otra. Sí o sí van a tener que entregar el expediente”, afirmó el presidente del consejo directivo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Martín Prats, a la diaria. El periodista Víctor Bacchetta, como integrante del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería (Uruguay Libre), presentó en junio una solicitud de acceso al expediente del proyecto Aratirí y, tras la apelación del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que se deberá otorgar en un plazo de 15 días.
“Yo ya había accedido en la Dinamige [Dirección Nacional de Minería y Geología] al expediente de Aratirí. La sorpresa se dio la última vez que fui y me encontré con que habían sacado del expediente toda la información técnica”, comenzó contando Bacchetta a la diaria. El integrante de Uruguay Libre se percató de que “sólo había unos recursos de unos productores por el problema de las servidumbres y algunas comunicaciones internas de la Dinamige que, atendiendo a un pedido de Aratirí, declaraban como confidencial toda la información técnica del proyecto”. Fue entonces, a fines de junio, que Bacchetta, amparado en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, decidió hacer el pedido formal al MIEM.
Pasaron los 20 días establecidos por la Ley 18.381 y el MIEM aún no se declaraba, por lo que el periodista decidió iniciar una acción judicial -también prevista en la Ley- ante el Juzgado en lo Civil de 2º Turno el 4 de noviembre. Seis días después, el juez Alejandro Martínez de las Heras falló haciendo lugar a la acción y ordenando al MIEM entregar la información en un plazo de 15 días a partir de esa fecha.
Prats explicó a la diaria que el MIEM “al no haber respondido a favor ni en contra de la petición”, configuró lo que se llama “el silencio positivo”, “haciendo que la información adquiera el carácter de público”. Sin embargo, la cartera apeló esta decisión con la justificación de que la información era confidencial, algo que Bacchetta consideró “absurdo”, ya que se trataba de datos como “el tamaño de los cráteres, la montaña de roca estéril que quedará al lado del cráter, y el plan de cierre de la minera”, entre otros. El presidente de Cainfo sostuvo que, en todo caso, para ser declarado confidencial “tendría que haber sido firmado por el ministro, que es la autoridad en la materia” y no por la Dinamige, como efectivamente había sido.
Finalmente, el juez del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, amparado en un artículo de la Ley que regula la minería de gran porte (la 19.126), resolvió el viernes que “en ningún caso podrá ser considerada confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto”, por lo que obliga al MIEM a entregar la información solicitada por Bacchetta, “con excepción de aquella que pueda estar protegida por el secreto industrial o comercial”.
Este fallo, el segundo, “es irrevocable” según Bacchetta, por lo que, a más tardar el 22 de diciembre, el MIEM deberá entregar la información, y si no lo hace “estará en una falta grave”. Uruguay Libre y Cainfo brindarán una conferencia hoy en la que resaltarán la “necesidad” de que ciertos aspectos del proyecto -sobre todo los sociales y ambientales- se hagan públicos, fundamentalmente, para establecer un antecedente. “Es la forma en que se está tratando un proyecto de inversión extranjero, la transparencia de los procedimientos de la administración pública y la participación de la sociedad en las decisiones que le atañen”, establecieron ambos organismos en un comunicado de prensa.