El coordinador del PIT-CNT Fernando Pereira confirmó ayer que los seis ex presos de Guantánamo que llegaron a Uruguay se alojarán transitoriamente en una casa que aportará la central sindical, por un período que estima que será de “tres o cuatro meses”. Pereira dijo que aparentemente el traslado se concretaría hoy, aunque todavía no está “planteado con exactitud”. Los ex detenidos continúan recibiendo atención médica en el Hospital Militar.
Según dijo el dirigente sindical, “todos los presos han manifestado la intención de quedarse y las familias también han manifestado la intención de venir”, por lo que, en caso de que se asienten las familias en el país, “implicaría otra infraestructura”.
El hogar, sin embargo, es apto para que estas seis personas vivan “en forma cómoda”, dijo Pereira, que se limitó a agregar que la casa se ubica en Montevideo, sin especificar el barrio. Pereira dijo que ya “hace meses” que se sabía que estas personas vivirían en un hogar del PIT-CNT. “Venimos trabajando hace muchos meses y con muchos actores del gobierno. Todo empezó en una conversación con el presidente, que partía de la base de que durante el exilio de muchos uruguayos, la solidaridad con nuestros compañeros exiliados partía de las organizaciones sociales y sindicales de esos otros países”.
Pereira aseguró que varios empresarios ya se han comunicado a efectos de “ofrecerles trabajo” a los ex reclusos y dijo que la central va a “trabajar en todas las direcciones” con estas personas, “en lo profesional, en la formación en derecho, pero sobre todo en el abrazo”.
El proceso legal por el cual los seis ex reclusos de la cárcel de Guantánamo podrían convertirse formalmente en refugiados del país habría tomado forma el lunes, cuando la Comisión de Refugiados (Core), el organismo creado por la ley 18.076 para otorgar esta condición jurídica, sesionó de forma “urgente”, según aclararon algunos de sus integrantes a la diaria.
A partir del ingreso de la solicitud de refugio, este cuerpo tendrá un plazo de 90 días para expedirse. La Core está integrada por dos miembros del Poder Ejecutivo (uno de la cancillería, Luis Porto, y otro de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior), un representante de la Universidad de la República (perteneciente a la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho), dos representantes de organizaciones sociales y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que actualmente es el diputado colorado Gustavo Espinosa.