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Clases magistrales a bailarines del SODRE a cargo de la maestra francesa Fabienne Ceruti. Foto: Javier Calvelo (archivo, agosto de 2012)

La cultura del Pepe

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Las políticas culturales durante el segundo gobierno del Frente Amplio.

En entrevista con la diaria, el director de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, hizo una evaluación de las principales políticas culturales del gobierno de José Mujica y adelantó las prioridades para el último año de la administración. Álvarez destacó la creciente inversión en Televisión Nacional de Uruguay (TNU), las radios del SODRE y el Ballet Nacional, así como la creación del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). Por otra parte, asumió un debe en el cumplimiento de los derechos de seguridad social y aportes jubilatorios de los artistas contratados por el MEC.

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El director de secretaría del MEC, Pablo Álvarez, destacó el aumento de la preocupación estatal por sus medios de comunicación, TNU y las radios del SODRE (Babel, Radio Uruguay, Clásica y Emisora del Sur). Desde la discusión de la Ley de Rendición de Cuentas de 2012 el MEC intenta crear una única unidad ejecutora que nuclee al canal, las radios y el ICAU, al que Álvarez definió como uno de los principales promotores de contenidos audiovisuales del país.

Consultado acerca de la puesta en marcha de la unidad ejecutora común, el jerarca sostuvo que desde 2012 trabajan con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con la Oficina Nacional del Servicio Civil para concretar el proyecto. Según explicó, en ese entonces el MEC envió un documento que fue revisado y reformulado por las oficinas estatales, y que espera que en el primer semestre del año pueda estar aprobado y funcionando. En este sentido, señaló que la creación de la unidad ejecutora “no es urgente” y que los medios pueden seguir funcionando como lo hacen actualmente hasta su creación, que mejorará la planificación y puesta en marcha de las acciones de los medios públicos.

Álvarez recordó que la idea de la unidad en común es facilitar el diálogo entre los medios públicos, y sostuvo que todos poseen elementos y preocupaciones comunes que, de ser abordadas en conjunto, favorecerían el posicionamiento del sistema público de medios. A modo de ejemplo, señaló que a partir de la creación de la nueva institucionalidad los medios y el ICAU podrán compartir tanto recursos tecnológicos como profesionales. Además adelantó que los cambios prevén la creación de un organismo asesor de la conducción cotidiana de los medios, que estará integrado por representantes de trabajadores, la sociedad civil y la academia.

En ley

La realidad de los medios públicos podría cambiar si este año es aprobada en el Parlamento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Según explicó Álvarez, el proyecto de ley no estaba en el Parlamento cuando surgió la idea de la creación de la unidad ejecutora. Si bien el jerarca admitió que la LSCA podría parecer contradictoria con respecto a la nueva institucionalidad propuesta, destacó que incluso si se aprobara este año, su puesta en funcionamiento demoraría un tiempo.

Pese a que adelantó que el MEC apoyará cualquier institucionalidad que la ley termine creando, Álvarez mostró dudas respecto de lo que el proyecto aprobado en Diputados establece, porque si bien se crea el servicio nacional de medios públicos, vuelve a quedar en la órbita del MEC. Sobre este punto, aclaró que en el Parlamento se concluyó que la creación del servicio en forma autónoma no era posible por la prohibición de crear cargos públicos un año antes de las elecciones nacionales, pero añadió que “tal como se plantea, no hay muchos cambios con respecto a lo que pasa hoy”. Álvarez dijo también que desde el MEC señalaron la necesidad de discutir las normas referidas a los medios públicos por separado de la que refiere a los medios comerciales y comunitarios, porque tienen distintas lógicas de funcionamiento.

“Personalmente he defendido la necesidad de una ley de este tipo, y cuanto antes salga, mejor. Hay cosas que ameritan ser aprobadas de forma urgente y tal vez otras -como las referidas a cuestiones institucionales- se puedan dejar para después”, concluyó. Agregó que la aprobación de la norma este año no está asegurada, porque a medida que pase el tiempo y se acerque la campaña electoral, quizá haya menos gente dispuesta a discutir. Sobre este punto opinó que sería una buena oportunidad para demostrar que se puede, “porque eso permite mostrarle a la ciudadanía temas que son importantes”.

Justifica los medios

Consultado sobre los principales desafíos de los medios públicos en 2014, Álvarez dijo que TNU tiene dos grandes desafíos. En primer lugar, mencionó el proceso de digitalización que vive toda la televisión uruguaya. Con respecto a este tema destacó lo positivo de la presentación de un proyecto comunicacional y de gestión en la audiencia pública realizada para el otorgamiento del canal digital. “Por primera vez se puede ver y escuchar un proyecto de canal; es algo útil para poder estar a favor o en contra”, señaló. La digitalización trajo inconvenientes al canal, tanto presupuestales como de personal y tecnológicos, y en el área de contenidos va a traer consigo el desafío de hacerse cargo de una segunda señal, que tendrá un sesgo más cultural y educativo.

El otro gran desafío al que aludió Álvarez es el funcionamiento de un canal público en año electoral, mejorando la calidad y con una cobertura periodística acorde. Acerca de las radios del SODRE, señaló que se abocarán principalmente a consolidar los logros obtenidos, como el de construir emisoras diferenciadas entre sí, identificadas con lo público y con una fuerte inversión.

Deudas

El director general de secretaría admitió la falta de avances en derechos de seguridad social y aportes jubilatorios de los artistas contratados por el MEC. “Asumimos un debe en el pleno cumplimiento de la normativa que existe, y que es una dificultad instrínseca al Estado”, señaló Álvarez en referencia a la denominada “ley del artista”, aprobada en 2008, que permitió a los trabajadores del sector acceder a esos beneficios.

“Muchas veces, los principios generales de contratación del Estado no son los que mejor se aplicarían al funcionamiento de las actividades culturales. No sé si quiero tener bailarines-empleados públicos. Al Estado le cuesta mucho entender eso, y terminamos pasando al derecho privado actividades que tiene que hacer el Estado. Pero no sé si esto es lo mejor, simplemente porque [éste] no logra aún encontrar un mecanismo adecuado. Es una batalla que vamos a seguir dando en el próximo período”, explicó. No obstante, reiteró que para este año el MEC comenzará a aplicar una modalidad contractual que respete la mencionada ley.

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