La eventual llegada de reclusos de la cárcel estadounidense de Guantánamo a Uruguay siguió sobre el tapete ayer. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), basándose en las declaraciones brindadas a la opinión pública por las autoridades, emitió un comunicado en el que “reconoce el gesto humanitario” del gobierno en “contribuir al fin de la detención” de un grupo de personas “que se encuentran privadas de libertad desde hace años en forma indefinida, sin haber gozado de las más elementales garantías de sus derechos a la integridad personal ni al debido proceso legal”. Valoró que esto colaborará con “el anunciado proceso de desmantelar” una cárcel que constituye “una afrenta a la dignidad de toda la humanidad” y que es “probablemente la única posibilidad para que estas personas no sean retornadas a sus países de origen, donde sus vidas podrían correr peligro o el goce de sus derechos podría estar amenazado”. Recordó que “el principio de no devolución de una persona detenida a un país, bajo la sospecha de que podría ser sometida a malos tratos, constituye un principio fundamental del derecho internacional”.
Más allá de esto, la INDDHH advierte que esta “intención humanitaria” debe “sostenerse en forma clara y precisa en el ordenamiento jurídico” uruguayo, “en especial en las normas sobre asilo, refugio y derechos de las personas migrantes”. Esto implica, señala la INDDHH, que las personas que lleguen desde Guantánamo no podrán tener un trato diferente al de los residentes en el país. Finalmente, la institución expresa su deseo de recibir mayor información por parte de las autoridades sobre este tema.
La asociación de ex presos políticos Crysol también consideró “positivo” el “gesto humanitario” del gobierno uruguayo y se ofreció ayer a ser “apoyo y sostén” de las personas que lleguen desde Guantánamo para que “su estadía sea lo más agradable posible, puedan sobreponerse a la traumática experiencia vivida y rehacer satisfactoriamente sus vidas”.
Por otra parte, ayer el presidente del Comité Central Israelita, Sergio Gorzy, se reunió en la Torre Ejecutiva con el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Homero Guerrero y Diego Cánepa, respectivamente, para conocer detalles respecto a los traslados, y especialmente respecto a los antecedentes de los reclusos que vendrían a Uruguay. Gorzy dejó entrever ayer en la mañana, en diálogo con radio Sarandí, que el presidente José Mujica sabía que se divulgaría el jueves en el semanario Búsqueda la información sobre el traslado. “Me encontré con el presidente un día antes de que saliera la noticia. Cuando le comenté que era el nuevo presidente del Comité, me miró, me llevó a un costado y me dijo que al otro día iba a salir una noticia y me pidió que no me preocupara”, explicó Gorzy. “A partir de ahí comencé a tener conversaciones con respecto a que no había motivos para preocuparse. La información nace del Miami Herald y luego llega a la prensa uruguaya. Alguien le pasó el dato a Mujica de que el Miami Herald sacaba la información”, agregó.
En el encuentro de ayer, Guerrero y Cánepa le transmitieron a Gorzy que los reclusos que llegarán son considerados de “baja peligrosidad”, de acuerdo con un análisis que realizó el gobierno de Estados Unidos en 2010. En el gobierno de Barack Obama consideran que el gobierno de George Bush calificó a estos reclusos como de “alta peligrosidad” en 2008 como forma de justificar su reclusión y tortura.
Mañana el canciller Luis Almagro comparecerá ante la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, convocado por la oposición, para brindar algunos detalles del traslado. Ayer Mujica sostuvo que la llegada de los prisioneros se concretará y que es un tema “laudado”.