La prisión de Guantánamo está situada en una base que Estados Unidos tiene en la provincia cubana del mismo nombre. En el marco de la denominada “guerra contra el terrorismo”, y tras la caída de las Torres Gemelas, pasaron por la prisión 779 personas, la mayoría de ellas sin cargos ni juicios y todos ellos -menos uno- extranjeros, según cifras de AI. Muchos sufrieron torturas. Hoy quedan 171 en la prisión, más de la mitad de ellos yemeníes. Obama anunció que cerraría Guantánamo; la estrategia para concretar el cierre es trasladar a los presos a otros países, entre ellos países árabes y europeos como Alemania, España y Francia. Ninguno fue trasladado a países latinoamericanos.
Mujica admitió ayer que recibió “un pedido” del gobierno de Estados Unidos y que lo aceptó porque “es una cuestión de derechos humanos”. “Hay 120 personas que están presas desde hace 13 años y nunca vieron un juez, no vieron un fiscal. El presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema de encima pero el Senado le exige 60 cosas. Entonces le pidió a un montón de países que le dieran refugio a algunos, y yo dije sí, porque yo estuve un montón de años preso, y estoy podrido de que se hable de derechos humanos. Derechos humanos es eso”, concluyó el presidente, en diálogo con la prensa. Acotó de todos modos que no hace “favores gratis”. “Paso la boleta”, afirmó, aunque no quiso detallar la contrapartida.
Mujica sostuvo que si los prisioneros “quieren hacer nido y trabajar en el país, que se instalen aquí”. “Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar”. “Acá podés tener una cama, ¡revolvete para laburar… y portate bien!”, afirmó.
Antes de tomar la decisión, Mujica habló con el precandidato frenteamplista Tabaré Vázquez, según confirmó Vázquez a El País ayer. El precandidato dijo que el asunto “se está procesando y hay que ver cómo evoluciona”.
Una autoridad del Ministerio de Defensa comentó a la diaria que se enteró por Búsqueda de la intención de Mujica. Dijo que “puede haber un criterio humanitario” para acoger a los prisioneros, pero que desde el punto de vista político, es Estados Unidos el que debe “cerrar el proceso” que ha sido “violatorio de los derechos humanos”.
Un senador del Frente Amplio advirtió que “no encuadra para nada” la situación de estos prisioneros “con el Estatuto del Refugiado ni con la ley de refugiados”. La ley 18.076, de Derecho al Refugio y a los Refugiados, prevé que quien solicita refugio es una persona que busca salvaguardar “su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. No contempla la posibilidad de que un Estado que encarceló a un individuo pueda solicitar su refugio. Además, establece que el refugiado goza de los mismos derechos que los habitantes del Estado, lo que incluye el derecho a salir del país. Estados Unidos exige en cambio a los países a los que deriva los prisioneros, que éstos no crucen las fronteras por un período de dos años. Finalmente, la ley dispone que para que una persona sea considerada como refugiada, su solicitud debe pasar por la Comisión de Refugiados, que actualmente encabeza el vicecanciller Luis Porto e integran entre otros el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes -que será en los próximos días el diputado colorado Gustavo Espinosa-. Esta comisión no recibió ninguna solicitud vinculada a Guantánamo hasta el momento. De hecho, durante este período de gobierno rechazó una solicitud de refugio que realizó el gobierno de Estados Unidos para presos paquistaníes, por entender que no se ajustaba a la ley. El canciller Luis Almagro no quiso dar detalles de las intenciones del gobierno, y se limitó a declarar a la diaria que “se va a hacer todo como debe hacerse”.
AI se comunicó con las autoridades uruguayas y éstas se comprometieron a entregarle un “documento oficial donde se establezca cómo se haría esto”, explicó a este medio Mariana Labastie, directora ejecutiva de la organización. El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou convocará hoy en forma “urgente” a Almagro al Parlamento para que explique la decisión, que a su entender no tiene “ningún argumento jurídico” .