¿De qué hablamos cuando hablamos de experiencias asociativas de acceso a la tierra en Uruguay?
Existen 109 emprendimientos asociativos en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC), que ocupan 58.172 hectáreas, 75% de los cuales accedieron a tierras durante el período 2005-2013. Su superficie representa aproximadamente 10% del área total gestionada por el INC (509.193 hectáreas; ver www.colonizacion.com.uy).
Para el INC, organismo encargado de la política de tierras en Uruguay, la apuesta a los procesos colectivos en su política de facilitar el acceso a la tierra tiene que ver con la doble intencionalidad de mejorar el uso de los recursos (limitados y caros) y de explotar posibles sinergias entre productores y/o trabajadores rurales para su uso común.
Bajo este precepto, ¿cómo discutir experiencias asociativas en un ciclo de políticas para la producción familiar sin discutir los conceptos de proceso asociativo y de organización familiar? ¿Es posible una política pública común para asalariados y productores familiares?
El asociativismo rural es una de las formas organizativas que articulan a productores y trabajadores rurales. Comúnmente se genera por la búsqueda de integración entre la producción, la industrialización o la comercialización; o ante la necesidad de acceso a recursos para la producción, por iniciativa propia o como requisito para el acceso a la política pública. Si bien la necesidad de acceso a tierra para trabajar es común a productores familiares y asalariados, las características de unos y otros hacen necesario por lo menos un análisis profundo acerca de la adecuación de una política común.
Cualquier familia es, de hecho, una forma asociativa de organización. No necesariamente se trata de procesos colectivos autogestionados –aunque pueden serlo–, lo común es encontrar procesos personales extendidos a familias. En nuestro campo, en general, se trata de proyectos de los hombres, padres de familia, extendidos a su pareja e hijos, y en esto radica una de las tensiones más fuertes para el desarrollo de procesos de autogestión en la producción familiar. A nivel rural hay un sinfín de determinantes de la viabilidad de un emprendimiento (acceso a recursos, continuidad de la familia, organización del trabajo, actividades extraprediales), y ante ellas la organización familiar realiza adecuaciones (por ejemplo, los hijos salen a hacer changas a campos vecinos para complementar el ingreso familiar) que pueden derivar de acuerdos colectivos o de imposiciones.
Para pensar una política pública orientada al sector familiar es necesario ver que la característica jerárquica del modelo patriarcal es un problema para el desarrollo de lo asociativo. A su vez, hay que tener en cuenta que donde muchas veces se quiere introducir una nueva institucionalidad –grupo, cooperativa, etcétera–, para este actor ya existe un “arreglo institucional”: su propia familia. Esto no necesariamente es así para el asalariado, ya que su estrategia en el trabajo suele ser individual y no familiar.
En ese juego entra la política pública, al determinar requisitos básicos para el acceso de los pobres a los bienes comunes (la tierra o el agua) y a los factores de producción (capital o conocimiento). Y es imprescindible discriminar con quién se trabaja. ¿Es mejor la política de trabajo asociado como requisito de acceso a los recursos? ¿Es posible pensar en una expansión de los recursos de las familias rurales que permita la continuidad del proyecto familiar en el tiempo?
No hay que confundir las cosas: la polenta no es pirón. Las experiencias de autogestión se desarrollan en espacios concretos de la realidad. Es preciso comprender que una sociedad va realizando sus elecciones en la historia bajo condiciones que se le imponen más allá de su voluntad (Gerardo Sarachu). La importancia de la familia rural (y el valor clave de la producción familiar campesina) no radican en la extensión de valores familiares que tienden a reproducir la jerarquización y el patriarcado, sino en el aporte de enseñanzas para vivir, aunque impliquen distanciamientos del proyecto familiar.
El trabajo asociado busca –y encuentra– la complementación del interés individual con el bienestar colectivo. Parto de la base de que la felicidad personal no sólo se define con un proyecto individual. Hacer cosas con otros puede ser un proyecto individual y a la vez colectivo que nos haga felices; trabajar con otros está bueno en la medida en que uno sea capaz de tomar decisiones de manera colectiva y le permita vivir dignamente. Trabajar aislado limita el aprendizaje cotidiano, tanto el de hacer cosas nuevas como el de discutir ideas colectivamente, y en ese sentido es igual que tener patrón: sólo que el patrón es uno mismo, restringido a su propia imaginación.
Las grandes empresas agropecuarias también llevan adelante prácticas asociativas para su beneficio. No es en la forma jurídica donde radica el potencial transformador de lo asociativo. La capacidad de autogestión significa asumir el desafío de reconstruir el “flujo social del hacer” (JohnHolloway); el potencial de la autogestión –a cualquier nivel– radica en su capacidad de cuestionar el orden establecido y en la posibilidad latente de autodeterminación de los trabajadores, tanto urbanos como rurales y tanto familiares como asociados.