Las autoridades del INAU y del Sirpa concurrieron ayer a la comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes para dar su versión sobre el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que denunció maltratos en los centros de reclusión del Sirpa. El director del Sirpa, Ruben Villaverde, se negó a conversar con la prensa y señaló que el encargado de hacer aclaraciones sería el integrante del directorio Jorge Gago. Éste se limitó a indicar que los jóvenes recluidos tienen acceso a actividades educativas y que las denuncias por maltrato están en la Justicia.
Salsamendi remarcó, a la salida de la comisión, que los maltratos en los centros de reclusión del Sirpa son “hechos aislados”. No obstante, indicó que, sobre la base de información de notas periodísticas del semanario Brecha, la revista Caras y Caretas y la diaria, que relatan hechos que “no le constan” a las autoridades del INAU y del Sirpa, éstas resolvieron presentar una denuncia ante el Juzgado del Crimen Organizado, “por una razón de cristalinidad y transparencia, a efectos de que se investigue absolutamente todo lo que entiendan que tienen que investigar”. En particular, dio como ejemplo una información publicada en Brecha, que indica que un funcionario que fue separado del cargo “sigue entrando a golpear” a los centros de reclusión.
Consultado respecto de por qué se presentaba la denuncia en Crimen Organizado, Salsamendi señaló que se trata de hechos que “involucran a un número determinado de personas, y eso escapa en principio al fuero de la Justicia común”.
Por otra parte, la secretaria letrada del Sirpa, presente ayer en la comisión, aseguró que en los casos en los que había cierta convicción de que las denuncias eran ciertas, se procedió a la separación del cargo, y que en los otros casos se procedió a efectuar un “traslado preventivo”, ya sea del funcionario o del joven involucrado en las denuncias. La secretaria dijo luego a la diaria que, de los siete funcionarios cuyos nombres se repiten en las denuncias por golpizas en el centro Ser, uno fue separado del cargo, tres fueron trasladados y otros tres permanecen en sus cargos porque “en ninguna de las investigaciones hubo ningún elemento que permitiera presumir absolutamente nada”. Es el caso, por ejemplo, de la directora Jessica Barrios.
La directora del centro Ser fue responsabilizada en una denuncia presentada por familiares ante el Sirpa, y luego en la denuncia presentada por el ex funcionario José Márquez ante el Juzgado de Pando, por la cual será citada a declarar. No obstante, Rodríguez sostuvo que “nadie la nombra [a Jessica Barrios] en ninguna investigación, ni menores ni funcionarios”. Cuando se le leyó el acta de la denuncia presentada por los familiares ante la División Jurídica del Sirpa el 9 de setiembre de 2013, que responsabiliza a Barrios, firmada por la doctora Andrea Caffiro, Rodríguez declaró que Caffiro “inició una investigación que todavía está en curso”. Insistió en que “ante la menor duda, se traslada” al funcionario denunciado.
Rodríguez también informó que desde mayo de 2012, cuando se creó el Sirpa, se realizaron 61 investigaciones administrativas; a 29 de ellas las calificó como “relevantes”. Se presentaron siete denuncias penales, todas por malos tratos, aseguró.
Los legisladores del Frente Amplio (FA) respaldaron a las autoridades. La diputada Bertha Sanseverino (Asamblea Uruguay) destacó la decisión de pasar a la Justicia las denuncias, para que “no quede la menor sensación de que no se toman estos temas con seriedad”. Valoró que las actuales autoridades están “haciendo un esfuerzo grande” y que su gestión debe analizarse en el marco de “las decisiones que se van tomando para que no haya fugas”. “En cualquier institución cerrada hay temas de maltrato; hay que ver cómo se para una institución para sanearse”, indicó. Fuentes de la bancada del FA aseguraron que si se comprueba que “hay omisión, hay que fusilar, pero hasta ahora no hay ninguna prueba de que no hayan cumplido con su función”.
Los parlamentarios de la oposición Pablo Abdala (Partido Nacional) y Juan Manuel Garino (Partido Colorado) expresaron que no quedaron satisfechos con las explicaciones brindadas. El lunes, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) emitió una declaración en la que repudia “las prácticas violentas llevadas adelante por parte de algunos funcionarios” hacia los jóvenes recluidos en el centro Ser, exhorta al cumplimiento del debido proceso “ante toda denuncia efectuada” y respalda a la INDDHH.