El padre Mateo Méndez fue, por lejos, el más aplaudido ayer en el Aula Magna de la Universidad Católica (UCUDAL), donde se llevó a cabo una mesa de “reflexiones sobre el proyecto de reforma constitucional”, que propone, entre otras cosas, la baja de la edad de imputabilidad penal.
“¿Cuántos de nosotros nos hemos ocupado en hacer que esta situación de los adolescentes cambie y cuántos estamos sobre el mundo, mirando, condenando y sancionando las conductas de los adolescentes, cuando muchas veces ni sabemos su historia? ‘Pero que se los lleven, que los tengan por ahí, mientras nosotros estamos tranquilos’”, comenzó ironizando Méndez. “¿Será eso lo que nuestro pueblo necesita? ¿Sacárselos de encima?”. Luego se preguntó si no había que apostar a medidas “curativas” antes de “pasar a las rejas” y sostuvo que la parte de la reforma que implica la creación de un instituto especializado para la reclusión de menores podría implementarse ahora. “Juguemos una carta para esta población, que ya son el futuro del país, que está invirtiendo demasiado con resultados muy malos”. Terminó señalando que “el problema de los menores son los mayores” y afirmando que si bien “algunos son culpables, todos tenemos responsabilidad”.
Había abierto la charla Daniel Ochs, de la cátedra de Derecho Constitucional de la UCUDAL, quien manifestó una dura posición contraria al proyecto y señaló que la baja de la edad de imputabilidad penal “no es materia constitucional en ningún país”. Sostuvo que el proyecto “renuncia a la posibilidad de educar” prevista en el artículo 26 de la Constitución y que también está en entredicho el principio de igualdad, debido a que se trata de una iniciativa “malamente selectiva”: la “población objetivo” son los cerca de 700 menores que “recurrentemente tienen problemas con la Justicia y se derivan a la rehabilitación del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], allí no se hace nada y vuelven al circuito”. “Penaliza en vez de atender a la desigualdad estructural de esos jóvenes, que provienen todos, sin excepciones, de contextos de exclusión que son en sí mismos negadores de oportunidades”.
También argumentaron en contra de la baja la vocera de la Comisión, Fabiana Goyeneche, y la catedrática de Derecho de Familia de la UCUDAL, Mabel Rivero.
Yo estoy
El diputado nacionalista Gustavo Borsari, su correligionario el edil Juan Curbelo, el integrante de la Cátedra de Derecho Penal Amadeo Otatti y el asesor de Pedro Bordaberry en seguridad, Guillermo Maciel, argumentaron a favor. Otatti dijo que quería contribuir a que los autores de los delitos no salgan del INAU al mes, y Curbelo deseó que “el arresto policial se transforme en un rescate social, con una concepción humanista”.
Pero la intervención más polémica fue la de Maciel, que fue criticado por uno de los docentes de la UCUDAL que estaban entre el público. El asesor de Vamos Uruguay empezó con una presentación en Power Point que mostraba un revólver en primer plano y decía “Menores delincuentes”: “Cometen delitos, matan, rapiñan”, describió. “No es lógico ni legítimo que a tres millones de uruguayos nos jaqueen 700 delincuentes, que son estos menores de 16 y 17 años”, aseguró. Tras leer una encuesta realizada por el abogado defensor Alberto Sayagués, que indicaba que 89% de los menores que delinquían “no tenían necesidad de hacerlo”, aseguró que si se aprueba la reforma, “mientras están presos no están matando, mientras están presos se están rehabilitando”. Sobre el final de su intervención, mostró en su presentación algunas fotos de jóvenes que habían sido detenidos y dijo: “Acá están los angelitos”.