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Pablo Buttafuoco y su esposa Ana en el sanatorio del Banco de Seguros. / Foto: Nicolás Celaya

Amarga espera

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Pablo Buttafuoco, sobreviviente de la explosión en Durazno, reclama justicia y denuncia abandono empresarial.

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Pablo Buttafuoco sabe que volvió a nacer. Así se lo dice a la diaria, a poco de abrir la puerta de la sala del piso 3 del sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE), a donde llegó hace un mes aproximadamente, derivado del Centro Nacional de Quemados del Hospital de Clínicas, todo en Montevideo. Había llegado a ese centro el 20 de febrero, con un diagnóstico primario de “quemadura en rostro, tronco y extremidades superiores e inferiores. Gran quemado”.

Él y su esposa, Ana, saben que volvió a nacer, y también que dos de los compañeros de trabajo de Pablo en Care Supergas, Pedro Ansolabehere y Mario Luzardo, murieron ese mismo día. Un cuarto, Hermes Dotta, también salvó su vida, siendo el menos afectado porque logró saltar un portón y arrojarse sobre un charco de agua a la entrada del local, en Pablo Galarza casi Ruta 5. Dotta fue el único que no tuvo que ser conectado a un respirador artificial. Pablo sí, y durante varias semanas. Incluso, cuando pudo empezar a respirar naturalmente y recobró la conciencia, la realidad le fue llegando de a poco.

Hoy la suya indica que, si bien faltan diagnósticos finales, ha quedado afectado de por vida.

Recuerda y revive la sensación de estar quemándose cuando relata lo que pasó. Lo peor de todo, según su registro, es dolor y ardor en piernas y brazos, que hoy están cubiertos casi en su totalidad por vendas y ungüentos. Lleva siete operaciones de injertos de piel, que ya lograron su primer objetivo, que los nuevos tejidos se adaptaran a los suyos. La piel de su rostro se ve rosada por completo y está bajo tratamiento “con una crema especial que trajeron de Brasil”, que tal como remarca Pablo, ha sido clave: “Si no tuviera esa crema habría quedado como un monstruo”.

Antes de ese día

Pablo contó que era chofer de la camioneta de repartos de Care y quien entregaba las garrafas de 13 kilos en la ciudad. Su rutina comenzaba temprano de mañana y concluía en el mismo lugar de noche, tras un mínimo de ocho horas en épocas de baja temporada, y llegaba a cumplir jornadas de 14 y 16 horas en épocas de zafra. A veces, cuando estaba picada la cosa, su esposa lo acompañaba, le hacía de ayudante, recibiendo en el celular las llamadas directas de clientes o de la base indicándole nuevas direcciones para llevar.

“La puerta de mi lado no podía ser abierta desde adentro. Cada vez que tenía que bajar, Pablo tenía que abrírmela desde afuera”, dice Ana, al repasar las condiciones de trabajo que tenía su esposo. Pablo aseguró no haber recibido nunca capacitación y no haber sido provisto de materiales ni de elementos de protección. En enero, un delegado del Sindicato Único de Fleteros de Supergás (Sufgas) había estado en Durazno de recorrida, y al llegar a Care y ver la camioneta que manejaba su colega, le dijo que “estaba regalado, la carrocería venida a menos, con luces rotas, sin matrícula y cubiertas semitubos, que con la carga hacían inestable el andar”, entre otras fallas.

Butaffuoco asegura haberle planteado “al patrón”, Miguel Camilo, que el vehículo necesitaba mantenimiento, pero que éste le contestaba: “Ahora es imposible pararlo”. “Ni siquiera le cambiaba el aceite; se lo tenía que hacer Pablo”, remarca Ana. Su esposo cuenta que lo único que logró fue el cambio de las cubiertas. En cuanto a las condiciones de seguridad en general, el trabajador dijo que no existían. No había bomberitos, no había a disposición “arrestallamas” o “cortachispas” para colocarle a la camioneta cuando tenía que ingresar al local.

Ese 20 de febrero Pablo decidió correrla del lugar (algo que para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, evidenció la falta de capacitación) cuando comenzó la fuga de gas, y las chispas del caño de escape desencadenaron la explosión y el posterior incendio, al no contar con ese implemento. Con respecto a si sabían entre los empleados de Care que el local estaba inhabilitado oficialmente para la recarga de garrafas, Pablo contestó que no.

En agosto de 2013 la URSEA le hizo saber a Camilo y a Acodike que había caído la habilitación provisoria que tenía para operar como distribuidor, ya que no había cumplido con el cronograma de mejoras exigidas por la resolución 43/2011, que entre otras cosas consideraba “prohibido” seguir utilizando el sistema de recargas por “gravedad” (ver la diaria del 02/05/14). Sin embargo, Acodike le siguió entregando y Camilo recargando; incluso continuaron dos días más después de la explosión, hasta que las autoridades precintaron el lugar. Ahora el tema está en la Justicia penal, a instancias de la URSEA y de la familia Buotaffoco, que también demandó en el ámbito civil al empresario de Durazno, a Acodike y a ANCAP, esta última como proveedora original del combustible a las compañías que lo distribuyen.

Después de ese día

Desde el 20 de febrero Pablo y Ana están obligadamente instalados en Montevideo. La pareja tiene un hijo de cuatro años que tiene dos hermanas, de nueve y 11 años, de una relación anterior de Ana. Los tres aparecen juntos en una foto que luce pegada en la pared a la que Pablo mira casi todo el día desde su cama. Quedaron a cargo de la abuela materna, mientras que Ana va cuando puede y vuelve enseguida a la capital.

Hasta el lunes 12 de mayo ni el patrón de Pablo ni nadie en su nombre se habían interesado por su suerte. “Nada. Si al menos hubiera aparecido a decir que todo fue un error, que le vamos a buscar la vuelta...”, dice Pablo, y se queda mirando el televisor, colocado contra la misma pared de la foto.

Cuando se supo de la explosión y que ésta había ocurrido luego de que Acodike y Care desoyeran la inhabilitación dispuesta por la URSEA, el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) paralizó el suministro de supergás a Durazno durante varios días, hasta que con la mediación de la Dirección Nacional del Trabajo se firmó un acta entre el sindicato, la Cámara del Gas Licuado y la URSEA, en la que las partes se comprometieron, entre otras cosas, a no suministrar más combustible a los locales inhabilitados por la URSEA (la diaria comprobó que ese punto no está siendo respetado a rajatabla por Acodike; ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/5/camara-de-gas/ ).

Mercado negro

Buotaffoco reconoció que por indicación de Miguel Camilo también cargaba y descargaba garrafas en un depósito clandestino en la calle Emilio Penza, y que la URSEA logró comprobar su existencia tras la denuncia del SUTS, que registró fotográficamente el lugar antes de que Camilo ordenara desmantelarlo, después del 20 de febrero. "Sí, también iba a ese depósito. Camilo me mandaba". En este mismo sentido, el trabajador aseguró que desconoce si además de ese depósito no declarado, Camilo tenía algún otro de manera irregular.

Otro de los puntos, el cuarto, decía: “La empresa Acodike, en este acto, asume el compromiso de solventar económicamente todos los gastos originados a los trabajadores y sus familiares que los acompañan durante la internación (traslados, hospedaje, alimentación y pago de jornales de un familiar directo que esté acompañando durante la internación). Asimismo, se abone la diferencia que se genere entre el pago del BSE y laudo correspondiente a la categoría del trabajador conforme al convenio colectivo, en caso que existan diferencias. Todo eso sin que implique un reconocimiento que traiga aparejado una reclamación de la empresa Care Supergas SRL y a los efectos de lograr una salida al conflicto”.

Ana y Pablo confirman que ni Care ni Acodike han cumplido con este punto: todos los gastos están corriendo por su cuenta. De todos modos, antes que un reclamo, Ana prefiere hacer una aclaración: “A mí nadie me consultó sobre ese punto, no sé... Si fuera como una donación, quizá lo aceptaríamos, pero sería muy raro que eso pase ahora, ¿no?, en medio del juicio”. Pablo la mira y ella le devuelve la mirada. Entre ambos arman una frase que refleja lo que realmente esperan y quieren: “Antes vivíamos sin problemas pero sin lujos, éramos felices así... después de esto eso no va a cambiar. Pero lo que queremos es que haya justicia, que Camilo vaya preso. Durante todos estos días, mientras yo no sabía si Pablo se moría también, y teniendo que estar aca, lejos de mis hijos, él durmió todas las noches en su casa, sin problemas, como si nunca hubiera pasado nada”.

Para el 29 de mayo está fijada una nueva audiencia en el Juzgado de Durazno. La sede estará rodeada por amigos y familiares de Buttafo-
cco y Ansolabehere, así como por integrantes del SUTS y Sufgas, con el mismo reclamo que Ana.

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