Somos muchos los que pensamos que son necesarios grandes cambios en la Universidad de la República (Udelar). Sin desconocer que en los ocho años del rectorado de Rodrigo Arocena hubo importantes avances, especialmente en el desarrollo en el interior del país, pensamos que aún queda mucho por hacer. Un aspecto que claramente debería ser modificado es el que se refiere a la Ley Orgánica de 1958. Presumo que a esta altura hay amplias mayorías a favor de cambios en la principal normativa de nuestra casa de estudios. Es más, a poco de asumir su rectorado en 2006, el actual rector expresó lo hermoso que sería festejar los 50 años de Ley Orgánica dando paso a una nueva ley.
Lamentablemente, la falta de consenso (¿o la poca voluntad de algunos sectores, quizá?) llevó a un bloqueo de los intentos de reformar la norma vigente.
En menos de tres meses finaliza el período de Arocena, y la Asamblea General del Claustro recientemente elegida debe ser convocada antes de que venza dicho plazo para elegir un nuevo rector. En comparación con otras elecciones, en esta oportunidad el debate ha sido escaso, y las propuestas, especialmente cautas. Hace unas semanas empezó a circular el rumor de que el prorrector de extensión, Gregory Randall, y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, formarían parte de la danza de nombres en torno al nuevo rectorado. Personalmente, no fue hasta el martes 20 que vi esta propuesta plasmada en negro sobre blanco, en un artículo publicado en la diaria y firmado por Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Esa propuesta es especialmente chocante, pues la candidatura de estos destacados universitarios, que no poseen título expedido por la Udelar, presenta serias dificultades legales. En efecto, la Ley Orgánica establece que para ser rector se requiere ciudadanía natural o legal en ejercicio, poseer título universitario expedido por la Universidad de la República y ser o haber sido profesor titular en ella. Difícilmente pueda interpretarse de buena fe que donde dice “poseer” puede decirse exactamente lo contrario.
Los debates en torno a la reforma deben encararse con espíritu constructivo y generosidad. Esa generosidad debe primar para abrir la discusión a todos los aspectos que merezcan ser discutidos, y no sólo a algunos. Por nombrar sólo uno, hace casi un cuarto de siglo se crearon facultades nuevas, pero hasta hoy conviven en el Consejo Directivo Central facultades “de primera” (las tradicionales) con derecho a voto, y otras (las nuevas), sin ese derecho.
No parece sano plantear cambios en las reglas de juego a mitad del partido. Discusión sí, pero no limitada. Discutamos una nueva Ley Orgánica y elijamos en 2018 autoridades en ese nuevo marco legal. Mientras tanto, ésta es la ley que tenemos, y mientras esté vigente debe ser respetada.