La semana pasada, un grupo de más de 30 organizaciones vinculadas a los derechos humanos y a los derechos de la infancia convocó una conferencia de prensa para expresar su respaldo a la actuación de la INDDHH. En un informe ante el Parlamento, un mes atrás, la INDDHH hizo público un compendio de documentos que ya había presentado ante el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) en diversas instancias en el último año. En él no sólo se alertaba que las condiciones de reclusión en los centros del Sirpa vulneraban los derechos de los jóvenes, sino que también se denunciaba la existencia de maltratos e incluso torturas contra ellos. El informe fue cuestionado por algunos legisladores frenteamplistas y los directores oficialistas del Sirpa; esto motivó a las organizaciones a realizar el miércoles de la semana pasada una conferencia en respaldo de la institución.
Ese mismo día, en Ginebra, el gobierno uruguayo respondió al Comité -en forma oral y por escrito- las 87 preguntas que se le plantearon. En el informe escrito, al que tuvo acceso la diaria, las autoridades remarcan el “cometido institucional” de alcanzar “fuga cero” en los centros del Sirpa. Recuerdan que en 2009 hubo 2.187 fugas; en 2010 se redujeron a 767; en 2011, a 250; en 2012, a 23; y en lo que va de 2014 “se ha logrado el objetivo de ‘fuga cero’”, remarcan las autoridades. No se incluye información de 2013.
En cuanto a las denuncias por las condiciones de reclusión y maltratos en el centro Ser de la Colonia Berro, las autoridades sostienen que la situación de las instalaciones del Ser ha sido “objeto de mucha preocupación”, y por eso se inició un proceso de mejoras edilicias a partir de 2008. “En el año 2013 se construyó un nuevo módulo con 24 plazas. Cada habitación, para dos adolescentes, cuenta con baño, dos camas, mesa y banco; losa radiante para el confort térmico”, detalla el informe. También se menciona que los jóvenes alojados en el módulo 2, “denunciado por sus malas condiciones edilicias”, fueron trasladados al módulo 4. Según dijo a la diaria la abogada del grupo de familiares de jóvenes recluidos, Sandra Giménez, el traslado al módulo 4 se produjo prácticamente en forma simultánea con la presentación del informe ante Naciones Unidas. El informe agrega que se presupuestaron las reformas edilicias que restan para solucionar la situación planteada por la INDDHH, valoradas en 450.000 dólares.
“En cuanto a malos tratos y la respuesta que el Sirpa da a esta situación, se destaca que han existido denuncias de funcionarios, familiares, de la INDDHH y de ONG respecto a 16 situaciones”, continúa el informe. “En todos los casos se ordenó por el Sirpa que su Departamento Jurídico iniciara las investigaciones administrativas y las denuncias penales en caso de corresponder”, sostienen las autoridades uruguayas. Señalan que en caso de sumario administrativo por malos tratos, se separa al funcionario del cargo. Y en los casos “de difícil prueba o que generen mucha duda, no se lo separa del cargo, pero se lo traslada preventivamente al funcionario o al joven supuestamente agredido”.
Sin embargo, funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la abogada Giménez y la propia INDDHH sostienen que estos traslados no se han producido y que los funcionarios denunciados siguen en contacto con los jóvenes. Incluso continúan las denuncias por golpizas. Ocho días atrás, una madre denunció que su hijo fue golpeado en el centro Ser. Lo vio el médico forense y se presentó una denuncia penal en el Juzgado de Pando.
“Los funcionarios están en el mismo lugar en el que estaban [cuando se produjeron las denuncias], salvo que los hayan separado a último momento. Si los separaron del cargo, a nosotros no nos informaron”, dijo a la diaria Mirtha Guianze, quien encabeza el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por la INDDHH.
Con garantías
El canciller Luis Almagro, consultado por la diaria, no quiso pronunciarse específicamente sobre las denuncias de torturas en el Sirpa, pero respaldó el trabajo de la INDDHH. “Siempre respaldamos desde Relaciones Exteriores el trabajo de la INDDHH”, manifestó. “El Estado ha creado instrumentos para ser cada vez más garantistas, y en eso es en lo que tenemos que trabajar”, agregó. Dijo que ahora “el tema fundamental es unir y solucionar”. Este jueves, autoridades del INAU y del Sirpa concurrirán al Parlamento para contestar el informe de la INDDHH. Ayer el presidente del INAU, Javier Salsamendi, declaró a El País que “sería tonto negar que hay hechos de maltrato en centros del Sirpa”, sostuvo que “no hay tolerancia ante situaciones indebidas” y respaldó “plenamente” a las autoridades del Sirpa.
En cuanto a la medicación psiquiátrica suministrada a los jóvenes, que la INDDHH calificó como excesiva, las autoridades remarcan que en todos los casos están indicadas por el psiquiatra tratante. Hacen notar que “la casi totalidad de los jóvenes presentan usos problemáticos de sustancias, por lo que la mayor parte de las indicaciones están destinadas a ayudar al paciente durante la etapa de abstinencia”. Un “altísimo número” de jóvenes presenta “trastorno de conducta disocial y trastornos de la personalidad del antisocial”, y los fármacos más utilizados son “aquellos para prevenir la crisis de abstinencia, moduladores del humor y neurolépticos de última generación, indicados para bajar los altos niveles de agresividad e impulsividad”, detalla el informe. “Los antidepresivos y los hipnóticos se utilizan en mucho menor grado”, agrega.
Concluye destacando el buen trato que dan las autoridades a la INDDHH, “al extremo que se le ha transmitido el interés institucional y de sus funcionarios de que instale una oficina en el predio de la Colonia Berro”. Esta propuesta del gobierno recoge la iniciativa del sindicato del INAU, cuya agrupación mayoritaria -la lista 10, que encabeza el presidente del sindicato, Joselo López- cuestionó el informe de la INDDHH. Guianze calificó esta propuesta como “algo disparatado” y recordó que las visitas deben realizarse de acuerdo al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que establece que son “sin previo aviso”. “No está en nuestras facultades instalarnos allí”, indicó.
Respecto del sistema carcelario adulto, el informe menciona que se imputó el delito de tortura a dos funcionarios de la cárcel de Canelones en 2012, por un caso registrado en noviembre de 2011, y que en febrero de 2013, en Maldonado, fueron procesados cinco funcionarios por violencia contra cuatro internos. Acerca de las preocupaciones del Comité respecto de la “prisión preventiva” -en Uruguay, dos de cada tres presos no tienen condena-, las autoridades evaluaron que la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal abreviará los plazos para la resolución de los casos. Admitieron que la prisión preventiva “funciona en la práctica” como “un adelanto de la pena”, y esto implica que sea “relativizado el principio constitucional de la presunción de inocencia”.