La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) había dispuesto que las 96 familias que vivían en el Complejo Habitacional 20, ubicado en la rambla República Argentina y Zelmar Michelini, fueran desalojadas antes del 31 de marzo, por peligro de derrumbe del edificio. Sin embargo, el viernes 16 de mayo continuaban viviendo allí dos personas. Una de ellas se retiró por su cuenta, pero la última -Magdalena Castro, de 90 años- pidió una prórroga de 48 horas. Ayer sobre el mediodía, Magdalena fue desalojada, y una vez que había pasado la marea, en las primeras horas de la tarde, la ANV brindó una conferencia en la que informó acerca del trabajo desarrollado para la relocalización de las familias.
“Esta tierra nos la dieron a nosotros en 1970, cuando los conventillos que había en la zona se estaban cayendo. En ese tiempo había un gobierno colorado y el terreno era del municipio. Entonces dieron estas viviendas y nosotros nos mudamos con la sensación de que íbamos a vivir y morir acá”, cuenta a la prensa Esther Colli, la hija de Magdalena, mientras ésta sigue recluida en su departamento. Son casi las 11.00 y la mañana en el barrio Sur está un poco más templada que la del domingo.
“Cuando vine a vivir acá tenía 29 años y mi hijo, dos”, dice Esther, a la que se le notan la decepción e impotencia en la voz. “Complicidad y convivencia” son las dos primeras palabras que le salen cuando le preguntan sobre aquellos primeros años en la vecindad.
“Luchamos todo lo que pudimos para ver si nos podíamos quedar”, sostiene respecto del desalojo. “Ya se había ido la mayoría de la gente del edificio, pero como nosotros éramos propietarios, pensamos que podíamos tener un poquito más de autoridad para podernos quedar, pero se resolvió que no”, agrega Esther.
“Mi hijo está cansado de estar luchando contra la corriente. Es el gobierno que manda y nosotros no podemos ir contra ellos, pero estamos amargados porque realmente nos están sacando de lo que nosotros pagamos, no de algo que robamos o en el que nos metimos de intrusos, o que estamos arrendando. Somos propietarios; mi madre, al menos, es propietaria”, afirma, al tiempo que agrega que “ya no vale la pena hablar ni discutir con ellos”.
Recuerda que Magdalena ha reclamado su título de propiedad: “Desde 2006 estamos reclamando en el Banco Hipotecario y hasta ahora no aparecieron. Ellos te dicen que te los van a dar dentro de un año o dentro de dos meses, y te van envolviendo así, con mentiras, y nosotros tenemos que aceptar lo que ellos digan, lamentablemente. Pero lo que están haciendo está mal: están sacando de un lugar a una persona que no tiene deuda con nada”, sentencia.
Para Esther, el desalojo fue “por intereses monetarios, porque van a hacer algo para los ricos”. “Los pobres no tenemos derecho a vivir acá, frente al mar”, agrega, con desazón. “Es como que se acordaron -después de 44 años- que nosotros nos teníamos que ir de acá porque vendieron ahí”, dice, señalando un edificio en construcción ubicado en la esquina de Carlos Gardel y Héctor Gutiérrez Ruiz, y agrega: “Los de la torre quieren la visual, y por eso nosotros nos tenemos que ir de acá”.
Afuera, unas diez personas alternan cánticos contra el gobierno y el oficialismo mientras Esther habla con los medios de comunicación. Ven al director y al gerente general de la ANV, Walter Stolarsky y Gustavo Marton, entrando al edificio y empiezan a gritarles “traidores”, “delincuentes” y “ladrones”, hasta que notan que no llevan puestos cascos de protección, y reclaman con sarcasmo que se protejan “si hay tanto peligro de derrumbe”.
Entre el griterío, a Esther le preguntan por su madre. “Está bien, pero dice que le da rabia que piensen que como es vieja, es ignorante”. “Ella siempre me dice: ‘¿Sabés lo que les va a costar tirar este edificio?’ No tienen vergüenza de hacernos creer que se va a caer”.
Mientras tanto, se puede ver a Magdalena sentada frente a una ventana que da a la parte trasera del complejo. No se le llega a ver la cara, pero se le ve el pelo, que asoma de vez en cuando por la ventana de la que cuelga una cortina rosada -de las últimas que quedan puestas en el edificio-.
De un instante a otro, entran un hombre y una mujer con estetoscopios que pasan a chequearle los signos vitales y la ayudan a ubicarse en la silla de ruedas en la que la trasladarán fuera del edificio. Luego, Magdalena partirá en ambulancia hasta su nueva vivienda, en Timoteo Aparicio y 20 de Febrero, en el barrio Unión. Magdalena se levanta y probablemente lo primero que ve antes de abandonar su casa es el muro que han pintado sus vecinos, en el que se lee: “No al desarraigo, sí al Barrio Sur unido”.