Todas las encuestas conocidas sobre la propuesta de disminución de la edad de imputabilidad penal,* desde que comenzó la campaña de recolección de firmas para llevarla a plebiscito, indican que una parte muy considerable de quienes declaran su intención de votar al Frente Amplio (FA) también están de acuerdo con esa iniciativa. Los porcentajes han variado en los sondeos de distintas empresas, y en los más recientes parece registrarse una leve tendencia a su disminución, pero en todos los casos han sido elevados, de por lo menos 40%.
El FA es un partido “de centroizquierda”, dijo Tabaré Vázquez el 23 de abril, entrevistado por el programa “Código País” de Teledoce. Esto puede ser aceptado sin mucha discusión, tanto por la diversidad interna de esa fuerza política como por el perfil de su común denominador programático y por su desempeño en el ejercicio del gobierno. Pero también es bastante obvio que la propuesta de reforma constitucional que se votará el último domingo de octubre no es “de centroizquierda”, ni propia de orientaciones políticas pertenecientes a un sector de centroizquierda. Se trata de una típica iniciativa de derecha, que es y ha sido impulsada por sectores de derecha en muchos países, incluyendo al nuestro (más allá de que los derechistas uruguayos, por lo general, dicen que no lo son). Por lo tanto, es claro que el FA tiene un problema importante de coherencia entre su identidad política y las opiniones de quienes están dispuestos a votarlo.
¿Se trata sólo o principalmente de un problema de comunicación? ¿Es que la oposición del FA a esta iniciativa no ha sido transmitida con eficacia por los dirigentes frenteamplistas a sus simpatizantes? La respuesta es negativa: tanto Vázquez como su rival en las internas, Constanza Moreira, manifiestan con frecuencia su “no a la baja”, al igual que el resto de la plana mayor de los referentes del oficialismo, incluyendo al presidente José Mujica. Este factor explica muy probablemente parte de la mencionada tendencia a la disminución de los apoyos a la reforma entre votantes del FA, pero no ha sido suficiente para reducirlos en forma drástica.
¿Qué es lo que pasa, entonces? Quizás estén a la vista efectos de otra baja, que se ha producido de hecho y en forma sistemática durante décadas: la disminución de los requisitos básicos para que alguien se identifique con el Frente Amplio. En otras palabras, hace tiempo que los esfuerzos dedicados a la acumulación electoral superan con holgura a los de formación política. La conquista de expresiones de confianza en los candidatos del FA mediante el voto, le lleva mucha ventaja al cultivo de valores ideológicos que sustenten esa confianza.
Una de las consecuencias de ese desarrollo desigual de las dos tareas es que muchas personas apoyan listas frenteamplistas, pero no sienten, entre elección y elección, la responsabilidad de hacer algo para que se avance hacia los objetivos del FA, que no siempre conocen por completo y que no fueron necesariamente la causa de que optaran por sus candidatos. Otra consecuencia es que no perciben que exista una contradicción grave entre su voto frenteamplista y su respaldo, en algunas cuestiones nada menores, a propuestas de derecha como la de bajar la edad de imputabilidad penal (que no se ubica, por cierto, en el terreno de los gustos y creencias individuales de cada quien, ni puede considerarse independiente del modo en que se considera mejor regular, con criterios políticos, la convivencia social).
Una cosa es que se considere, en tiempos electorales, que cualquier motivo aislado para votar al FA es mejor que una opción por otros partidos, que no hay que hacerle ascos a ninguno de esos motivos, y que no se trata de tomarle un examen eliminatorio de frenteamplismo a cada ciudadano antes de aceptar su apoyo. Otra cosa muy distinta es que, contando con la confianza del mayor contingente de votantes del país, se desatienda o se relegue la labor de convertir a la mayor cantidad posible de esos votantes en personas más consustanciadas y comprometidas con las ideas que son la razón de ser del FA. Con independencia de lo que ocurra cuando se vote la propuesta de reforma constitucional, el problema seguirá presente y no podrá resolverse rápido ni con sencillez. Pero de resolverlo dependen la consolidación y el avance de los cambios que varias generaciones de frenteamplistas han procurado y procuran.
- Se emplea esta denominación abreviada por comodidad. La propuesta de reforma constitucional establece la posibilidad de castigar a personas con edades de 16 a 18 años aplicando disposiciones del Código Penal que actualmente sólo pueden corresponder a mayores de 18.