“Estamos cerrando un largo y duro proceso de 120 días trabajando en la relocalización de las 96 familias cuya vida corría riesgo por el estado ruinoso del complejo habitacional donde habitaban”, dijo la presidenta de la ANV, Cristina Fynn, al inicio de la conferencia que el organismo brindó de tarde, después del último desalojo. Fynn consideró “indiscutible el deterioro que presenta el edificio” e hizo referencia a “nuestra responsabilidad de adelantarlos a un problema que pudo haber tenido consecuencias imprevisibles sobre la vida y la seguridad de las personas”.
La presidenta de la ANV aclaró que la decisión tomada evaluó, además del riesgo estructural, “una situación general de mantenimiento, tenencia y gestión que se ha venido precarizando” y que, según dijo, es “fruto de una problemática que durante décadas no se ha podido resolver”.
Poniendo como ejemplo el “riesgo eléctrico” y el hacinamiento que se presentaba en el complejo, observó que “una familia de siete integrantes que vivía en una sola habitación fue realojada en una vivienda con los espacios adecuados a sus necesidades”. También se refirió a la solución que representó para muchos adultos mayores, que vivían en una “situación crítica” teniendo en cuenta que “durante años no habían podido salir de su vivienda por dificultades con la altura y las escaleras”.
Fynn hizo énfasis en el “enfoque cualitativo” que tuvo la estrategia de relocalización, que buscó “respetar derechos, condiciones sociales, culturales, económicas y jurídicas de los habitantes”. Al respecto, sostuvo que se atendió la situación de todas las familias “independientemente de su vínculo legal con el inmueble”, considerando que 33 de las 96 familias se encontraban viviendo allí en una situación irregular. A éstas “se les generó la oportunidad de incorporarse a un circuito formal de tenencia de vivienda”, teniendo en cuenta sus posibilidades: “La vivienda es un derecho pero también genera obligaciones”, observó.
“En estos procesos es muy difícil lograr el 100% de la conformidad de todos los núcleos familiares”, advirtió la jerarca, aclarando que en este caso “98% de las familias acordaron la relocalización en los plazos previstos”. Respecto de las familias que no acordaron, dijo que “no fue una decisión sencilla” hacer uso del recurso legal al desalojo, aunque recalcó que no fue necesario recurrir a la Policía.
“No somos insensibles a lo que significa tener una vivienda con vista al mar, el arraigo al barrio, la historia y la vida de la gente”, sostuvo y agregó que 56% de los núcleos optó por quedarse cerca de la zona.
Luego se proyectó un video que muestra las condiciones precarias del CH 20 -en cuyo predio se instalará un parque de acceso público- y algunas de las nuevas viviendas donde fueron realojadas las familias. Algunos testimonios de los vecinos que ya están reinstalados dan cuenta del cambio: “Se añora la vista al mar”, observa una señora, que luego dice que “hay que mirar para adelante”. Por otro lado, un vecino afirma: “No me importa tanto la vista, teniendo en cuenta lo que gané en vivienda”, y reconoce que “el precio estaba sobrevalorado”. “¿Quién no pasaba por ahí y veía que era la crónica de una muerte anunciada?”, se pregunta, por su parte, otro vecino.