El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y el titular de la Dirección Nacional de Energía de esa cartera, Ramón Méndez, presentaron la renuncia a sus respectivos cargos, aunque, según afirmaron fuentes vinculadas al Frente Ampio, hasta ayer de noche continuaban las gestiones en el gobierno para que ambos jerarcas siguieran desempeñando sus funciones.
La renuncia de estos jerarcas se produjo luego de que una asamblea de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazara una propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar un reclamo de los trabajadores de la cartera. El secretario general de este sindicato, Joselo López, explicó que los funcionarios del Ministerio de Industria, Energía y Minería habían acordado, en febrero, junto con las autoridades de esta secretaría de Estado, un convenio colectivo que incluía partidas que surgían de la división de un crédito de tres millones de pesos mensuales, generado principalmente por cargos vacantes. El crédito se dividía en 50% para aumentos para funcionarios profesionales “mal pagos” y 50% para repartir entre los demás funcionarios, con partidas de entre 5.000 y 1.000 pesos, según la antigüedad de estos trabajadores.
En abril, antes de la Semana de Turismo, Kreimerman les había dado a entender a los trabajadores que si el pago de las partidas no se concretaba por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), él se alejaría del cargo. Efectivamente, el pago no se concretó, y ayer la propuesta del Poder Ejecutivo, que fue rechazada por la COFE, consistía en reducir esas partidas en 50%. “Es lo que habíamos acordado en el convenio, pero nos propusieron rebajarlo a la mitad”, opinó Joselo López.
Ayer, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, declaró a Radio Carve que la discusión respecto del convenio llevó casi un año, por lo que supuso que “o no quedaron las cosas bien claras o hubo idas y venidas”. El jerarca opinó que “no debería haber una norma particular para Industria” de ajustes salariales, y que estas partidas no existen en otras áreas del gobierno. También sostuvo que “los funcionarios tienen que entender que no se puede caer en el igualitarismo” salarial respecto de la actividad privada, ya que en otras oficinas estatales “hay recursos por los que en el mercado laboral hay que pagar más”, como en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en la que hay funcionarios que “en el área privada cobran diez o 15 veces más de lo que cobran ellos”. En otras declaraciones al diario El País, sostuvo que el convenio fue ratificado por su cartera, y supuso que el pago no se concretó por tener “algunas observaciones de otras áreas de la administración”.
Fuentes del MEF expresaron que esta modalidad salarial “no estaba en los criterios que se han venido manejando hasta ahora”. En ese marco, aseguraron que existen criterios generales de cómo debe ser la gestión de los salarios públicos, y “las soluciones ad hoc no parecen ser las más adecuadas”. Según dijeron, la firma del convenio no había contado en su momento con el aval ni del MEF ni del Poder Ejecutivo.