Los 12 ediles del Frente Amplio (FA) y siete del Partido Nacional (PN) de Cerro Largo votaron en la Junta Departamental (JD) el pasaje a la Justicia penal del informe de la comisión investigadora que determinó varias irregularidades cometidas por la Intendencia de Cerro Largo (ICL), encabezada por Sergio Botana (PN). La JD también determinó el envío del tema a la Junta de Transparencia y Ética Pública, para que lo analice.
La comisión investigadora se formó después de denuncias realizadas por el edil nacionalista Hugo Saravia (independiente dentro del PN) y ediles del FA (ver la diaria del 17/04/14). Las irregularidades implican el traspaso de fondos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) destinó, mediante un convenio, para que la ICL construya un total de 67 viviendas mediante un programa de autoconstrucción. La comuna reconoció que utilizó fondos de la cuenta de ese convenio para, entre otras cosas, comprar 96 luminarias para el estadio municipal Arquitecto Ubilla, y según corroboraron los integrantes de la comisión investigadora, también “fueron utilizados en distintas oportunidades con fines ajenos” a los establecidos en el convenio. “Por ejemplo, en un momento la cuenta de 12 millones [de pesos] quedó en menos de un millón, y después lo repusieron. Lo usaban como caja chica, era una conducta habitual sacar fondos y reponerlos”, graficó Saravia (presidente de la comisión investigadora), que destacó que trimestralmente el intendente enviaba una declaración jurada de jerarca al MVOTMA en la que expresaba que los fondos “se han aplicado para los fines dispuestos y de acuerdo a los procedimientos administrativos y financieros establecidos legalmente”.
El convenio, firmado en setiembre de 2011, establecía un plazo de dos años prorrogable por única vez, y según Saravia el avance de las obras, según un informe de abril (la última información que les fue enviada), era de 9,8%. “Está más que vencido, el MVOTMA si quiere puede retirar el dinero y dejar sin casa a la gente, pero el compromiso de la directora de Vivienda [del MVTOMA, Lucía Etcheverry] fue buscar una solución”, explicó el edil. Saravia recalcó que en abril el titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, le pidió a Botana, por carta, que le envíe información sobre los movimientos de la cuenta bancaria del convenio, pero todavía no le ha contestado.
La comisión investigadora también determinó una irregularidad en relación a la Rendición de Cuentas sobre los gastos en salarios, ya que la comuna sólo ha entregado información sobre el gasto total en retribuciones, que aumentó 40% en 2011 respecto a lo presupuestado y 36% en 2012. “La gente en la calle dice que hay compensaciones de más de 100.000 pesos por mes, y el intendente se niega a dar la información a la Junta”, afirmó Saravia.
En el informe de la comisión se deja constancia de que se citó dos veces a los directores de Personal, Hacienda y Sociohabitacional de la comuna, haciendo referencia al artículo 268 de la Constitución, que establece la obligación de dar información a la Junta Departamental, pero ninguno concurrió, así como tampoco respondieron a los pedidos de información. “Nosotros no pudimos cumplir con nuestra función de contralor ante la negativa del intendente, y entonces pensamos en quién los podía citar, y por eso pasamos a la Justicia y la Junta anticorrupción”, concluyó Saravia.