El presidente José Mujica no descartó la posibilidad de que el mercado ilegal de la marihuana esté incidiendo en la campaña electoral. “Yo no sé si la marihuana no está participando en la campaña electoral”, dijo el viernes en una entrevista concedida a Associated Press. “Nos estamos ganando adversarios económicos importantes, y no sé si eso no está pasando. Tengo mi desconfianza”, agregó.
El mandatario también aseguró que la reglamentación de la norma que entrará en vigencia mañana “es más dura y menos permisiva con los compradores de cannabis en comparación con la ley estatal de Colorado”, donde las autoridades “le pierden el rastro al que compra”. “Nosotros no vamos a fomentar la fumata, la bohemia, todo eso que quieren revestir de inocuo. Nos tratarán de viejos reaccionarios, pero ésa no es una política que busque expandir el consumo de la marihuana. Lo que busca es mantenerlo dentro de una racionalidad”, aseguró.
Sin embargo, dijo que sería “flor de lío” que los productores clandestinos de Paraguay, mediante el narcotráfico, compitan con una marihuana más barata que la que se comercializará legalmente en el país. “Algún jerarca de Paraguay ya nos ha hecho llegar el mensaje de que ellos van a seguir vendiendo y de que Uruguay nunca va a poder producir al costo al que producen ellos”, dijo.
Algoritmos
Las declaraciones de Mujica se produjeron el mismo día que el gobierno presentó el decreto reglamentario de la Ley 19.172, de regulación del mercado del cannabis.
En total son 104 artículos en los que se regulan todas las etapas y diferentes modalidades del proceso productivo. El consumo del cannabis podrá hacerse en tres modalidades mutuamente excluyentes: mediante la compra en farmacias autorizadas para la venta de la sustancia, por medio de un cultivo propio o por los clubes de membresía. Todas implican la inscripción en el Registro del Cannabis del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Los consumidores podrán comprar hasta diez gramos semanales en la farmacia, y la venta no podrá superar los 40 mensuales. Según dijo el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, se utilizará un software elaborado por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) para el registro y la posterior comercialización de la sustancia, que evita comprometer los datos personales de quien se inscribe, mediante un sistema de lectura de huellas dactilares y algoritmos con los cuales se identificará el consumidor. “Hay que aclarar que quedará registrado el algoritmo y no la huella”, explicó.
El Ircca otorgará hasta seis licencias para las empresas interesadas en la plantación de cannabis, por un máximo de dos hectáreas cada una, y se estima que la plantación total llegará a las diez, en las que se cosechará un total de entre 18 y 22 toneladas.
En casa hasta las seis
Respecto del cultivo doméstico de cannabis (autocultivo) se establece que no debe superar las seis plantas con efecto psicoactivo por “casa habitación” ni los 480 gramos de cosecha anuales. El texto establece que “no se podrá realizar más de un cultivo doméstico en una misma casa habitación, sin importar la composición del grupo familiar ni la cantidad de personas que habiten en la misma”. La redacción también regula que las semillas o esquejes de la planta producidos por los propios cultivadores domésticos o clubes de membresía sólo podrán ser destinados a sus propios cultivos.
A estos clubes se les exige formarse como asociaciones civiles, por lo que deberán tramitar sus estatutos y el reconocimiento de su personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura. Con un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios, podrán cosechar hasta 99 plantas de cannabis y su producción no podrá superar los 480 gramos anuales por socio. Además, deberán tener un “responsable técnico” que controle el cumplimiento de la normativa relativa al proceso productivo y responda ante los pedidos de informaciones del Ircca.
El decreto también dictamina que quienes tengan afectada su “capacidad” debido al consumo de cannabis se encuentran “inhabilitados para conducir cualquier categoría de vehículos que se desplacen en la vía pública”. Las sanciones serán similares a las estipuladas para el consumo de alcohol. Se establece que se encuentra “prohibido fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de trabajo” o “durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden del empleador”. Al mismo tiempo, se prohíbe trabajar “cuando el trabajador tenga afectada su capacidad para la realización de sus tareas, debido al consumo previo de cannabis psicoactivo”. El texto establece que en el marco de las comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo “se acordarán e implementarán controles aleatorios no invasivos de carácter preventivo adecuados a la realidad de la empresa”. Estos controles podrán ser dispuestos por el empleador, si existe una previa comunicación a la comisión bipartita de seguridad y salud o la organización sindical de base. Si se comprobara la existencia de THC en el “organismo del trabajador, éste deberá suspender sus tareas, y si el empleador lo dispone, retirarse del lugar de trabajo”. Además, las autoridades podrán prohibir el ingreso de personas bajo los efectos de THC en centros educativos o espectáculos.
No está todo bien
Si bien la aparición del decreto reglamentario ha sido presentada como un avance para algunas organizaciones sociales, las primeras críticas no tardaron en aparecer. Laura Blanco, presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) cuestionó que se limite el cultivo doméstico a seis plantas, sin importar la cantidad de personas que habitan en cada hogar. “No me parece muy lógico”, sostuvo. También criticó la excesiva regulación con respecto a los clubes de membresía. “Creo que el proyecto trata de aniquilar el autocultivo y los clubes”, disparó. Según explicó, AECU había advertido que los costos de llevar adelante un club de membresía con “todo en regla” eran altísimos para dividir entre 45 personas, por lo que habían planteado compartir los costos fijos creando lugares de cultivo en los que coexistan varios clubes. Por último, cuestionó que las empresas que se encarguen de la cosecha para ser distribuida en las farmacias podrán producir y dispensar semillas y esquejes de la planta, pero eso no lo podrán hacer los autocultivadores. “Han tratado de aniquilar todo lo que tiene base social y que implica la libertad del usuario de elegir lo que consume. Estas limitaciones son propias de un gobierno que no es socialista. Le están dando el poder a cuatro o cinco empresarios”, aseguró. Proderechos criticó, por medio de Twitter, que existan “nulos incentivos positivos”, y “demasiados requerimientos” para que se registren los autocultivadores.