Se conoció ayer que la jueza Annabel Gatto de Souza procesó con prisión a cinco personas por el caso, en el que tomó declaraciones a más de 20 durante todo el día en Rivera (ver la diaria de ayer). Del resultado de la actuación judicial trascendió que fueron procesadas con prisión tres personas (que trabajaban como camioneros) por el delito de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo (Ley 17.815, artículo 4º), mientras que el padre de una de las adolescentes fue procesado también con prisión por el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. La madre fue procesada por el mismo delito que el hombre pero sin prisión. Las dos adolescentes víctimas de explotación sexual comercial son primas. Una de ellas quedó a cargo de una hermana y la otra de la madre adoptiva. Además, del caso se conoció que el padre ahora procesado ya lo había sido previamente por abuso a un miembro de su familia.
Hasta la tarde de ayer, la sede Judicial no había indicado instrucciones al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), según dijo a la diaria el director de la institución, Dardo Rodríguez, quien destacó que no hubo orden de internación ni solicitud de intervención de un equipo técnico.
Enredados
“El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a 12 años de penitenciaría”, dice el artículo por el cual fueron procesados los tres hombres que fueron identificados como “clientes”.
Sobre el procesamiento, consultada la abogada Alicia Deus, de Infancia, Adolescencia y Ciudadanía (Iaci), dijo que resulta “una buena noticia” porque es “la forma de terminar o intentar terminar con la demanda, que sería el principal enemigo, porque detrás de ella se tiende a invisibilizar al cliente”.
Sobre la valoración de si este caso involucra a una red o no, Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, dijo: “¿Qué es una red? La asociación para delinquir se tipifica como tres o más personas que se reúnen con un fin delictivo. Acá estaba la madre, el padre y llevaban a las gurisas a una especie de parada de ómnibus en la ruta. ¿El dueño del establecimiento? Es increíble que no estuviera al tanto de la situación. Estas formulaciones de sacar la palabra ‘red’ del medio le quita peso al delito y lo deja como ‘cosas de los padres’. Yo escuché que dijeron que una de ellas ‘se estaba prostituyendo desde los 11 años’ y también escuché: ‘Se prostituyen con consentimiento’. Y contesté: ‘No, el consentimiento no tiene nada que ver y es irrelevante desde el punto de vista jurídico y etimológico, y la prostitución de niños y adolescentes no existe. Ésa es la forma de poner la responsabilidad en la víctima y quitar responsabilidad al perpetuador; invisibilizar el tema’. Es convertir a un niño o adolescente en una cosa”.
“Si la Policía actuara en defensa de los derechos humanos tendría vigiladas a estas personas. Si transitan de pueblo en pueblo teniendo estas prácticas, yo tomaría acciones. En este caso están involucrados camioneros y no es por estigmatizarlos; hay ritos que son parte del camino. Uno de ellos es consumir sexo por dinero”, dijo Purtscher y continuó: “En algún momento algo se rompió. Ahora este fenómeno [por la explotación sexual comercial] va tomando otra dimensión, hay una sobrevaloración del cuerpo, de la erotización de los cuerpos de los niños. Estas cuestiones se agravan en un mundo de consumo. Entonces es un tema que debe abordarse desde distintos puntos de vista: económico, de desarrollo y de género”.