El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT publicó ayer una declaración en la que analiza la situación generada a raíz de las denuncias de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre golpizas y torturas en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Aseguran que éste es “un tema muy sensible y sentido para el movimiento sindical”, recuerdan que están comprometidos con el desarrollo e inserción social de los menores infractores y reafirman su postura en contra de la baja de la edad de imputabilidad. “En sintonía con la posición” del sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), “repudiamos cualquier violación a los derechos humanos de los menores infractores que están en reclusión; y en la medida de que se comprueben las denuncias, seremos los primeros en exigir las actuaciones correspondientes hacia los responsables”, señala la declaración. Más adelante, manifiestan un “profundo respeto por el accionar y el rol” de la INDDHH, y a la vez señalan “el apoyo a la gestión de las autoridades del Sirpa, con las cuales hemos trabajado estrechamente en los diseños y planes de inserción laboral de los menores infractores”. Agrega que les consta “la preocupación y el empeño de las autoridades por el desarrollo de educación y trabajo para la población reclusa”, y en ese sentido expresan “claramente que no compartimos la solicitud de renuncia de las autoridades del Sirpa, autoridades que lograron avances sustanciales en lo que, a nuestro entender, es el camino correcto para enfrentar esta problemática, hija de la aplicación a ultranza de las políticas neoliberales que llevaron a miles de compatriotas a la exclusión social y a la desesperanza”. Ielsur y más de 30 organizaciones sociales vinculadas a la infancia y los derechos humanos, entre ellas Familiares de Detenidos Desaparecidos, Serpaj y el Comité de los Derechos del Niño, emitieron una declaración a fines de abril en la que respaldan a la INDDHH y piden la renuncia de la dirección del Sirpa, hoy en manos de Ruben Villaverde.
La Juventud Socialista también discutió la situación y aprobó el lunes una declaración en la que considera “sumamente preocupante” lo planteado en el informe de la INDDHH. “Estamos absolutamente en contra de maltratos ya sea psicológicos o físicos”, asegura el texto, y remarca el respaldo a la institución, que tiene un “rol fundamental para poder detectar abusos y violaciones a los derechos humanos. Las recomendaciones que señala el informe deben ser tomadas por las autoridades del Sirpa”.
La directiva de Ir, sector del Frente Amplio que integran Alejandro Zavala y Macarena Gelman, entre otros, también analizó la situación y marcó su postura. En un comunicado publicado el lunes, señalan que como frenteamplistas “nos resulta inadmisible que se intente matizar o deslegitimar las denuncias”, y plantean que hay “un solo camino: abogar para que se investiguen a fondo”. También marcan un claro respaldo a la INDDHH “como herramienta indispensable para contribuir a terminar con las violaciones a los derechos humanos en el seno del Estado”. Destacan la actitud de los funcionarios que han hecho denuncias y señalan que las conclusiones de las investigaciones “deben tener efectos concretos sobre los responsables, sean éstos funcionarios, autoridades de carrera o políticas”.