La jueza de 1er Turno de Pando, Isaura Tortora, convocó para hoy una audiencia en el marco de la causa sobre denuncias de maltratos y torturas en el centro Ser de Colonia Berro. Según informaron a la diaria fuentes judiciales, hay siete personas citadas a declarar, entre ellas funcionarios, internos y dos autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Una de ellas es la directora del centro, Jessica Barrios, quien debe comparecer en calidad de indagada. Barrios solicitó una licencia reglamentaria por 30 días hábiles, pero en ámbitos de gobierno se asegura que no volverá a su cargo. En su lugar ocupa la dirección el funcionario AA, también denunciado por golpizas a jóvenes en el centro.
Las fuentes judiciales indicaron que habrá un careo entre Barrios y el funcionario denunciante, José Márquez, quien trabajó en el Ser hasta el año pasado. Márquez también está citado a declarar este viernes como denunciante en el marco de las investigaciones internas que lleva adelante el Sirpa, nueve meses después de formular las denuncias, confirmó el ex funcionario a la diaria.
También hoy, en la mañana, la comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes visitará los hogares de la Colonia Berro. En su transcurso no se permite la presencia de la prensa. La comisión fue la que recibió en primera instancia el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que denunciaba hacinamiento, malos tratos y torturas en algunos centros del Sirpa. Luego el tema llegó al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que en Uruguay desempeña la INDDHH.
La ONU produjo un informe crítico con la situación de reclusión de niños y adolescentes en Uruguay. El gobierno, mediante un comunicado del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sirpa, aceptó la semana pasada estudiar una de las varias recomendaciones formuladas, referida a la creación de un sistema independiente que se encargue de las investigaciones sobre malos tratos, ya que actualmente las lleva adelante el propio Sirpa. “El Directorio del INAU (con el conocimiento y acuerdo de la Comisión Delegada del Sirpa) está dispuesto a llevar adelante esta recomendación, buscando información sobre las experiencias existentes en otros países, qué evaluación se hace de las mismas, cómo evitar la superposición con los ámbitos existentes, así como con las normas que regulan la Administración Pública”, informaron las autoridades en el comunicado. Agregaron que, en forma complementaria, se estableció un acuerdo marco con Bélgica “para la formación de funcionarios en distintas áreas, con énfasis en la mediación y la resolución no violenta de conflictos”.
En otra comisión
Por este mismo tema ayer concurrió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), organización integrante del Comité de los Derechos del Niño. Luis Pedernera, de Ielsur, explicó a la diaria que propusieron que se conforme un sistema independiente para las investigaciones de malos tratos, en la línea de las recomendaciones de la ONU. Sugieren que esté integrado por el Sirpa, la INDDHH y ONG vinculadas a los derechos humanos y la niñez.
El Comité destacó algunas mejoras en materia de infraestructura de los centros de reclusión y en materia de participación de los niños y adolescentes en actividades educativas. Cuestionó que no existan planes por escrito en los centros, con definición de objetivos y actividades, lo que habilita la discrecionalidad de las autoridades de turno. También hay discrecionalidad a la hora de seleccionar a qué centro de reclusión van los jóvenes, ya que son las autoridades las que eligen, sin seguir un criterio común.
Señalaron que desde fines de 2012 hay “mucho temor y presiones” a funcionarios, a los jóvenes y a sus familias para que no denuncien situaciones de malos tratos, según relató Pedernera. Hicieron notar que la mayoría de los funcionarios que denunciaron situaciones de este tipo fueron despedidos o trasladados, y que se utiliza como sanción no permitir las visitas al centro de la familia del joven sancionado, algo expresamente prohibido por el Código de la Niñez y la Adolescencia.
También denunciaron falta de respeto a la privacidad de los jóvenes. “A las adolescentes mujeres se les dice que sólo pueden escribir tres cartas por día. Preguntamos por qué y se nos dijo que era porque no había tantos funcionarios para leer la correspondencia”, contó Pedernera. Los parlamentarios de la comisión hicieron preguntas -los de la oposición- pero no emitieron valoraciones sobre la situación.