Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 2º Turno que revocó el fallo del juez Javier Gandini, quien había procesado con prisión por el delito de explotación sexual comercial al empresario de Maldonado, Javier Moya (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/6/en-pedazos/), según pudo saber la diaria, la fiscal Sabrina Flores no atenderá más en el caso y fue reemplazada por Adriana Umpiérrez, quien tiene 15 días de plazo legal para presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, o bien no expedirse sobre el asunto. Umpiérrez explicó que si toma el segundo camino, “la sentencia queda firme” y si toma el primero, sería la SCJ la que tendría que resolver, y aclaró que solicitó el expediente al TAP para estudiarlo.
Ayer, el Comité Nacional de Erradicación de Explotación Sexual Comercial (Conapees) emitió un comunicado en el que convoca a un “análisis crítico de lo sucedido y a un pronunciamiento expreso de todas aquellas instituciones y organizaciones que trabajan en función de garantizar la efectiva protección de los derechos humanos y particularmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
El comunicado sostiene que resulta “inadmisible” para el Conapees la sentencia 156 del TAP en relación al tema y encuentra “absolutamente pertinentes las acusaciones desarrolladas por el Dr. Javier Gandini y la fiscal Sabrina Flores que fundamentan en forma contundente en el fallo en Primera Instancia” en relación a la vinculación del empresario con los giros de dinero y sus destinos, “lesionando el bien jurídico protegido por la ley 17.815”. El comunicado también sostiene que “la teoría del error esgrimida por la mayoría del Tribunal es rebatida por los hechos enumerados en la Primera Sentencia y en la Fundamentación del Ministro Discordante Dr. Daniel Tapie confirmando la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad del imputado”.
A todo lo anterior, el Conapees advierte con “preocupación” encontrar en el texto de la sentencia redactada por el ministro José Balcaldi “gravísimas afirmaciones estigmatizantes de la víctima cargadas de conceptos machistas, patriarcales y la adjudicación de capacidad de engaño que evidentemente no posee en su contexto, ni comprenda la situación de exposición e indefensión de la víctima, lo que impide que su testimonio no sea condicionado”.
la diaria intentó comunicarse con los ministros Balcaldi, William Corujo y Daniel Tapie, pero desde su secretaría se respondió que no harán declaraciones a medios de comunicación sobre este tema.
Consultado sobre el asunto Luis Pedernera, coordinador del Comité de Derechos del Niño, dijo que estaba al tanto de la sentencia y que se encontraba trabajando para participar en la sesión que se realizará la próxima semana en Ginebra, para la evaluación de protocolos relativos al tratamiento de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.
Desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Andrea Tuana dijo a la diaria: “Estamos indignados con la sentencia. Es un retroceso y es una señal para explotadores sexuales”, ya que “saldrían impunes aduciendo que fueron engañados”. Calificó la sentencia de “temeraria” y sostuvo que “está mostrando que en nuestro país no hay justicia para nuestros niñas, niños y adolescentes”.
Sobre la problemática de la explotación sexual en Uruguay dijo que está instalada en la sociedad y que el gobierno no ha prestado la atención necesaria al tema, ni destinado fondos suficientes para enfrentar las carencias del sistema judicial y la Policía en el abordaje. Además, dijo que existen “serias carencias en la atención de víctimas que permitan desvincular a las adolescentes de este delito”, ya que se extendió una creencia de que “son prostitutas y están trabajando”. “Faltan programas de educación para poder tomar conciencia del delito”, sostuvo.