Ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) se realizó una actividad denominada “Café de la memoria”, para recordar el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Fue en el Espacio Cantina de la institución, y se proyectaron imágenes del fotógrafo de El Popular Aurelio González, quien contó sus experiencias de aquellos días.
González dijo que fue “un testigo privilegiado” de esos hechos y que pudo “documentar” toda “esa historia”. Calificó a la dictadura como “cívico-militar” porque también estuvo integrada por civiles, y contó sus recuerdos sobre la noche de la última sesión del Senado. Cuando González y los senadores salieron del Palacio Legislativo vieron que se encontraba rodeado de soldados que apuntaban con sus armas. Como no tenía la luz suficiente para fotografiar el despliegue, González se quedó “dando vueltas” toda la noche hasta que amaneció; entonces volvió al lugar a sacar fotos. Contó que había una tanqueta que apuntaba a la puerta del Palacio, y cientos de soldados “cuerpo a tierra” con ametralladoras. Luego relató anécdotas de la huelga general que declaró la Convención Nacional de Trabajadores en contra de la dictadura.
El panel principal de la actividad contó con la presencia de la jueza Mariana Mota, Macarena Gelman, Carlos Marín y Diego Aguirrezabal, estos dos últimos integrantes del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF).
Marín expuso sobre los espacios represivos de la dictadura, un trabajo que está elaborando el GIAF para “historizar con la materialidad”. Mostró un mapa del “paisaje represivo” de Uruguay durante la dictadura, en el que figuran cárceles, cuarteles, comisarías y centros clandestinos de detención como el “300 Carlos o La Tablada”, donde ya se han hechos “trabajos arqueológicos”.
Para el español Marín, en Uruguay los lugares represivos están poco marcados en comparación con otros países, y anunció que las fosas cavadas en el Batallón 14 de Toledo, donde el GIAF “exhumó” los restos de dos personas que permanecían desaparecidas, se van a “convertir en un museo”.
Por su parte, Aguirrezabal expuso sobre la historia y el trabajo del GIAF, “que ha ido zigzagueando según el contexto político” y cambiando por “el interés concreto del grupo”. Contó que desde 2005, cuando se creó por iniciativa del Poder Ejecutivo, “no había una forma de trabajo concreta” ni protocolo. “Eso cambió y ahora hay una continuidad del trabajo”, agregó.
La jueza Mota, por su parte, habló sobre problemas que la Justicia “venía arrastrando” desde antes de la dictadura en materia “de vulneración de derechos”. “Las situaciones sociales, económicas y políticas complejas se fueron resolviendo con medidas prontas de seguridad, y eso chocaba continuamente con un Poder Judicial que enfrentaba esas vulneraciones”, dijo.
La respuesta del Poder Ejecutivo fue “maniatar” al Poder Judicial con la Ley de Seguridad del Estado, que agrega delitos calificados como “militares” y “sometidos a la jurisdicción militar”, añadió.
Mota expresó que, desde ese momento, las Fuerzas Conjuntas, militares y policías “detenían, enjuiciaban y decidían las penas por fuera de un debido proceso”. “Partimos de que la vulneración de los derechos humanos se dio desde el aparato del Estado”, afirmó Mota, y criticó el fallo del Tribunal de Apelaciones que liberó al policía Ricardo Zabala con el argumento de que “no tenía noción de adónde llevaba al maestro Julio Castro”, quien terminó asesinado y enterrado en el Batallón 14. Para Mota, “es un desconocimiento del contexto que había. El aparato que funcionaba en pro de esa represión institucionalizada por la ley era parte del Estado, y se sabía perfectamente quién iba a hacer qué”. Para Mota, ese fallo “es como leer la actuación de un militar en el día de hoy y no en esa época en la que Zabala participaba en una actividad sistemática cometida por personas que trabajan para el Estado”.
Mota afirmó que la declaración, por parte de la Suprema Corte de Justicia, de inconstitucionalidad de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, “más allá del mensaje muy malo que deja, no debería haber obstaculizado la continuación de las actuaciones judiciales en esa materia”.
Por su parte, Gelman contó, frente a un público compuesto mayoritariamente por jóvenes estudiantes universitarios, la historia de su vida y los 23 años que vivió sin conocer su verdadera identidad. Para Gelman, la “resistencia por excelencia” en estos temas “ha sido la memoria”, llevada adelante por “pequeños colectivos”. Por último, pidió a los presentes seguir manteniendo “la memoria” mediante actividades similares y continuar luchando por verdad y justicia.