Un informe presentado el martes por organizaciones sociales uruguayas en el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, denuncia los malos tratos y torturas en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). El documento, elaborado por el Comité de los Derechos del Niño-Uruguay (una coalición de organizaciones sociales que monitorea el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño) señala que el Comité ha recibido denuncias y testimonios “de prácticas de requisas, tactos vaginales, prácticas que organismos de derechos humanos han condenado y equiparado a una violación”.
El informe asegura: “No existe una política determinada a revertir tales prácticas. Lo habitual es desacreditar la posibilidad de que lo que el adolescente denuncia sea verdad y generalmente las autoridades de los centros apelan a descalificar el testimonio”. Añade que en general los sumarios contra funcionarios culminan “sin ninguna consecuencia sancionatoria para el denunciado, alentando la impunidad y la reiteración de estas conductas”, y cuestiona que no sean prácticas extendidas la separación del cargo de los denunciados y su reubicación en puestos con mínimo contacto con los adolescentes.
En caída
En términos generales, el informe señala que en relación a los últimos cambios legislativos (el aumento de las penas, el mantenimiento de los antecedentes y la penalización de la tentativa de hurto, entre otros), la opinión pública y las señales del sistema político (que ha “acompañado las demandas de punitividad”) muestran una “clara tendencia” a querer “profundizar el debilitamiento de los derechos reconocidos por el Código de la Niñez y Adolescencia” y “reforzar el enfoque punitivo” en la niñez y la adolescencia. “Este contexto, caracterizado por una excesiva punitividad, determina fuertemente algunas de las cuestiones que observamos en el recorrido por los centros de detención y de privación de libertad”, señala. El informe también augura que el eventual triunfo de la reforma constitucional por la baja de la edad de imputabilidad en octubre “comprometería seriamente los derechos de los adolescentes en el país”.
Sobre la creación del Sirpa, el informe menciona preocupación porque todavía no se conocen “planes de trabajo y sólo anuncios o iniciativas puntuales”. También menciona que la contratación de nuevos trabajadores se ha hecho “rebajando requisitos”, incluso exigiendo sólo primaria completa, lo contrario a lo que planteó como observación el Comité en un informe de 2007.
El documento destaca que la privación de libertad es la sanción “más utilizada por los jueces” y agrega que es “altamente preocupante su utilización como medida cautelar”. Señala que hace más de 20 años los distintos gobiernos “no han sabido resolver” las condiciones en las que se priva de libertad a los adolescentes. Detallan como problemas estructurales la ausencia de planes y programas por centro y personalizados para cada adolescente, el encierro -que supera en la mayoría de los centros las 20 horas-, la nula inserción comunitaria y la medicación psiquiátrica suministrada como mecanismo de control “y para sobrellevar el encierro. y no como tratamiento a temas de salud”.
Otra preocupación manifestada en el informe refiere al “alto número de detenciones policiales” a niños, en particular en operativos realizados cuando los niños y adolescentes “se encontraban dirigiéndose hacia o en actividades en el marco de los proyectos de trabajo que mantienen con diferentes organizaciones del Estado”, de las que nombra al Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y la Intendencia de Montevideo. Según el informe, estas detenciones “distaron mucho de hacerse con las garantías” necesarias: “Fueron detenidos por su aspecto y en el marco de esa detención en la vía pública fueron destratados física y verbalmente”. Las denuncias también abarcan el trato en las seccionales: “Tenemos testimonios creíbles de detenciones y prácticas de tortura de adolescentes sospechados de haber cometido delitos y más recientemente de niños y niñas en situación de calle que han llegado a denunciar golpizas y prácticas de tortura que incluyen la modalidad conocida como submarino seco y húmedo”. Las denuncias ante la Justicia y el Ministerio del Interior “son lentas y muchas veces no avanzan en determinar responsabilidades”, advierten. El Estado uruguayo deberá responder y presentar su informe oficial, ante el Comité de la ONU, en enero.