La Cooperativa de Trabajadores de Vitivinicultura del Norte (Cooptravinor) se formó en junio de 2013, seis meses después del cierre de Calvinor, con 20 trabajadores de la bodega. Desde agosto la cooperativa se ha hecho cargo de la custodia de la unidad productiva, en verano consiguió los recursos para poder hacer la vendimia, y actualmente los trabajadores están podando para mantener la viña en condiciones. Sin embargo, los cooperativistas sienten que todo este trabajo puede venirse abajo, porque el remate judicial de la unidad se llevará a cabo en las próximas semanas y desde hace unos días la alternativa que habían elaborado en conjunto con el Fondo de Desarrollo (Fondes) dejó ser viable.
El Banco República tiene una hipoteca sobre la unidad productiva, que se compone de 264 hectáreas y varios edificios, de alojamiento y de la bodega. El trámite judicial corre en el Juzgado Letrado de Concurso de 1er Turno, a cargo de la jueza Teresita Rodríguez Mascardi, quien en primera instancia marcó como fecha tentativa para el remate el 18 de junio, aunque luego se postergó para el 30 de junio.
En marzo los cooperativistas presentaron al Fondes el proyecto que elaboraron con el apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), que también los respaldó al momento de formación de la cooperativa. En el proyecto planteaban que necesitaban 1.800.000 dólares para capital de giro e inversiones iniciales, y en una segunda etapa solicitaban 2.000.000 de dólares para la compra de la unidad.
Según explicó a la diaria Enrique Machado, presidente de Cooptravinor, las autoridades del Fondes les habían planteado que no podían otorgar esos recursos para ese fin, pero que “estarían dispuestos a colaborar en comprar la tierra, para que quedara en manos del Estado, y que el Estado cedería el uso a la cooperativa”. La gestión venía encaminada en este sentido hasta la semana pasada, cuando la dirección técnica del Fondes desestimó esta alternativa. “Lo que se había conversado ya no está sobre la mesa”, dijo Machado. la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con las autoridades del Fondes.
La argumentación del Fondes apuntaba a que la inversión a realizar no era redituable pensando únicamente en la producción de la bodega, pero los trabajadores alegan que en su proyecto plantearon otro tipo de explotación para la unidad, no sólo la vitivinícola. En una segunda etapa prevén la explotación, en asociación con otras cooperativas, del agua termal que se comprobó que existe en el subsuelo del predio, y la inversión en conjunto con Alur para la plantación de granos.
Sin los fondos para el remate, “todo eso se podría caer”. “Estamos a disposición de que venga un privado y compre”, lamentó Machado. Los trabajadores no entienden el cambio de postura, porque, además del esfuerzo que han realizado desde el cierre, el gobierno también ha invertido en esa línea de trabajo. El BROU pagó 100.000 dólares a la cooperativa por la custodia del bien, el Poder Ejecutivo prorrogó el seguro de desempleo para los trabajadores hasta agosto, y la Corporación Nacional para el Desarrollo dio el visto bueno al proyecto mediante un estudio de viabilidad respecto del plan de negocios.