Subsidiar la exportación de ganado sería una de las alternativas que analiza el gobierno ante la caída de precios que afrontan los productores, producto a su vez de acuerdos entre la mayor parte de los frigoríficos. ¿Se justificaría esa medida?
Si hubiera suficientes compradores en el exterior, cosa que no es evidente, el subsidio aumentaría los precios del ganado vacuno porque los industriales, si tienen suficientes negocios, deberían ir atrás de esos precios para captar su materia prima.
En primer término, y lo principal: si el problema es la existencia de acuerdos de la mayor parte de la industria frigorífica para rebajar los precios, la medida no cambiaría la situación de base, que es la concentración de la propiedad en esa industria, la mitad de ella controlada por empresas internacionales que han comenzado a proveerse parcialmente de su propio ganado gordo.
En segundo término, el subsidio a la exportación de ganado bajo la forma de exoneraciones temporales de impuestos y tasas significa una transferencia de los contribuyentes a los ganaderos. Afortunadamente estos últimos no atraviesan una coyuntura climática, sanitaria o de mercado que afecte su negocio. Por el contrario, los resultados económicos de la actividad siguen siendo relativamente buenos si se los compara con la serie histórica, aunque menores que los de hace un par de años.
En tercer lugar, la medida es indiscriminada, subsidia a todos los ganaderos que tienen las categorías que pueden llegar a exportarse, y reduce el valor agregado local al no industrializarse el ganado y sus subproductos (cueros y otros).
Es destacable que se trataría una medida excepcional, ya que no hay intervención en otros mercados, en general más concentrados. El de la cebada es uno de ellos: tiene dos compradores, uno de ellos es dominante, y la inmensa mayoría de la cerveza que se vende es producida por una sola empresa. En otros rubros altamente concentrados predominan las empresas internacionales.
La producción de carne vacuna es la principal cadena productiva del país, y por eso es fundamental que tenga el entorno más favorable posible. Entre otros factores, ahora sí puede justificarse la plena apertura a las exportaciones de todas las categorías de ganado vacuno.
En definitiva, la transferencia de ingresos de los contribuyentes a los exportadores de ganado en pie no resolvería el problema derivado de acuerdos entre los industriales, aunque podría incrementar temporalmente el precio del ganado para faena. Si no se tratara sólo de plantear una amenaza, y efectivamente se lograra exportar ganado en pie, habría un costo fiscal injustificado y disminuiría el valor agregado sin que se resolviera la cuestión principal.
Es necesaria una política más general para hacer frente a la concentración y extranjerización de la propiedad que caracterizan actualmente a la agroindustria, el agrocomercio y en gran medida al agro, cuando esas características no van en el sentido del desarrollo nacional. Pero estamos lejos de siquiera debatir esa política, y los remienditos como el que se estaría evaluando, no se justifican.