La intención es que se concrete este año y marque el inicio de una nueva línea de trabajo, prevista como parte de las actividades que puede realizar la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), consistente en organizar mesas temáticas de análisis e intercambio con la participación de la sociedad civil, la academia, el Estado y otros organismos vinculados de una u otra forma con el eje propuesto. “En el directorio de la institución hemos alcanzado un consenso en cuanto a realizar este tipo de actividades”, explicó una de las integrantes, la abogada Ariela Peralta. Dijo que tras esta primera conclusión se resolvió que abrirán esta modalidad sobre el tema de las fumigaciones en general y la situación de Guichón en particular.
Si bien ésa será la convocatoria, no está definido aún si el evento será en la propia localidad sanducera o si, por ejemplo, se regionalizará el debate y se le solicitará apoyo a la Regional Norte de la Universidad de la República, para que sea la sede y participe en la coordinación. Tanto Peralta como Juan Faroppa, otro de los directores de la INDDHH, indicaron que la fecha se determinará una vez que estén prontos los informes que lleva adelante la institución a partir de las denuncias y pedidos de intervención de vecinos organizados de Guichón y de dos zonas de Canelones.
“Hemos pedido información a todos los organismos que tienen competencia. Hasta ahora recibimos respuesta de algunos de ellos, mientras que otros no lo han hecho aún, por lo que reiteramos la solicitud”, resumió Peralta. Los datos requeridos van desde la normativa vigente hasta las actuaciones cumplidas por las dependencias ante denuncias, y las medidas que se han tomado al respecto, entre otros. Agregó que la INDDHH está “empezando a procesar el material reunido”, mientras aguarda las devoluciones de aquellas dependencias que aún no se han pronunciado.
Cumplida esa etapa, la INDDHH sacará conclusiones y eventualmente formulará recomendaciones a los organismos públicos involucrados. Faroppa adelantó que a futuro la idea es que estas mesas de intercambio pongan el foco en otros temas que por su magnitud e impacto así lo ameriten.
Desde el vamos
La preocupación social por el efecto de las fumigaciones de cultivos transgénicos se había incluido en la agenda de la INDDHH incluso antes de que los vecinos de Guichón lo solicitaran formalmente, el 29 de abril de 2013. En la memoria de la Primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos, celebrada el 18 de marzo de ese año en el Palacio Legislativo, se presentó en la sesión plenaria final un informe elaborado por una comisión sobre Desarrollo y Medio Ambiente, creada en la oportunidad.
En ese contexto el grupo de trabajo destacó tres actividades económicas que “representan grave amenaza para nuestros bienes naturales”. La primera de ellas es la de “agronegocios de transgénicos con uso abusivo de agrotóxicos”, que causan “envenenamiento de nuestras poblaciones y recursos hídricos. Se fumiga con aviones y ‘mosquitos’ sin respetar distancias a ríos y arroyos, barrios, escuelas, afectando gravemente la calidad del agua, la salud de niños y adultos, y exterminando polinizadores como abejas y mariposas”.
Un par de meses después se organizó la Segunda Asamblea Nacional. Fue el 31 de mayo de 2013, en la Casa de la Cultura de Maldonado. Allí el Consejo Directivo detalló cuáles habían sido los ejes en los que se había trabajado, priorizando entre ellos el “uso de agroquímicos en las fumigaciones periurbanas y rurales y su efecto sobre la salud humana”. En ese ámbito se elaboró otro documento final, en el que se reitera la actuación de oficio de la institución tras las reiteradas denuncias, como “las presentadas por vecinos de Guichón, donde se dan datos concretos de mujeres de un mismo barrio que han perdido sus embarazos en el último año, coincidiendo con la temporada de fumigaciones”.