Ingresá

Camino a Roma

1 minuto de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Estado uruguayo fue aceptado como querellante ante Justicia italiana por causa sobre Plan Cóndor.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

El juez italiano Alessandro Arturi comenzó ayer una serie de audiencias preliminares en el marco de la causa que investiga la muerte y desaparición de 23 ciudadanos italianos -13 de ellos también uruguayos- en el marco del Plan Cóndor, coordinado por las dictaduras militares de varios países de América del Sur. La investigación comenzó en 1998, a cargo del fiscal Giancarlo Capaldo, a raíz de denuncias de familiares de las víctimas, y culminó en 2010. La lista de acusados está compuesta por 33 ex militares y civiles que ocuparon cargos durante las dictaduras de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.

En la audiencia de ayer, en Roma, el juez Arturi aceptó a todos los querellantes, entre ellos a los familiares de desaparecidos como parte acusadora y al Estado uruguayo y al italiano como parte civil del proceso. El embajador uruguayo en Italia, Alberto Breccia, había explicado a la diaria que el Estado se presentó como parte civil en el juicio en el entendido de que durante la dictadura “fue perjudicado en cuanto a su imagen internacional a partir de la acción de quienes usurparon el poder”. Por su parte, el abogado Fabio Galiani, que representa al Estado uruguayo en la causa, había señalado que la posición uruguaya “es necesaria para aclarar ante la historia y el propio pueblo que el Estado y el pueblo fueron los perjudicados y no los responsables de aquellas atrocidades”.

En estas audiencias preliminares el fiscal Capaldo expondrá sus conclusiones tras la investigación, y los querellantes presentarán sus posturas. Según informó la agencia de noticias Efe, las otras dos audiencias que estaban previstas para hoy y mañana se pospusieron hasta el 29 y 30 de setiembre, en espera de documentos solicitados a Bolivia. Habrá otra audiencia el 6 de octubre, en la que con todos los elementos Arturi resolverá si envía el caso a juicio, que se realizaría en 2015.

Entre los 16 acusados uruguayos se encuentran varios militares ya procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y otros que no, como Pedro Mato Narbondo, Iván Paulós o Ricardo Chávez Domínguez.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura