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Fiscal de Pando negó que existan demoras en expedientes sobre malos tratos a jóvenes de colonia Berro.

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Antes del inicio de la feria judicial, el Comité de los Derechos del Niño se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para plantearle su preocupación por la lentitud del procedimiento judicial en los casos sobre eventuales maltratos y torturas a jóvenes recluidos en el centro Ser de la colonia Berro, radicados en el Juzgado de Pando. El diario El País publicó ayer que Jorge Díaz solicitó a los fiscales de Pando un informe de sus actuaciones, para evaluar eventuales demoras y si corresponde o aplicar sanciones.

Juan Fumeiro, integrante del Comité de los Derechos del Niño, explicó a la diaria que no se hizo ninguna denuncia concreta contra alguno de los fiscales, y que la organización desconoce si las demoras se deben a la actuación de éstos o de la jueza Isaura Tortora.

Fumeiro hizo notar que en algunos casos pasan más de 30 días desde que se presentan las denuncias hasta que se realizan las pericias forenses. Puso como ejemplo el caso del adolescente que apareció en el informe de Canal 10 y luego denunció haber sido torturado por eso. “Cuando se hizo la denuncia, casualmente la jueza pidió licencia y ahí nomás se demoraron para iniciar una pericia forense más de diez días después de que llegó el expediente al Juzgado”, señaló.

Recordó que Uruguay ha suscrito tratados internacionales que establecen que las denuncias de torturas deben tener un trámite especial. Además, “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos establece que la tortura tiene un régimen distinto, porque la prueba es difícil de recabar ya que ocurre en ámbitos privados, donde es fácil hacerla desaparecer”, indicó Fumeiro.

El fiscal de Pando Leonardo Morales confirmó a la diaria que antes del inicio de la feria judicial recibió un pedido de informes del fiscal de Corte respecto a sus actuaciones. Consultado sobre eventuales demoras en los trámites, Morales indicó que no sabe a qué expedientes se refiere el Comité de los Derechos del Niño, porque no lo detallan. “No aclaran qué expediente serían, no sé a qué atraso se refieren. Es medio raro”, concluyó. Morales indicó que trabaja en el Juzgado desde hace un año y medio y que todos los casos que maneja son denuncias de 2013 o 2014. “No creo que haya expedientes que tengan años” de atraso, afirmó.

Señaló que tiene a cargo “cuatro o cinco” causas vinculadas a presuntos maltratos en la colonia Berro; entre ellas, la denuncia por el caso del adolescente que apareció en Canal 10 y la presentada por el ex funcionario José Márquez, que filmó el video de una golpiza. Esta última denuncia aparece como presentada por el presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, pero quien la presentó primero en la seccional policial fue Márquez, y a raíz de eso Villaverde concurrió al Juzgado y figura en la carátula del expediente como el denunciante. Márquez sostiene que Villaverde “se le adelantó” a presentar la denuncia para dar la impresión de que eran las autoridades del Sirpa las que denunciaban los hechos.

En el Parlamento

Hoy sesiona la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para evaluar los testimonios de las madres de jóvenes recluidos en el centro Ser, que la semana pasada denunciaron torturas y maltratos a sus hijos en ese ámbito. El presidente de la comisión, Gustavo Espinosa (Partido Colorado), propondrá convocar a las autoridades del Sirpa y al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. “Además de las responsabilidades penales, acá hay que analizar las responsabilidades políticas”, dijo Espinosa a la diaria. Ayer el diario El País consultó a Villaverde respecto de las declaraciones de la abogada defensora de los jóvenes recluidos, Sandra Giménez, en la Comisión de Derechos Humanos. En ese ámbito, Giménez sostuvo que en una reunión que mantuvo con Villaverde, éste le dijo que era “muy difícil estar permanentemente negociando con el sindicato” y que los malos tratos eran “prácticas difíciles de erradicar”. “Nunca dije esas cosas sobre el sindicato del INAU. Respeto mucho el trabajo de la doctora Giménez, y no vamos a abrir comentarios sobre sus actuaciones”, declaró Villaverde a El País.

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