Unas 50 personas declaraban ayer en el juzgado por el caso de sobrefacturación en los servicios de limpieza de hospitales públicos. En total eran 26 indagados y 24 testigos, en una causa que, lejos de involucrar únicamente a la asociación civil La Buena Estrella, la empresa de limpieza adjudicataria del Hospital Maciel, también abarcaba a titulares de otras firmas, funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otros integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), sindicato de trabajadores de este servicio descentralizado.
Pero el caso de sobrefacturación terminó siendo “mucho ruido y pocas nueces”, según describió un abogado que participó en la causa, tras descubrirse que un dirigente de la FFSP recibía giros de empresas de limpieza y de seguridad a cambio de presionar para agilizar los pagos que el servicio descentralizado les brindaba y de facilidades a la hora de presentarse a las licitaciones públicas. Según pudo saber la diaria, el funcionario fue delatado en los testimonios de varios empresarios, pero además la propia investigación, iniciada por la Policía en 2011, contó con escuchas telefónicas y copias de correos electrónicos que pondrían a este funcionario en una situación “muy comprometida”. “La presión que realiza la FFSP es impresionante”, dijo ayer a la salida del juzgado un jerarca de un hospital público. En tanto, un abogado que participó en la causa explicó que es muy fácil beneficiarse de la situación, en la medida en que los hospitales públicos pueden realizar contrataciones directas, ya que nunca pueden estar desabastecidos de servicios de limpieza y de seguridad.
Otro de los indagados es el director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, quien también pertenece a la FFSP y, al igual que el indagado por las presuntas coimas, aún no ha declarado ante la Justicia. Según pudo saber la diaria, Silva fue mencionado por algunos testigos como participante de algunos de los arreglos que se realizaban con las empresas. “Dicen que llamaba, que cocinaba la cosa, pero cuando declaren los empresarios va a quedar más claro”, dijo uno de los abogados que participó ayer en la indagatoria. El juez del caso, Néstor Valetti, y el fiscal Gilberto Rodríguez intentan averiguar si Silva facilitó o incidió de alguna forma en la concesión de las empresas que habrían pagado sobornos al funcionario.
En tanto, ayer quedaron liberados todos los jerarcas de los hospitales públicos que también estaban siendo indagados, entre ellos un ex director del Hospital Maciel, Raúl Gabús, la directora del Centro Auxiliar de Pando, Andrea Rivero, el actual director del Instituto Nacional del Cáncer, Álvaro Luongo, así como su antecesor y un ex director del Hospital de Rivera. Los restantes 20 indagados pasaron la noche de ayer en oficinas de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Además de Silva y el dirigente de la FFSP, entre ellos se encuentran varios empresarios y otros funcionarios públicos.
Ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT discutió el tema pero no apoyó la actuación de Silva (elegido por la central para ocupar ese cargo) ni tampoco lo condenó. “El PIT-CNT no definió nada. Para nosotros toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, se limitó a decir Ismael Fuentes, integrante del Secretariado. Durante el encuentro, los coordinadores Fernando Pereira y Marcelo Abdala informaron sobre la situación, luego de haber mantenido una reunión con dirigentes de la FFSP. La central esperará el pronunciamiento que la Justicia realice hoy para definir su posición al respecto. En tanto, ayer ASSE emitió un comunicado en el que deja en claro que sus autoridades no se pronunciarán “hasta tanto no concluyan todos los procedimientos judiciales en curso”, y se compromete a “colaborar con la Justicia en todo aquello que se le pida”.