Ingresá

Paradojas impunes

1 minuto de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

La Justicia realizará hoy inspección ocular en la cárcel de Domingo Arena; adentro hay militares denunciados en la causa.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Ivonne Sánchez, dispuso la realización de una inspección ocular en el predio de la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Domingo Arena, donde funcionó durante la dictadura el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 6. En el lugar se encuentran presos una decena de militares procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen cívico-militar. La autorización de la magistrada es parte de la investigación de una denuncia presentada por 17 personas que fueron privadas de libertad y torturadas cuando en el predio funcionaba el cuartel, explicó el abogado denunciante, José Luis González. “A raíz de que las personas brindaron detalles del momento de su detención y del lugar en que estuvieron detenidos y eventualmente fueron torturados es que la jueza, en conjunto con la fiscalía, autorizó el ingreso”, agregó.

La acción forma parte de la instrucción presumarial y es una de las medidas solicitadas para avanzar en la causa. González dijo que estarán presentes la jueza, la fiscal del caso, María de los Ángeles Caamiño, efectivos de Policía Técnica, además de los 17 denunciantes. Si bien el predio sigue siendo propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, fue cedido por una figura similar al comodato al Ministerio del Interior. La mayoría de los denunciantes son ex militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y paradójicamente algunos militares denunciados en la causa se encuentran presos en esa cárcel. Uno de los casi 30 uniformados involucrados en la denuncia es el coronel retirado Gilberto Vázquez, preso desde setiembre de 2007.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura