El Poder Ejecutivo revisará la forma de elección de los directores sociales de ASSE, a pedido del propio presidente José Mujica. Si bien en el Consejo de Ministros efectuado ayer no se discutió la legitimidad de la representación social, se decidió crear un grupo de trabajo integrado por los ministerios de Trabajo y Seguridad y de Salud Pública (MSP) para estudiar mecanismos que permitan evitar eventuales manifestaciones de “conductas corporativas”.
Durante la reunión del gabinete, Mujica fue crítico con la falta de iniciativas legislativas y de voluntad política para enfrentar este tema. El presidente había solicitado la renuncia a las anteriores autoridades de ASSE entre 2011 y 2012, y el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento un proyecto de ley que establecía el doble voto para el presidente de ASSE, que sólo obtuvo media sanción en el Parlamento. También hubo un proyecto de decreto, elaborado por el MSP, que reglamentaba la elección de los representantes de los trabajadores y los usuarios, que nunca llegó a aprobarse y no contaba con el apoyo del PIT-CNT.
Si bien no fue mencionado expresamente durante la conferencia de prensa tras el gabinete, la reglamentación de las elecciones parece ser el camino que el gobierno estudia transitar. Según fuentes del gabinete, Mujica se mostró molesto porque el tema no fue abordado antes. “Habría que pensar la medida de las elecciones, entre otras”, dijo un integrante del gabinete. La posibilidad de realizar elecciones para elegir a los delegados sociales generó resistencia en el movimiento sindical, según comentaron algunos de quienes participaron en la reunión de ayer.
Se la cobran
“[Alfredo] Solari no tiene autoridad moral para pedir la renuncia de nadie”, dijo ayer a la diaria el vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo pocas horas después de que el senador de Vamos Uruguay solicitara la renuncia de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, tras el procesamiento del director de la Administración de Servicios de Salud del Estado Alfredo Silva.
Tras las declaraciones de Solari, que tuvieron eco en el líder del sector, Pedro Bordaberry, dirigentes frenteamplistas recordaron su gestión como titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. En diciembre de 1995, siendo Solari ministro de Salud Pública, el ex diputado frenteamplista Leonardo Nicolini denunció maniobras ilícitas por medio de la empresa Bio Health que involucraban al entonces director del Instituto Nacional de Oncología (INDO), Eduardo Lasalvia, y a su esposa, Laura Albertini, subsecretaria del MSP por aquellos días.
El 27 de diciembre de ese año, en la previa a una interpelación contra el ex ministro Solari convocada por la bancada del FA, el Ejecutivo colorado separó a Lasalvia de la dirección del INDO y la viceministra dejó su cargo en el MSP. Lasalvia fue procesado en mayo de 1999 por conjunción de interés público y privado.
La ley establecía que el Poder Ejecutivo debía reglamentar, en los seis meses posteriores a la creación de ASSE, “la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas” sobre cómo elegir a sus representantes, pero esto nunca se concretó. Silva fue elegido por el Poder Ejecutivo a propuesta del PIT-CNT, mientras que el otro representante social, Wilfredo López, fue electo tras un acuerdo entre varias organizaciones de usuarios.
El ejemplo “positivo” que se tomó en el gabinete fue el del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), cuya integración incluye representantes de los trabajadores, empresarios y jubilados. El representante de los trabajadores en el BPS es elegido por todos los trabajadores del país y no es propuesto por el sindicato de la institución, a diferencia de Silva, cuyo nombre surgió de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).
Ayer la titular del MSP, Susana Muñiz, dijo que “surgió la necesidad de revisar la Ley de Representación Social de los Trabajadores en ASSE” pero no aclaró qué cambios podrían implementarse. Muñiz dijo que en el gabinete se cuestionó si es “idóneo” que el representante de los trabajadores sea un funcionario “activo”, y sugirió que también podría ser un jubilado. “Se trata de que no haya contraposición de intereses”, expresó.
En la misma conferencia, la ministra sostuvo que hace un año que la Asociación Civil Buena Estrella no desempeña actividades para ASSE, mientras que el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, dijo que los organismos públicos no tienen las mismas herramientas administrativas que tiene la Justicia a la hora de investigar presuntas irregularidades. “No contamos con las mismas pruebas ni con la misma eficacia”, dijo, y mencionó como ejemplo la escucha de conversaciones telefónicas. Finalmente, aclaró que tanto Muñiz como la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, cuentan con el apoyo de Mujica, que no las relevará de sus cargos.
En la otra vereda
En tanto, ayer la Mesa Representativa del PIT-CNT decidió “abrir una discusión para definir la propuesta del representante de los trabajadores en el directorio de ASSE”. Concretamente, se le encomendó al Secretariado Ejecutivo de la central que un equipo de sindicalistas estudie “una propuesta de mecanismos de control, monitoreo y transparencia”, y las “potestades y competencias de la participación” de los representantes del PIT-CNT en los “diversos ámbitos de representación de los trabajadores”.
La idea, comentaron dirigentes de la central, es generar “un protocolo para el futuro”, para que los dirigentes que ocupen estos cargos puedan tener pautas sobre “cómo funcionar”. Pretenden llegar a una serie de acuerdos internos antes de votar al sucesor de Silva.
En la misma línea, la FFSP resolvió pedir un cuarto intermedio antes de designar a un nuevo director. “Está todo medio confuso y no se puede manejar nombres cuando no se sabe cuáles van a ser los mecanismos de elección. Es necesario esperar a que se decante la situación y ver cuáles son los criterios”, dijo el dirigente Alejandro Laner.
Estás embargado
El juez Néstor Valetti dispuso el embargo genérico de los bienes, derechos y acciones de Alfredo Silva y el resto de los encausados por el caso ASSE. Según consta en el auto de procesamiento, Valetti también dispuso que Silva y otros dos procesados deberán presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a sus respectivos domicilios durante 90 días. En el auto, el juez remarca que “no hay duda de que los procesados incurrieron en un delito de estafa”, ya que “indujeron en error a la Administración, mediante estratagemas en beneficio propio, hecho comprobable a través de 24.874 horas que llegaron a facturar de más, así como de los informes contables que se realizaron, constatando una diferencia en más de $ 1.694.561”. “Obviamente que estos se valieron del descontrol e inoperancia de los sistemas de control, y principalmente de la negligencia e incapacidad en el cumplimiento de su tarea de la Directora Administrativa del Hospital Maciel”, agrega el juez.
Por su parte, ayer, en una carta dirigida a los funcionarios de ASSE, Beatriz Silva destacó a “aquellos que en estas horas tuvieron que vivir momentos muy difíciles, inesperados y que supieron responder con entereza y responsabilidad”. La situación “debe servir para reflexionar sobre los valores que deben guiar día a día nuestro accionar, para mejorar nuestros sistemas, para fortalecer nuestros vínculos, para modificar los procedimientos que nos hacen débiles” y “fortalecer los controles”, dice, entre otras cosas.
Mano cortada
Por su parte, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, dijo ayer que “ninguna fuerza política está vacunada contra la corrupción, porque no existe esa vacuna” y que “en cualquier gobierno puede haber corrupción”. Consultado por la situación en ASSE señaló que hay representantes sociales en distintos organismos del Estado y que “nunca hubo un problema. Ahora hay uno”. “En todos lados puede haber problemas, pero ¿ésa es la regla? No, ésa es la excepción”, manifestó. El candidato sigue defendiendo que “los trabajadores tienen que estar representados en los organismos públicos”.
Por su parte, el Secretariado del FA también abordó el tema en su reunión de ayer. Juan Castillo explicó que manifestaron su “total respaldo” al principio de “apostar a las representaciones sociales en los ámbitos de dirección” y que hay que enfrentar “la aparición de cualquier hecho doloso”.
Con respecto a la forma de elección de los representantes sociales, Castillo opinó que en los cuatro organismos en los que existe esa figura, las formas son “totalmente distintas”. “Seguramente se abra un tiempo de debate sobre los cuidados que hay que tener en esa designación”, consideró.