De la medida fueron notificados el Ministerio de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Interior, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Intendencia de Montevideo (IM), organismos que tenían distintos tipos de vínculo y responsabilidad sobre el funcionamiento de la empresa. De hecho, en 2012 la IM había clausurado el lugar tras constatar un grave riesgo al ambiente (por la realización de quemas a cielo abierto y disposición final inadecuada de residuos sólidos y líquidos), suspensión que fue levantada parcialmente el año pasado, luego de que el empresario demostrara que había corregido algunas de esas cuestiones.
El 20 de marzo la diaria daba cuenta de la compleja situación que se vivía en la zona de Pajas Blancas, y anticipaba que el Poder Ejecutivo se encaminaba a revocarle la autorización que se le había otorgado hacía 12 años para “el desarrollo, operación y mantenimiento de instalaciones y la prestación de servicios portuarios en la terminal del Rincón del Cerro”. También se concedía “el uso de las obras de dominio público existentes en el álveo”, en referencia al muelle ubicado dentro de la franja de agua que está bajo dominio legal de la DNH. Como complementación, se le había otorgado el uso “de la parte del álveo y la aguas correspondientes al Río de la Plata”.
En marzo, Capurro había dicho que si le quitaban la concesión portuaria seguiría adelante con las otras facetas de su negocio, que en los hechos eran su rubro principal: armado y desgüace de barcos. Pero atento a la resolución presidencial y a fuentes del gobierno departamental que fueron consultadas, al retirársele también “el uso privativo” del muelle y del álveo, Dinvert SA quedaría sin posibilidad real de mantener esas actividades.
Debido proceso
Los problemas empezaron 11 meses después de otorgada la concesión. En setiembre de 2003, la DNH constató que Capurro no había cumplido con las obras a las que se había comprometido. A partir de ese momento empezaron a correr prórrogas, recursos y negociaciones entre el empresario y las autoridades. Fuentes de esta dirección nacional del MTOP habían definido esas idas y vueltas con el privado como “tensas y conflictivas”, y habían señalado que más allá de las instancias administrativas recorridas, “nunca hubo voluntad real” de sacar a flote la concesión.
En paralelo, la zona de Rincón del Cerro comenzó a experimentar lo que significaba la presencia de Dinvert en la zona. Ricardo Gudynas, cuyo predio linda con el de Capurro, fue quien lo denunció públicamente por primera vez en 2012 con el apoyo del periódico barrial La prensa de la zona oeste, como también lo hizo ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la IM y la DNH por contaminación.
La resolución presidencial, del 23 de junio, incluye en sus fundamentos las acciones de Gudynas y hace un repaso de todas las oportunidades que se le dieron a Dinvert. Finalmente, se considera que dado que la División Servicios Jurídicos del MTOP “expresa que, dado los reiterados incumplimientos de la firma” y pese “a las intimaciones bajo apercibimiento que le fueran realizadas y a lo informado por las distintas reparticiones de la DNH, es pertinente proceder a la revocación” de la concesión.