La noticia llegó al edificio Royal al caer la noche y fue recibida con alivio y cierta alegría. Pasados unos minutos de las 19.00, la llamada de uno de los vecinos que estaban en el Juzgado de Concurso de 2º Turno transmitió la resolución del magistrado Álvaro González de dejar sin efecto el desalojo que la semana anterior había programado para hoy. De esta manera, los 151 habitantes del inmueble ubicado en la esquina de Andes y 18 de Julio, en Montevideo, entre ellos 50 menores de edad, podrán permanecer en el lugar mientras procuran una solución habitacional.
Sobre las 13.00, un grupo de 15 familias ingresó un recurso en la sede interviniente, y horas más tarde lo hicieron otros vecinos, con patrocinio de distintos abogados. La información aportada a la diaria por integrantes de la comunidad Royal indica que en paralelo a sus acciones, también el Ministerio del Interior presentó ayer un escrito en el que consignaba que no estaba en condiciones de brindar las garantías suficientes para que se cumpliera hoy con el desalojo. Las fuentes señalaron que el fundamento de la cartera habría sido “político”, en el sentido de que están en marcha coordinaciones entre organismos estatales para hallar soluciones habitacionales para la mayor cantidad posible de los involucrados.
Sobre las 18.55, y tras ver cómo ingresaban al despacho del magistrado los abogados de Ifamar SA, la firma que adquirió el edificio y promueve el desalojo, los vecinos fueron notificados verbalmente por la actuaria del juzgado de la suspensión por 60 días.
El argumento central planteado ayer para solicitar medidas cautelares se basó en la Ley 17.495, de 2002, interpretativa del artículo 8º del Decreto-ley 15.301 sobre la prórroga de lanzamientos, como se denomina judicialmente a los desalojos, el cual establece que en todos los casos, “por razones de fuerza mayor, el Juez podrá prorrogar el lanzamiento hasta por 120 días”. La modificación incorporó el siguiente inciso: “Para dicho efecto el juez tomará especialmente en cuenta que en los inmuebles estén morando menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años y que la ejecución del lanzamiento recaiga en los meses de invierno”.
Por otro lado, tanto el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como el de Desarrollo Social mantienen contactos con los habitantes del edificio Royal, en busca de alternativas de viviendas para cuando deban abandonar definitivamente el lugar. En principio, habría posibilidades para unas 15 familias de acceder a garantías de alquiler, al tiempo que se exploran otros caminos para los demás involucrados, aunque se anticipa que no habrá solución para todas las personas.
La postergación tuvo lugar antes de que se conociera la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la solicitud de medidas cautelares que había ingresado el viernes.