La normativa actual tiene un marcado acento productivo, al punto de que la única forma de hacer una denuncia online es por intermedio de la página web de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), lo que desencadena intervenciones técnicas que a lo sumo han culminado en multas al productor que no respetó las disposiciones. Desde hace tres años existe un criterio único, luego de que en febrero de 2011 y a iniciativa de la DGSA, el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, unificó en 500 metros la distancia mínima que debe haber con escuelas rurales, zonas urbanas o suburbanas y centros poblados para fumigar vía aérea, y en 300 metros por vía terrestre.
Pero tal como se desprende de los testimonios aportados desde casi todos los departamentos, estos parámetros son impracticables en los hechos, ya que no existen topes para sembrar, y, una vez que se planta, es necesario fumigar. Los productores entienden que de extenderse el límite de fumigación a la siembra, el Estado tendría que cubrir la rentabilidad perdida, tal como lo propuso en una nota con la diaria Lázaro Bacigalupe, presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, Soriano, multado por fumigar incorrectamente sus 200 hectáreas de soja en Villa Ituzaingó, San José.
Una alternativa en la misma dirección propone el edil blanco de Maldonado Carlos Stajano, que varias veces hizo saber su preocupación por la contaminación de cursos de agua, entre otras cosas, por plaguicidas. “Yo propongo la vía del desestímulo para no plantar cerca de los cursos de agua, y regular la distancia mínima que debe haber. Que se les pague por no plantar en esa franja, que en definitiva se trata de una medida preventiva y además nos va a terminar saliendo menos”, dijo el legislador, aludiendo por ejemplo a que OSE cada vez debe invertir más recursos para seguir garantizando la calidad del agua que consume la población. Particularmente se refería a la situación de su departamento con la Laguna del Sauce, que integra la cuenca del Río de la Plata y su frente marítimo, al igual que la Laguna del Cisne y el río Santa Lucía, entre otros tantos cauces de distintos departamentos.
Hacer olas
En Canelones la preocupación por la calidad del agua por la contaminación del río Santa Lucía -demostrada científicamente y probada en la aparición de cianobacterias potencialmente dañinas para la salud de las personas y en niveles superiores a los permitidos del químico atrazina, usado en la agricultura- ha sensibilizado a la población y a las autoridades. En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) está impulsando una batería de medidas para frenar el deterioro y recuperar el ecosistema; se espera que algunas de ellas, si dan resultado, puedan replicarse en otros reservorios de agua.
En paralelo, la Comuna Canaria ha encarado el tema desde su propia perspectiva; por ejemplo, en 2010 decretó la prohibición total de fumigar con aviones basándose en las potestades que les confirió a los gobiernos locales la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable para regular los usos del suelo.
En esta nueva etapa, la Comuna, en coordinación con la Junta Departamental, los municipios involucrados y la participación ciudadana, se dispone a reglamentar la nueva normativa. El edil Miguel Sanguinetti (Espacio 609), integrante de la Comisión de Asuntos Rurales de la Junta que contribuyó a elaborar las disposiciones que entrarán en vigencia, explicó que durante el proceso “la prioridad estuvo puesta en los cursos destinados a la potabilización del agua que se consume. Se discutieron normativas para regular el uso y cuidado del suelo, las distancias mínimas que tiene haber entre una plantación y cursos de agua, el tema de los feed lots en el ganado, y la participación de la sociedad civil en la conformación y funcionamiento de las comisiones de cuencas”.
Estos ejes para la acción fueron recogidos de las recomendaciones del Plan Estratégico Departamental de Calidad de Agua, plasmadas hace tres años en un documento denominado “Diagnóstico del estado ambiental de los sistemas acuáticos superficiales del departamento de Canelones. Volumen III: Laguna del Cisne”. Se concluyó que eran necesarias “medidas cautelares que establezcan mecanismos de evaluación y aprobación previa sobre toda actividad que pueda afectar potencialmente la calidad de agua o el régimen hídrico”. Asimismo, se promovía establecer “la obligatoriedad de realizar declaraciones juradas del uso de fertilizantes y agrotóxicos, con una anterioridad de al menos 30 días a su aplicación. Esto permitiría establecer los recaudos necesarios (por ejemplo, monitoreo de calidad, modificaciones en las pautas de tratamiento del agua) que aseguren la conservación ecosistémica, así como la calidad de agua potable enviada a la red de distribución”.
El punto de partida para estas propuestas había sido la necesidad de cuantificar los “riesgos sobre la calidad de agua asociados a las diferentes actividades actuales y potenciales en la cuenca”, de modo de ordenar “las actividades productivas a nivel cuenca” y asegurar “la seguridad del suministro de agua para la mayor parte de la Costa de Oro”.
Ahora mismo
La preocupación por el uso cada vez más intensivo de plaguicidas y la potencial contaminación del agua y el ambiente en general tiene larga data, pero el boom que significó el cultivo de la soja transgénica en la última década y los agroquímicos que se le aplican, incluso de manera combinada, determinó que también aparecieran nuevas alertas desde la sociedad civil. Ya era objeto de políticas específicas prevenir trastornos en aquellas personas que por su trabajo debían estar en contacto con estos productos, y, al ritmo de la soja, ahora la preocupación se extiende a las comunidades cercanas a campos destinados a esta oleaginosa.
Los vecinos de Salinas y de Laguna del Cisne también han sido testigos del avance de la soja y han experimentando sus consecuencias. “Señores, lo esperado y anunciado. Están fumigando en este momento, día 12 marzo hora 12, empezaron hace un rato. Hay algunos vecinos que están sacando a sus hijos de la zona. El viento sur, sin querer, nos intoxica. Hasta dónde los entes responsables de nuestra salud van a estar sin dar respuesta. Paraje Piedra del Toro, se sigue fumigando a orillas de la laguna”, era el mensaje escrito en Facebook por un vecino en marzo de 2013.
Un mes después, y como parte de las movidas barriales y comunitarias que se desarrollaron en la zona, el ex fiscal “ambiental” Enrique Viana, recientemente separado del cargo y sometido a sumario, solicitó al MVOTMA medidas cautelares para la laguna por el deterioro manifiesto y progresivo que atravesaba por causa de varios factores; entre ellos, el uso creciente de plaguicidas. El escrito no consiguió que esas medidas se ordenaran, aunque el MVOTMA respondió meses después que no había datos nuevos que modificaran un panorama ya conocido. “El tema quedó por ésa”, confirmó Viana a la diaria.
La cuestión también se judicializó por la decisión de la vecina Olga Pareja, que se afincó definitivamente hace cuatro años en la zona norte de Salinas, a la que había llegado para escapar los fines de semana de la ciudad. Se fue quedando, estirando la estadía allí y acortando su presencia montevideana. Construyó su casa con barro, el techo es “vivo” (cubierto con tierra y plantas) y genera parte de la energía que consume con varios paneles solares.
Hace dos años, el dueño del campo lindero al suyo decidió probar suerte con la soja y lo cubrió completamente. Por la ventana del ambiente en el que Olga armó su taller de cerámica, veía cómo el cultivo se extendía hasta el límite de su territorio, a menos de 50 metros de su casa. Desde el fondo y en dirección al este y la laguna también supo ver el ciclo de esta oleaginosa, al igual que les pasó y sigue pasando a vecinos de esta y otras zonas del departamento. Olga demandó al productor luego de que sufriera alergias, mareos y otros trastornos de salud a consecuencia de la deriva de las fumigaciones realizadas mediante un tractor mosquito.
A raíz de este recurso, las partes fueron citadas a una audiencia conciliatoria en la que manifestaron la voluntad de alcanzar un acuerdo negociado y evitar un juicio. Hubo una segunda instancia meses atrás, y actualmente sus respectivos abogados procuran llevar a la práctica lo pactado, que en su aspecto central consistió en delimitar el área en la que, de ahora en más, el empresario podrá plantar soja dentro de su propio campo, manteniendo una distancia mínima de 250 metros con la pared lateral de la casa de Olga.
Esta solución se considera clave en la lucha de colectivos sociales que militan contra la contaminación y los daños a la salud que provocan los plaguicidas, y sentaría precedente para que otras personas afectadas recorran este camino. Se trata de la primera acción con estas características que se conoce públicamente. Aún no fue puesta a prueba, ya que en la última temporada el empresario no plantó. Olga espera que se aproxime fin de año para saber si volverá a convivir con la soja. Si esto finalmente sucede, los límites deberán estar marcados para dar mayor seguridad, aunque no llegue a ser suficiente, ya que la deriva por vientos determina que los plaguicidas recorran distancias mucho mayores.
Eppur si muove
Como reflejo del aumento de casos por intoxicación en pueblos fumigados, se incrementó la preocupación sanitaria del Ministerio de Salud Pública (MSP), que estaría por implementar un protocolo de actuación para situaciones de este tipo, de manera que exista un criterio nacional que a la vez posibilite estudiar, comparar y hacer seguimientos del fenómeno con vistas a crear políticas y planes específicos. Esta guía surgió en el marco de la coordinación mensual entre las autoridades departamentales de Salud. Adriana Pisani, referente canaria en esta tarea, anticipó a la diaria que el texto está muy avanzado pero restan detalles antes de ponerlo a consideración ministerial.
Otra de las acciones estatales para preservar el recurso del agua consiste en el llamado para conformar la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, que se concretó semanas atrás y que permanecerá abierto hasta el 31 de agosto para que representantes de la sociedad civil se postulen y participen en la gestión colectiva de la cuenca y sus actividades asociadas.