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María Flores, de Unatra, y Rómulo Gamarra y María Sanguinetti, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, ayer durante el seminario en la Facultad de Ciencias Sociales. / Foto: Sandro Pereyra

Los olvidados de antes

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Rurales y domésticas evaluaron su experiencia de sindicalización y negociación colectiva.

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Se presentó ayer en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) el seminario “La sindicalización desde la perspectiva de los actores laborales”. Fue organizado desde el proyecto “Sindicalización y negociación en los sectores rurales y doméstico” y financiado por el fondo “Para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general” de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), José Bayardi, dijo que a pesar de la “larga tradición de sindicalización” en el país, de la “legislación laboral avanzada” y del establecimiento de los Consejos de Salarios en la década de 1940, había “una deuda” con las trabajadoras domésticas y los rurales. Bayardi señaló como un problema en el proceso de negociación colectiva en general la “falta de experticia necesaria”. “Es un problema porque todo proceso de negociación es tensional y lleva a algún punto de acuerdo. Si eso no se puede lograr, nos encontramos con trabajadores con falta de experticia que ante la primera dificultad plantean la huelga general insurreccional y luego el suicidio”, ironizó el ministro. Para Bayardi, la negociación colectiva requiere el desarrollo de capacidades y la acumulación de experiencia.

En el panel sobre la experiencia de sindicalización y negociación en el sector rural, la presidenta del grupo 22 de los Consejos de Salarios, Andrea Badolati, explicó que la negociación en el sector tuvo como ejes la “decisión política” tomada por el Poder Ejecutivo en 2005 de “convocar a los Consejos de Salarios y a determinados colectivos a los que hasta el momento se les había negado el derecho” a participar, y el marco normativo que “se ha desarrollado a lo largo de estos años”, con leyes como la de libertad sindical y la que limita la jornada laboral rural a ocho horas. Badolati explicó que los trabajadores industriales tenían la ley de ocho horas desde “el primer cuarto del siglo XX, y sin embargo a los rurales la ley les llegó 90 años más tarde”.

Dijo que los Consejos de Salarios no sólo fijan salarios mínimos, sino que han sido promotores de “las relaciones laborales y de la sindicalización”, y que “esta convocatoria tuvo esa repercusión en los rurales”. Finalmente, afirmó que se ha logrado una mejora salarial en el sector que ronda entre 35% y 60%, y eso significa un aporte fundamental para “abatir la pobreza rural”.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Rómulo Gamarra señaló que la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y los trabajadores arroceros fueron en 2005 los primeros en laudar en el grupo 22, y destacó que su gremial ya había “pensado al funcionario como una parte muy importante de la empresa”. En su opinión, los Consejos de Salarios sólo fueron “un cambio de forma” para lo que ya venía realizando la ACA con los trabajadores. También dijo que la demanda de los trabajadores “es más bien por más salario y menos actividad, sin hacer énfasis en la productividad”, algo que la ACA sí quiere discutir. “Hay que encontrar los puntos de equilibrio de la negociación. Y tenemos que decirlo: nos parece que la tercera pata del taburete, el gobierno, mira más para el lado del funcionario”, opinó Gamarra.

La dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) María Flores dijo que los trabajadores rurales siempre han ido a negociar “pensando” en sus hijos, “para que puedan quedarse a vivir en el campo”. Para Flores, antes la negociación “era ir a una mesa mano a mano”, pero “ahora hay distintos actores”, porque las empresas contratan técnicos en derecho laboral y llevan personal de recursos humanos”, y los trabajadores tienen que prepararse para eso. Sostuvo que a la UNATRA le queda “mucho por hacer” y que todavía persisten “el miedo” a sindicalizarse y la mentalidad del empresario de que “ésta es mi estancia y acá mando yo”. “Recuerden que atrás de cada litro de leche, de cada asado y de cada naranja hay un trabajador rural”, concluyó.

Caseras

En el panel sobre la experiencia de sindicalización y negociación en el sector doméstico, el subsecretario del MTSS, Nelson Loustaunau, contó como anécdota que durante la primera mesa de negociación del sector, en 2008, las trabajadoras llegaron y expusieron su plataforma de reivindicaciones, entre las que figuraba declarar el 19 de agosto como el Día de las Trabajadoras Domésticas. Loustaunau les preguntó qué se conmemoraba en esa fecha y las trabajadoras le respondieron: “Es el día de hoy, es el primer día en que tenemos negociación colectiva en la historia”. “En ese momento razoné que esas trabajadoras adquirían en ese momento el derecho a la negociación colectiva”, expresó Loustaunau. El jerarca dijo que el salario mínimo del sector doméstico está 10% por encima del salario mínimo nacional y que se han otorgado importantes beneficios a las trabajadoras.

Mabel Lorenzo, de la Liga de Amas de Casa, destacó que se hayan firmado tres convenios colectivos y dijo que “los empleadores han tenido que absorber una serie de cambios derivados de los beneficios acordados”, razón por la cual en la sede de la Liga de Amas de Casa funciona un consultorio de asesoramiento gratuito. Señaló como una dificultad que el sector empleador no es “un grupo con identidad como tal” ni está organizado.

Por su parte, Cristina Silveira, del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, repasó los avances conseguidos por las trabajadoras domésticas desde 2008 y dijo que en ese período el salario se triplicó. También destacó que Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico. “Hemos avanzado un montón, pero nos falta mucho. Nos gustaría abordar un convenio con la Facultad de Psicología, porque nos desbordan los casos de malos tratos”, dijo. Entre las reivindicaciones que pretenden incluir en próximas negociaciones está “la recategorización de las tareas domésticas” y la obligatoriedad de la firma de contratos escritos.

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