El fiscal de Pando, Leonardo Morales, pidió los procesamientos sin prisión de seis ex funcionarios del centro Ser por “abuso de autoridad” contra los jóvenes recluidos, según informó ayer El Observador. Los pedidos de procesamiento -que se suman a una solicitud de procesamiento con prisión realizada por el mismo fiscal contra un funcionario que golpeó a un menor en el centro y quedó registrado en un video- recaen sobre cuatro funcionarios del centro y sobre sus dos últimos directores, Jessica Barrios y Alejandro Araújo.
El pedido de procesamiento de estos dos ex jerarcas se da porque, a entender del fiscal, hubo “omisión a la hora de detener y evitar las golpizas”, informó El Observador. El delito de “abuso de autoridad contra los detenidos” establece que “el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.
Los funcionarios denunciados están siendo defendidos por el abogado del sindicato de INAU, Juan Raúl Williman. El presidente del gremio, Joselo López, dijo a la diaria que esa asistencia jurídica se quitará en caso de que la jueza confirme los procesamientos, y que se los desafiliará en caso de que haya una sentencia en su contra. “Si estos funcionarios son culpables, evidentemente no van a poder seguir perteneciendo al sindicato”, indicó López. No obstante, aclaró que hasta entonces el gremio sigue “con la misma postura planteada desde el principio de toda esta situación”. “Creemos en el principio de presunción de inocencia, entendemos que si hay pedidos de procesamiento es porque algún elemento probatorio puede haber, pero por ahora lo que hay es pedido de procesamiento y no está avalado por la jueza actuante”, señaló.
Hacia la clausura
En este contexto, ayer Subrayado emitió una entrevista con el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, en la que el jerarca sostuvo que el centro Ser se cerrará, sin dar mayores detalles. El presidente de INAU, Javier Salsamendi, aclaró a la diaria que ese cierre no será “inmediato” y que se trata de una idea que existe desde “siempre”. “La idea es ir a mejores infraestructuras; en la medida en que puedas conseguir mejores lugares, obviamente siempre va a ser más conveniente trabajar en esas condiciones que en otras”, apuntó. En este sentido, destacó que el número de jóvenes recluidos en el centro Ser ha ido disminuyendo hasta llegar a una cantidad “óptima en estas condiciones” y acordada con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Consultado sobre si hay fecha para el cierre del establecimiento, contestó: “No me animo a dar plazos, depende de las demás construcciones y de cómo evolucionen los ingresos y los egresos”. Estimó que en algún momento se llegará a una estabilización en el número de jóvenes recluidos que permita “saber exactamente cuál es el número con el que va a contar el sistema”. Acotó que el cierre “claramente es un tema para plantearse al inicio del próximo período”.
Según informó ayer El País, el sindicato de INAU envió hace un mes una propuesta a las autoridades para cerrar el centro Ser. López dijo a ese diario que sería importante transformar el establecimiento e incluso cambiarle el nombre, porque “está cargado de una historia bastante complicada y genera un estigma para los gurises que van allí y para los propios trabajadores”.