El debate sobre cómo recaudar fondos para el Estado ha sido permanente en los últimos años y se ha prolongado a la campaña electoral. La polémica enfrenta a dos grandes propuestas: una orientada a favorecer los negocios mediante bajos tributos a las empresas y a las rentas altas; y otra que busca reducir las desigualdades a partir de una mayor importancia de los impuestos que gravan a las rentas empresariales y a las personas de mayores ingresos.
Las fuerzas políticas y las organizaciones sociales que se alinean detrás de la reducción de impuestos a las empresas consideran que esa política estimula la inversión privada. La posibilidad de que la tributación desestimule la inversión privada es sin duda una amenaza muy seria, ya que ésta es un medio fundamental para el crecimiento de cualquier economía capitalista. Sin embargo, las cosas no funcionan así.
Tomemos como ejemplo uno de los ámbitos privilegiados de la polémica tributaria, el sector agropecuario. La información disponible muestra que la tributación no obstaculizó que se alcanzara un nivel excepcionalmente alto de inversión. En los últimos 14 años, el precio de la tierra y de los arrendamientos rurales se multiplicó por 12, las inversiones en tractores por seis y la cantidad de fertilizantes utilizados por dos.
Ya en campaña electoral, la polémica se ha desatado con la propuesta del candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de extender el pago del impuesto con destino a alimentación y otros gastos de la enseñanza inicial y primaria pública, que muchos de los lectores deben abonar. La respuesta negativa de los candidatos del Partido Nacional se fundamentó, como lo señaló Jorge Larrañaga, en que el agro ya paga ese tributo. En realidad, no es así.
El Impuesto de Primaria gravaba en su redacción original a los inmuebles agropecuarios, pero en 1996 la Ley 16.736 los excluyó. En ese momento, con el propósito de que el cambio no apareciera como algo alevoso para el resto de los propietarios de inmuebles que pagan el tributo, la misma norma estableció que se destinara a financiar a Primaria parte de otros impuestos al agro, por un monto congelado a la recaudación de 1994.
Esa voltereta del legislador es equivalente a que a usted le dijeran que en adelante no pagará el Impuesto de Primaria, pero que transferirán a ese destino parte del IVA que de todos modos pagaría por las compras en el supermercado.
Las fuerzas políticas y organizaciones sociales que encuentran en la tributación un instrumento para la reducción de los desequilibrios en la distribución de ingresos pueden mostrar algunos resultados a partir de la experiencia de los últimos diez años.
Los estudios académicos concluyen que el impuesto a la renta de las personas ha contribuido, aunque modestamente, a reducir la disparidad de la distribución de ingresos entre los hogares, y por lo tanto al equilibrio social, tan demandado por la sociedad uruguaya.
Paralelamente, para sorpresa de algunos, al mismo tiempo que mejoró la distribución de ingresos, la inversión (el talón de Aquiles de la economía estancada) aumentó hasta niveles desconocidos. No debería haber sorpresa, ya que la producción nacional se benefició con el aumento de la demanda de bienes y servicios originada por el crecimiento económico y la mejora en la distribución de los ingresos. Contribuyó a este resultado una generosa política de estímulos fiscales a las empresas que invierten, principalmente mediante la reducción del impuesto a la renta.
En todos lados se cuecen habas. El debate sobre la política tributaria no es privativo de Uruguay, recorre los países democráticos. Refiriéndose a Estados Unidos de América, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, afirma: “Cuando persisten mitos económicos, la explicación suele encontrarse en la política, y, en particular, en los intereses de clase. No existe una brizna de evidencia de que la reducción de las tasas fiscales sobre los ricos impulse la economía”.