La semana pasada, el movimiento Uruguay Libre de Megaminería anunció que más de 50.000 personas firmaron la papeleta que propone reformar la Constitución de la República para que su artículo 47 incluya la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto, con el fin de preservar la integridad de los suelos y los recursos hídricos. El número está lejos de las 280.000 firmas (10% de los habilitados para votar) que deben respaldar la propuesta para que sea sometida a votación. La Constitución establece que estas iniciativas deben ser plebiscitadas en la elección inmediata a su entrega, pero es requisito que sean presentadas seis meses antes de esa elección. Ya se sabe que no podrán ser presentadas en noviembre y que el plebiscito no podría realizarse, eventualmente, simultáneamente a las elecciones departamentales, por lo que la consulta podrá ser considerada recién en noviembre de 2019.
El movimiento no siente que esto sea un fracaso. Víctor Bacchetta, integrante de Uruguay Libre de Megaminería, dijo a la diaria que desde que lanzaron la campaña de recolección de firmas, en diciembre de 2013, nunca mencionaron la existencia de fechas límites. Entienden que además de Aratirí hay otros proyectos interesados en la explotación metalífera. Un comunicado emitido por Uruguay Libre de Megaminería sostiene que “un proyecto minero de gran envergadura no es factible sin el consentimiento de la población”. Bacchetta explicó que las empresas calificadoras de riesgo de inversión toman especialmente en cuenta la licencia social para operar, es decir, el consentimiento de la población. Sostener un plebiscito es una forma de rechazo y, por lo tanto, un riesgo para la inversión.
Uruguay Libre de Megaminería interpreta que el proyecto de Aratirí se “enfrió”, tal como dijo el presidente José Mujica en un almuerzo con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay el 8 de setiembre, pero discrepa en cuáles son las causas de esto. Según Mujica, ya no hay apuro por aprobarlo porque cayó el precio internacional del hierro. No obstante, la organización plantea que las fluctuaciones en los precios son la constante y que, en realidad, se postergó debido a la oposición social.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene a su estudio el proyecto de Aratirí, y se prevé que el análisis insuma algunos meses más. El País difundió el miércoles que el gobierno y la minera prorrogarán la firma del contrato, que tenía por fecha límite el 29 de noviembre (la Ley de Minería de Gran Porte establece un plazo de 360 días para negociar, luego de que el proyecto es catalogado como de gran porte, y eso ocurrió el 4 de diciembre de 2013). Se acordarían 90 días de prórroga, con lo que se extendería el plazo hasta el 27 de febrero, dos días antes del cambio de gobierno. Bacchetta señaló que la minera “está manteniendo el proyecto”. “Creemos que el objetivo de Aratirí es tener el contrato firmado y todo el proyecto pronto, y quedarse a esperar hasta que suba el precio del hierro”, aseguró.