Ayer salió publicada en El País una columna titulada “Turistas y planchas”, en la que el escritor y periodista Diego Fischer plasmaba su preocupación por la injerencia de los jóvenes “planchas o también ni-ni” en el turismo de Maldonado, principalmente en Punta del Este. En el texto puntualizaba que en 2009 una de las juezas del departamento en ese momento, Adriana Graziuso, reflotó la Ley de Vagancia, Nº 10.071, que data de 1941. La decisión, según Fischer, fue aplaudida por “comerciantes y personas de la zona sabedoras de lo que buscan los turistas que vienen a Punta del Este”. La jueza aplicó la ley durante dos años, después fue trasladada a Ciudad de la Costa, Canelones, y “desde entonces la norma cayó nuevamente en desuso”. Fischer la quiere resucitar en pos de salvar el turismo de Punta del Este. Al finalizar el texto pregunta: “¿Será posible que unos pocos cientos de jóvenes condenen a la ruina a una de las fuentes de trabajo y de ingresos más importante del Uruguay?”.
La Ley de Vagancia a la que hace referencia Fischer estipula que los mayores de 21 años podrán ser declarados en “estado peligroso” cuando “su conducta y su estado psicológico y moral” representen “un peligro social”. La etiqueta “estado peligroso” engloba a los “vagos” y “mendigos”, los “ebrios y toxicómanos habituales” que “se embriaguen o intoxiquen en lugares públicos, y aun en lugares privados cuando -en ese estado- alteren el orden y constituyan un peligro para los demás”, los “proxenetas”, los que tengan una “conducta reveladora de inclinación al delito” y los que, “requeridos legítimamente por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder”, así como aquellos que “sin causa justificada, oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad, o usen o tengan documentos de identidad falsos u oculten los propios”. En esta lista podría incluirse a los llamados “planchas” y “ni-ni” a los que Fischer vio durante una caminata nocturna con amigos, los que “con gesto y actitud desafiante entorpecían, en diferentes tramos [de la rambla portuaria de Punta del Este] el normal andar de los paseantes”: tres grupos de “muchachos y chicas” que evidentemente “estaban alcoholizados, no ocultaban los bidones de agua mineral de cinco litros a medio llenar con vino. Tampoco tenían pudor en mostrarse consumiendo porros”. Fischer agrega que “no eran pocos los turistas que se sorprendían por las escenas patéticas que estos jóvenes protagonizaban”.
la diaria consultó al director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Horacio Díaz, sobre la Ley de Vagancia y si ésta debería aplicarse a los jóvenes descritos en la columna. Irónicamente respondió: “¡Por favor, no vayamos a pasar por la playa!”, en alusión a los hipotéticos veraneantes que no quieren ser molestados y que podrían llegar a efectuar una denuncia en el marco de la referida ley. “No sabría decirte si cambió la situación, estamos para ver otros temas; por ejemplo, la calidad de los servicios. No es un tema que influya en nuestra área en particular”, indicó.
Por su parte, el jefe de Policía de Maldonado, Juan Daniel Balbis, dijo que “se trata de una ley fuera de contexto” y que actualmente la “herramienta eficaz, que da muy buenos resultados”, es la Ley de Faltas, Nº 19.120. Balbis explicó que antes de su promulgación, en agosto de 2013, “como no teníamos una norma que estuviera en plena vigencia”, se regían por los delitos estipulados en el Código Penal, y que ahora es posible detener a las “personas que se encuentran mal entretenidas, efectuando pedidos de plata en la calle, por ejemplo cuidacoches no autorizados, o las que llevan a cabo sus necesidades fisiológicas en la calle”. Desde el 3 al 28 de enero del año pasado se detuvo a 76 personas por este tipo de delitos.
Consultado por a diaria, Diego Camaño, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, sostuvo que la Ley de Vagancia “obedece a una filosofía” fundada en el peligro y señaló que “busca una responsabilidad no por lo que uno hace, sino por lo que uno es, y eso es una manera de criminalizar la pobreza”. Según el abogado, esa ley “dejaba una puerta abierta para tomar medidas represivas contra una persona sin que estuviera necesariamente cometiendo un delito [porque] se la considera potencialmente peligrosa”. Camaño entiende que “no funciona echar a la gente de los balnearios”. “Para muchos [pedir dinero] es una fuente de sustento, porque no tienen otra opción”, afirmó. Por otro lado, aclaró que la Ley de Faltas castiga “conductas” y eso no significa que “porque una persona esté deambulando se la lleven”.