Las dos primeras zonas francas instaladas en el país fueron establecidas en 1923 con el amparo de la Ley 7.593, que pretendía el desarrollo de polos industriales en el interior del país. Desde ese entonces, la legislación fue suplantada, en 1987, por la Ley 15.921, que amplió los objetivos de estas zonas a “promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional”.
A 26 años de este último marco normativo, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería enviaron al Parlamento a mediados de 2013 un proyecto de ley que pretende “perfeccionar” el vigente y “adaptarlo a la nueva realidad mundial”. Éste aún se encuentra en discusión en la cámara alta y estiman que su aprobación “pase a la próxima legislatura” según dijo el diputado frenteamplista Alfredo Asti a la diaria.
El nuevo texto las renombra como “zonas económicas especiales” e incluye dentro de sus objetivos el desarrollo de “actividades de interés para el país”, como el incremento de las capacidades de la mano de obra nacional, la generación de valor agregado local, el desarrollo de actividades de alta tecnología e innovación y la descentralización de actividades económicas, cuya realización en el esquema vigente no es posible. También prevé el desarrollo de una nueva modalidad de centros, en pos de promover las actividades en tres áreas: atención a la salud, esparcimiento y entretenimiento y audiovisuales.
Ficha completa
Actualmente hay 12 zonas francas instaladas en el territorio nacional, la mayoría en el suroeste del país, salvo la radicada desde 1993 en Rivera. En éstas operan aproximadamente unas 1.560 empresas, de las cuales 54% realiza actividades relacionadas con el comercio y la logística, seguidas por las que se desarrollan en el sector de servicios. Según el último censo de zonas francas, del año 2010, la producción en estos centros representó 3,7% del Producto Bruto Interno.
Las actividades de los usuarios de estas zonas están exentas de todo tributo nacional -creado o a crearse-, como el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, al Patrimonio, al Valor Agregado de las ventas y compras al exterior y dentro de la zona franca y asimismo de otros por los dividendos pagados a accionistas domiciliados en el exterior. Por otro lado, cuentan con el beneficio de no aportar a la seguridad social local por sus empleados extranjeros.
Favorecidas por el marco normativo vigente, las inversiones fueron, según Uruguay XXI, “el motor de desarrollo” de estos centros económicos, alcanzando una acumulación de 3.983 millones de dólares invertidos entre 2006 y 2013, proveniente principalmente de las forestales UPM y Montes del Plata, según datos del MEF.
Además de la captación de inversión, Uruguay XXI destaca el rol de las zonas francas en la diversificación de las exportaciones y en la generación de empleo de “alta calificación”. Estas zonas emplean actualmente en forma directa a unas 15.000 personas, según estimaciones de la Cámara de Zonas francas del Uruguay.
Entre nosotros
Técnicamente, las ventas desde las zonas francas al resto del territorio uruguayo se consideran importaciones para el país, y las del resto del país a las zonas francas como exportaciones de Uruguay.
En los últimos años las exportaciones de bienes de Uruguay han presentado “un gran dinamismo”, según Uruguay XXI. En la última década en particular, las ventas externas se triplicaron, buscando a su vez una mayor diversificación de mercados, lo que le dio mayor relevancia a las zonas francas como destinos intermedios.
Es así que en los últimos diez años las exportaciones de bienes desde Uruguay a las zonas francas pasaron de representar 3% de las ventas totales a 18% en 2014, cuando fueron de 1.659 millones de dólares. De acuerdo a un informe de Uruguay XXI, del total exportado hacia las zonas francas en el último año, 97% se concentró en las colocaciones hacia Nueva Palmira, Fray Bentos y Punta Pereira. 69% fue hacia Nueva Palmira, por ser “una de las principales puertas de salida de la creciente producción agrícola” del país; y por otro lado, Fray Bentos y Punta Pereira, donde se ubican las plantas productoras de pulpa de celulosa de las empresas UPM y Montes del Plata, recibieron 18% y 10%, respectivamente.
En cuanto a los productos, la soja concentró 55% de las ventas uruguayas a las zonas libres de impuestos, seguida por la madera (26%), el trigo (11%) y en menor medida, productos farmacéuticos (2%).