La instancia forma parte del examen periódico que realiza Naciones Unidas en la materia. Uruguay debería haber presentado su informe en 2011, pero lo hizo en 2013. En junio de 2014 se realizó un encuentro del CDN con el comité de Uruguay y con UNICEF, y a partir de los planteos de estas organizaciones y del informe del Estado uruguayo se realizó un listado de preguntas específicas, que Uruguay respondió en diciembre.
Luis Pedernera, coordinador del CDN en Uruguay, dijo a la diaria que una de las principales preocupaciones del organismo es que Uruguay no cuenta con una institucionalidad actualizada que permita “pensar el tema desde otra perspectiva”. “Planteamos cuestiones vinculadas al rol del INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay] y del Consejo Honorario Consultivo sobre Niñez, que no tiene recursos ni plan de trabajo”, declaró. Además, el CDN Uruguay informó sobre la situación en el Sirpa, y sobre el sistema de respuestas institucionales ante los casos de explotación sexual de niñas y adolescentes. En este sentido, informaron sobre las decisiones del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno de dejar libres a hombres procesados en primera instancia por explotación, por entender que se trataba de relaciones “consentidas”.
La mayoría de las preguntas formuladas por el comité están vinculadas a distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las denuncias por malos tratos en los centros del Sirpa, el Estado sostiene que todas ellas “han sido investigadas”. “En los casos de indicios suficientes que hacían presumir la posible existencia de una situación de malos tratos, se ordenó por parte de la comisión delegada imponer la medida cautelar que correspondiera (traslado preventivo del adolescente del centro donde presuntamente ocurrieron los hechos; traslado preventivo de los funcionarios presuntamente involucrados en los hechos y separación preventiva del cargo del funcionario) y presentar la denuncia penal ante el Poder Judicial”, indica el gobierno en sus respuestas. Destaca que en 2014 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reanudó las visitas a los centros, “inspeccionando condiciones de habitabilidad, salud, alimentación”, y recuerda que en esas ocasiones “se produjeron encuentros entre los ministros de la SCJ y los adolescentes en forma privada, a efectos de oír sus propias versiones”. Además, agrega que en “las entrevistas periódicas con asistentes sociales, psicólogos y abogados, los adolescentes pueden plantear en forma reservada sus denuncias, pudiendo también (así como los familiares o cualquier persona) presentar una denuncia en el Departamento Jurídico del Sirpa”.
El informe del gobierno sostiene que la mayoría de las investigaciones administrativas por malos tratos “se encuentran en trámite”, sin dar mayores detalles, y tampoco informa del procesamiento en octubre de 2014 -con prisión en algunos casos y sin prisión en otros- de funcionarios del centro Ser de la Colonia Berro por “abuso de autoridad”.
Por otra parte, el informe del gobierno reconoce que cerca de 50% de los adolescentes presuntos responsables de haber delinquido están privados de libertad, pese a que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la privación de libertad sólo debe utilizarse como último recurso la aplicación de medidas no privativas de libertad como medida cautelar “es la excepción en el sistema”, se admite en el informe.
El Estado también es consultado por una denuncia sobre presunto abuso sexual ocurrido en 2009 en un centro del INAU. Informa que “la investigación se encuentra a cargo de INAU y también en el Poder Judicial, habiendo sido en su momento separado del cargo el funcionario denunciado”. “Se retiraron los funcionarios hombres del trabajo de atención directa a las adolescentes mujeres durante el horario nocturno, mientras que en el diurno sólo se mantiene un funcionario hombre para realizar los traslados y atender las posibles visitas, no trabajando en los módulos. Con posterioridad al caso mencionado, no han ocurrido situaciones similares”, sostiene el informe del gobierno.
Participación y expulsión
La educación es otro de los temas abordados en el listado. Pedernera consideró que, tras varios años de vigencia de la Ley de Educación que los instaló, son “contados con la mano” los consejos que incluyen la participación de adolescentes establecidos en los centros, y que éstos, además, “deciden poco” en la mayoría de los casos. Consideró que la desvinculación de los estudiantes de la enseñanza secundaria -que calificó como “expulsión educativa”- es “un problema de política pública más que de los adolescentes”. “Si uno mira los números de matriculación y ve los de expulsión educativa, es claro que hay un agente que expulsa, y eso no es visualizado por la política pública”, remarcó, y consideró que hay ausencia de políticas públicas dirigidas a la adolescencia.
En sus respuestas, el gobierno detalla los programas que ha instrumentado para intentar revertir esta situación; entre otros, Tránsito Educativo, Compromiso Educativo y Aulas Comunitarias.
Además, el informe del gobierno uruguayo destaca los logros del Programa Uruguay Crece Contigo (dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), dirigido a la primera infancia de hogares vulnerables. En el total de 980 hogares intervenidos, se logró reducir la anemia en los niños de 33% a 10% en diez meses, reducir la desnutrición crónica de 24% a 18% y disminuir las alteraciones de lenguaje y motricidad de 24% a 17%.
En las sesiones del 19 y 20 de enero, el CDN escuchará a las autoridades del gobierno uruguayo, y en un plazo de aproximadamente un mes formulará conclusiones y recomendaciones.