“No sé en qué contexto pudo haber salido esa frase. Si ésas son las declaraciones, así como están planteadas, yo no estoy de acuerdo”, dijo el diputado frenteamplista Horacio Yanes (Nuevo Espacio) acerca de los dichos de Marina Arismendi publicados el miércoles por el diario El País. La futura ministra de Desarrollo Social había declarado que no estaba de acuerdo en retirarles la asignación familiar a quienes no cumplieran con enviar a sus hijos a la escuela o al liceo. Argumentó que esto supone “culpabilizar” a los beneficiarios: “Yo te doy esto pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro”.
“Creo que la propia ministra tampoco está de acuerdo y quiero suponer que se refiere a algunos niveles de la sociedad en los que esas contraprestaciones difícilmente puedan ser llevadas de una forma como ‘si no hacés esto, yo no te ayudo’”, añadió el diputado. El legislador dijo que no identifica la postura de Arismendi “como una posición general del FA” e interpretó que la ministra se debe haber referido “a un caso muy puntual”. “A mí no me incluye”, agregó, para luego opinar que, a su entender, “las prestaciones tienen que tener contraprestaciones, sin desconocer que hay realidades sociales y culturales que pueden hacer que para el Estado sea muy difícil exigir”.
En tanto, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti recordó que las asignaciones familiares las otorga el Banco de Previsión Social (BPS) y sostuvo que los requerimientos para recibirlas están fijados por ley: “Se establece el control de que por ley los hijos de las familias en situación de vulnerabilidad concurran a los centros educativos, y eso lo dice la ley, lo votó el Frente Amplio [FA] y, por tanto, tampoco hay discusión”, afirmó, en referencia a la norma aprobada en 2007, cuando Arismendi era ministra. Agregó que la postura de la futura jerarca implicaría modificar la ley: “Marina planteó que no está de acuerdo con ese control, pero habría que modificar la ley para que ese control no se realice; de lo contrario, se tiene que realizar”.
No obstante, eso “no está previsto”, afirmó. “No considero que eso esté discutido como para poder plantearse un cambio como el que maneja la prensa en base a declaraciones de la futura ministra”. Asti dijo que “en la interna del FA tampoco se ha planteado ningún cambio”. Para el diputado estas exigencias que suponen las asignaciones no deberían ser consideradas “una contrapartida, sino un apoyo para que [los beneficiarios] puedan recibir educación, por lo que son un incentivo”.
Lo complejo del tema
En junio de 2013 el presidente del BPS, Ernesto Murro (quien asumirá como ministro de Trabajo y Seguridad Social en marzo), y el titular del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Wilson Netto, anunciaron la suspensión de 32.558 asignaciones familiares, debido a la ausencia de matriculación en centros educativos de niños y jóvenes integrantes de las familias que recibían estas subvenciones. Murro, dijeron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue quien lideró este proceso. Ahora compartirá el gabinete con Arismendi.
Con matices, algunos elementos de este debate se presentaron en la comisión del FA que trabajó en el área de políticas sociales de cara al programa oficialista, aunque la eliminación de las contraprestaciones no generó acuerdo y, por lo tanto, no se incluyó en las bases programáticas, explicó un integrante de esa comisión. Un jerarca del Mides describió que el problema es mucho más profundo que eliminar o no las asignaciones familiares ante el incumplimiento de las contraprestaciones: “Necesitamos tener un protocolo para definir qué pasa cuando alguien no cumple con las contraprestaciones. Es necesario un operativo para que, ante estas situaciones de incumplimiento, se pueda revincular a la familia con el sistema educativo”.