El período de “fuga cero” en los centros del Sistema de Reponsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) parece haber llegado a su fin. En noviembre de 2014, dos adolescentes se fugaron del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) y hubo un intento de motín en el Centro de Derivación, en el que cuatro funcionarios resultaron heridos. Ayer el diario El País informó que el lunes se fugaron cuatro adolescentes del centro Ser de la Colonia Berro; tres de ellos fueron recapturados y el cuarto, procesado por homicidio, permanece prófugo. “Estamos en una época complicada. Las fiestas hacen que los chiquilines se pongan inquietos, porque hay chicos que salen con permisos y a los que se quedan les cuesta entender por qué hay algunos que están en condiciones de salir y otros no”, fue la declaración del integrante de la Comisión Delegada del Sirpa Jorge Gago a El País.
El fin del inédito período de “fuga cero” en los centros del Sirpa coincidió con la adopción de una actitud proactiva por parte de las autoridades de gobierno para denunciar situaciones de malos tratos de funcionarios a los internos. Consultado por la diaria en noviembre sobre las fugas que se dieron ese mes, el presidente del sindicato del INAU, Joselo López, opinó que este tipo de situaciones se genera por “errores en la conducción de la administración”. “El problema pasa por determinadas decisiones que se han tomado en los últimos tres o cuatro meses; ahí hay algunas cuestiones que nosotros no compartimos”, indicó López. Y profundizó: “Creemos que ha habido un cambio radical que a nosotros nos preocupa, en el sentido de que ahora, ante cada situación [de denuncias de malos tratos], la decisión de la administración no es la misma que antes, cuando primero se investigaba y después se denunciaba. Ahora, ante cada situación, antes de investigar ya hay una denuncia penal. Esto no nos parece del todo correcto y nos va a obligar, si esto sigue así, a que cambiemos la tesitura desde el sindicato, como ya se lo hemos anunciado a las autoridades”.
López comentó en aquella instancia que “puede haber situaciones complicadas en las que los trabajadores tienen que intervenir para reducir o evitar una fuga; si permanentemente, ante cada intervención, va a haber una denuncia penal, entrar en esa rosca no nos parece lo más adecuado”.